domingo, 11 de febrero de 2018

Más de 69 millones para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.

La Junta facilita la entrada en el mercado laboral de colectivos en riesgo de exclusión. Foto: Junta de Andalucía.
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio destina más de 69 millones de euros a favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión, que están beneficiando a más de 31.000 desempleados. El objetivo "primordial" de la Junta de Andalucía, según el consejero Javier Carnero, es facilitar la entrada en el mercado laboral de estos colectivos a través de programas como las ayudas a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo o mediante el programa de acciones experimentales.
En cuanto a las empresas de inserción, el consejero ha detallado la última convocatoria a la que se han acogido 12 de las 35 entidades que están registradas bajo esta figura empresarial, que han recibido 1,9 millones de euros en distintos incentivos. Las empresas de inserción son aquellas entidades, sociedades mercantiles o cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de servicios con el fin primordial de integrar y formar sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social, un sector que da empleo a unas 500 personas.
Entre los colectivos que se consideran personas en riesgo de exclusión se encuentran los perceptores de rentas mínimas de inserción y los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas; jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de instituciones de protección de Menores; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social; internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y exreclusos.
Tal como ha recordado Javier Carnero, el programa de ayudas recoge desde incentivos destinados a financiar la inversión en inmovilizado para la creación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social, con un tope del 75% del coste total de la inversión (en instalaciones, maquinaria, mobiliario o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones) y un límite máximo de 8.000 euros en el caso de que la inversión en inmovilizado permita la realización de un contrato a tiempo completo, y de 4.000 euros para contratos a media jornada.
También se incluye un incentivo al mantenimiento de los contratos de las personas en situación de exclusión social que desarrollen un itinerario personalizado que las capacite para su inserción en la empresa ordinaria, con un 50% de los costes salariales de la contratación durante un período de 12 meses, y un límite de 5.000 euros por persona contratada a jornada completa y 2.500 en el caso de media jornada.
Por último, se establece una ayuda para la contratación o mantenimiento de personal técnico encargado de tutorizar estos itinerarios personalizados de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión contratadas por las empresas de inserción. Se subvencionará el 100% de los costes salariales derivado de la contratación de estos técnicos, con una cuantía máxima de 32.135 euros por año, jornada completa y tutor.
El consejero ha anunciado asimismo que en este mes de febrero está previsto que se publique en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva convocatoria de ayudas para los centros especiales de empleo, que superará un gasto público de 50 millones de euros y dará continuidad a los incentivos desarrollados en los dos últimos años.
Los centros especiales de empleo son empresas que cuentan con una plantilla compuesta como mínimo por un 70% de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, y que pueden acceder a siete líneas de incentivos económicos distintos, entre los que están desde ayudas a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad (12.021 euros), hasta subvenciones al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad (50% del Salario Mínimo Interprofesional) o inversiones en adaptación de puestos de trabajo y a la eliminación de barreras arquitectónicas.
Javier Carnero ha explicado que la convocatoria de ayudas de 2017 ha contado con un presupuesto de 55,47 millones de euros, y que desde 2016 el programa de incentivos ha permitido crear y mantener 24.540 empleos del colectivo.
Por último, el consejero se ha referido al programa de Acciones Experimentales de Empleo, cuyo objetivo en favorecer la inserción de desempleados con especiales dificultades de acceso al mercado laboral a través de planes integrales que incluyen orientación laboral, formación, asesoramiento y prácticas. En concreto, este programa ha contado con un presupuesto de 12 millones de euros y ha beneficiado a unos 6.432 parados, de los que el 40% (2.600) han encontrado un empleo.