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| Calle Humilladero, en Lopera. |
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que el nuevo decreto de inclusión que en breve aprobará el Gobierno de la Junta de Andalucía permitirá realizar más de 25.000 contratos por medio de los municipios. Este decreto, que modifica al anterior para hacerlo "aún más efectivo, más útil y para adaptarlo a una realidad en continuo cambio" nace, según ha apuntado la consejera, de "la conciencia del Gobierno andaluz de que las personas no quieren ayudas, quieren empleo".
A grandes rasgos, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha detallado las novedades que incorpora la nueva norma, que pone en valor la fórmula de generar empleo como forma de inclusión social para lo que se están articulando una serie de medidas orientadas a propiciar que las personas tengan acceso a un puesto de trabajo. Así, Sánchez Rubio ha explicado que se realiza una "importante apuesta" por el programa de Ayuda a la Contratación, dotado con 40 millones de euros, que se mantiene y se focaliza en garantizar las contrataciones también en los pueblos más pequeños de Andalucía.
El nuevo decreto, de inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, permite el acceso a las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social y a los beneficiarios del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), además de modularse el límite de renta para acceder al programa, dando una mayor respuesta cuanto mayor sea el número de miembros de la familia.
Por otro lado, la norma abre la posibilidad de vincular la contratación al Ingreso Mínimo de Solidaridad, una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas, haciendo así más fuerza en el objetivo de lograr esta inclusión social a través de la inserción laboral. La norma permite que los beneficiarios de esta prestación sean contratados por ayuntamientos y entidades sociales por un periodo mínimo de seis meses a jornada completa.
El decreto también apuesta por prestaciones de urgencia social, "rápidas y puntuales", que serán gestionadas por los ayuntamientos y tienen que ver con los suministros básicos, el equipamiento de la vivienda –muebles o reparaciones urgentes, etc.– la alimentación y el vestido.
"También continuaremos aplicando medidas que han demostrado ser eficaces, como el refuerzo de la alimentación infantil en los colegios", ha anunciado Sánchez Rubio, quien también ha afirmado que se reforzarán las ayudas económicas familiares.
El decreto, por último, incluirá fórmulas seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza, de forma que se refuerzan los mecanismos de seguimiento de la situación real de los beneficiarios.
"El Gobierno andaluz tiene plena confianza en que este esfuerzo que vamos a reeditar en la lucha contra la exclusión social tendrá su efecto palpable en la mejora de la vida de las personas", ha concluido la consejera.