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| Plaza de San Roque, en Lopera. |
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Inclusión Social a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, que beneficiará a más de 160.000 personas. La nueva norma destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.
Esta nueva iniciativa de inclusión social del Gobierno andaluz se suma, hasta alcanzar los 158 millones de euros, a otras como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión o las ayudas económicas familiares.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha desglosado este conjunto de medidas enfocadas a la creación de empleo y al fomento de la solidaridad para que "nadie se quede atrás", en la línea del compromiso asumido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Asimismo, ha precisado que se trata de "una legislación con letra del Estatuto de Autonomía", que aúna esfuerzos de todas las administraciones para favorecer "la plena inclusión de las familias en la sociedad".
La norma se aglutina en torno a tres planes: el de Inserción a través del Empleo, el Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Extraordinario de Garantía Alimentaria. El Gobierno andaluz defiende que la principal medida de integración e inserción social es el empleo; que es necesario introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y también asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión, especialmente personas mayores y menores.
El Plan de Inclusión a través del Empleo, que cuenta con un presupuesto de 42 millones de euros, recoge un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación a través de los ayuntamientos. A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos, con una duración de entre 15 días y tres meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Las ayudas se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro.
El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral. A partir de ahora, estos podrán ser contratados, durante un máximo de seis meses a jornada completa, por empresas de economía social y de inserción, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador. La medida está dotada con dos millones de euros. A este respecto, Sánchez Rubio ha abundado en la relevancia de esta nueva medida, porque "las personas no quieren ayudas, quieren un puesto de trabajo".
Por otra parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares. Con respecto al primero, se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Las entidades locales recibirán de la Junta entre 3.900 y 52.000 euros en función del número de desempleados del municipio. El programa está dotado con 6,5 millones.
Asimismo, el Decreto Ley de Inclusión aprobado amplía de 1,4 a 5,9 millones la dotación de las Ayudas Económicas Familiares. Estas prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. El objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.