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| Ayuntamiento de Lopera. |
La consejera de Hacienda y Administración Pública,
María Jesús Montero, ha destacado que, "gracias a la implantación de la
Patrica" (mecanismo de participación de las entidades locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía), las corporaciones
locales andaluzas han recibido 2.340 millones de euros de fondos
incondicionados desde el año 2011.
En comisión parlamentaria, Montero ha valorado el importante
esfuerzo que viene realizando la Junta de Andalucía para apoyar a los
municipios andaluces, que han visto aumentada en un 278% su financiación
incondicionada entre los años 2008 y 2016, a pesar de que los ingresos
no financieros de la comunidad se han reducido un 15% desde 2008, por
los efectos de la crisis económica y las exigencias de estabilidad
presupuestaria.
En 2016, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma de
régimen común que realiza una mayor aportación financiera incondicionada
a las entidades locales. En concreto, Andalucía destinará el 1,62% de
su presupuesto a esta finalidad, por encima de Galicia (1,1%),
Extremadura (0,71%), Baleares (0,42%), Cantabria (0,16%) y Castilla y
León (0,07%). Además, hay comunidades que no destinan ninguna partida
presupuestaria a esta financiación incondicionada, como Valencia, Madrid
o Castilla-La Mancha.
La titular de Hacienda ha recordado que el proyecto de
Presupuesto de Andalucía para 2016, que se encuentra en tramitación
parlamentaria, destina 480 millones de euros a la Patrica, aunque
"nuestro compromiso es alcanzar el objetivo de 600 millones de
financiación incondicionada siempre y cuando no exista una alteración
sustancial de las competencias y financiación municipales en las normas
estatales".
En este sentido, Montero ha recordado que la ley que regula
la participación de las entidades locales en los tributos de Andalucía
establecía un régimen transitorio en la aplicación de la Patrica, que se
ha prolongado hasta 2016 debido a la disminución de los ingresos de la
comunidad en los últimos años, y también "por prudencia" ante la reforma
local aprobada por el Gobierno en diciembre de 2013, que limita la
capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo muchas de sus
competencias, como las relativas a políticas sociales.
Según Montero, la entrada en vigor de la Ley de Reforma
Local ha generado una gran incertidumbre ya que, en principio, se exige
que las comunidades autónomas asuman el coste de estas competencias que
actualmente prestan las corporaciones locales. Por tanto, "desconocemos
si a lo largo del ejercicio 2016 las comunidades vamos a tener que
asumir las competencias que actualmente vienen prestando los
ayuntamientos, como el mantenimiento de los colegios o los servicios
sociales".
La consejera ha criticado esta reforma local aprobada por el
Gobierno "en solitario, sin el consenso del conjunto de representantes
municipales", y en paralelo al "profundo proceso de consolidación fiscal
al que han sido sometidas las comunidades autónomas y especialmente los
ayuntamientos".
Todo esto evidencia, en opinión de Montero, que durante la
legislatura que acaba se ha producido "el mayor ataque a la autonomía
local desde el inicio del periodo democrático", ya que la
"administración más cercana a los ciudadanos" se ha visto condicionada
por las exigencias financieras y presupuestarias impuestas desde el
Gobierno central, y además se ha aprobado una ley que busca limitar la
capacidad de los ayuntamientos para desarrollar muchas de sus actuales
competencias.
"Mientras la reforma local supone una vuelta atrás y reduce
la posición del gobierno local a un mero administrador de decisiones
adoptadas en otros ámbitos, en Andalucía hemos entendido que para
garantizar la autonomía local es imprescindible garantizar la autonomía
financiera", ha argumentado la consejera, con medidas como la aplicación
de la Patrica y destinando además transferencias para finalidades
específicas a través del Plan de Cooperación Municipal.
En concreto, el total de transferencias condicionadas e
incondicionadas que el Presupuesto andaluz destina a las corporaciones
locales supone el 3,4% del total de recursos (excluida la Participación
en los Ingresos del Estado, PIE), porcentaje muy superior a otras
comunidades como Galicia (3,05%), Castilla y León (2,42%), Castilla-La
Mancha (1,71%) o Madrid (0,92%).