Según las estimaciones sindicales, si la reforma local entra en vigor el próximo año, como persigue el Ejecutivo central, en la provincia peligrarían de “3.000 a 5.000 puestos de trabajo”. La mayoría de las competencias pasarían a manos de la Diputación de Jaén.
Para estos partidos políticos, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local quita competencias y financiación a los Ayuntamientos provocando recortes y privatizaciones en los servicios municipales. Las privatizaciones afectarán a los usuarios que tendrán peores servicios y más caros, y a los trabajadores que sufrirán despidos (40.000 despidos en Andalucía), esta reforma es un nuevo recorte contra los intereses de la gente. Las Diputaciones asumirán la prestación común de muchos servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, perdiendo la capacidad de gestionarlos. La reforma pone en peligro diversos servicios y programas de los Ayuntamientos justo cuando más se necesitan: Servicios sociales, de atención a la dependencia y discapacidad, escuelas de adultos e infantiles, etc…