domingo, 18 de septiembre de 2016

Rosa Aguilar informa de que Andalucía sigue apostando por su "deber de memoria" con las víctimas del franquismo.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar. Foto: Junta de Andalucía.
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha informado en comisión parlamentaria sobre el contenido del convenio marco firmado el pasado mes de junio con la Consejería de Salud y la Universidad de Granada por el que se establecen las bases de colaboración en actuaciones relacionadas con las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra.
Así, ha resaltado que "una vez más" Andalucía da un "paso al frente" sentando las bases de un futuro banco de ADN "ante la inacción más absoluta del Gobierno de España", ejerciendo "nuestro deber de memoria" para dar respuesta a la aspiración de miles de andaluces que no es otra que "la recuperación física y la reparación moral de las víctimas y sus familias, pudiendo identificar a sus seres queridos y poder así darles una sepultura digna".
Un acuerdo, ha señalado la consejera, que es el resultado de más de un año de colaboración entre las consejerías y la Universidad granadina con el doble objetivo de desarrollar comparativas genéticas entre los familiares de las víctimas y los restos óseos localizados en las actuaciones en fosas, y de crear una base de datos a nivel andaluz con los datos de las víctimas y familiares.
Aguilar ha resaltado que se trata de un proyecto "tan necesario como ambicioso, y por ello laborioso, complejo y largo", que mantiene desde el primer momento el "cuidado necesario y la excelencia" científica que merecen las víctimas y sus familiares. Por ello, la consejera ha trasladado a los miembros de la comisión su ofrecimiento para realizar una visita al centro donde se llevan a cabo las tareas de identificación, y así conocer el detalle de todo este proceso técnico.
En este sentido, la consejera ha destacado la "necesidad y la suerte" de contar con la participación del equipo de profesionales de reconocido prestigio internacional del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, institución que ha demostrado un "compromiso firme y continuado" con el uso de las técnicas de análisis genético con "fines humanitarios y de apoyo a la verdad y a la justicia participando en la identificación de víctimas de dictaduras, guerras o desastres humanitarios en Chile, Perú, Colombia, Guatemala o México, entre otros. Dentro del España, también ha sido la primera universidad en identificar por medio del ADN a una víctima de la Guerra Civil.
Así, Aguilar ha subrayado que la comunidad andaluza es "referente" en el impulso y desarrollo de políticas públicas en materia de Memoria Democrática, y el trabajo que se está llevando a cabo en esta materia "es mirado muy de cerca" desde otras comunidades y cuenta con la participación y el respaldo de familiares de las víctimas, entidades memorialistas, ayuntamientos, diputaciones, la comunidad científica y una amplia parte del arco político.
La consejera ha recalcado también el compromiso total del Gobierno andaluz con las víctimas y ha lamentado que desde el Ejecutivo central no se haya trabajado en la creación de un banco de ADN a nivel nacional tal y como ha solicitado la ONU en su informe sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del año 2013 (artículo 24), y como han pedido los expertos en la materia que señalan que la creación de una base de datos a nivel estatal sería el marco idóneo, ya que "una de las consecuencias más terribles de la Guerra Civil, la represión y la dictadura fue la deslocalización geográfica de las víctimas y sus familias".
 Sobre la creación del Banco de ADN, la consejera ha indicado que el objetivo fundamental de su puesta en marcha es aunar esfuerzos y establecer los lazos de colaboración y coordinación necesarios para realizar las actuaciones precisas que puedan derivarse del proceso de identificación. Así, estas actuaciones estarán encaminadas a intervenir en los procesos de custodia de los restos óseos y muestras biológicas, así como a realizar las pruebas que se requieran para la identificación de las víctimas, incluyendo los análisis genéticos de éstas y de sus familiares.
El plan de trabajo, las fases del proceso, la cronología de su desarrollo así como los recursos técnicos, humanos y económicos se irán determinando a través de convenios específicos que firmarán las tres partes. El convenio contempla además la creación de una comisión mixta, compuesta por dos representantes de cada una de las partes firmantes, y de carácter paritario que velará por el cumplimiento del acuerdo.
A día de hoy, ha informado Aguilar, la Universidad de Granada ya está trabajando en el cotejo y análisis de las muestras tomadas de víctimas y familiares por parte de los equipos técnicos que han desarrollado las labores de exhumación en fosas de las provincias de Huelva, Cádiz o Córdoba.
La identificación de las muestras se desarrolla desde el Centro Genyo de Genómica e Investigación, que es un espacio para la investigación de excelencia  sobre la genética con colaboración público-privada (entre Pfizer, la Univerisidad de Granada y la Junta de Andalucía). Un centro con más de 120 investigadores, donde se desarrollan proyectos de ámbito nacional e internacional y que mantiene lazos de colaboración con 20 universidades, 10 hospitales y 15 centros científicos.
El centro cuenta con un equipo de especialistas dedicados al estudio integral del ADN y agrupa las más modernas plataformas para todo tipo de técnicas que permitirán conseguir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, incluso en aquellos casos más complejos de identificación.