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| El ministro José Luis Escrivá. Foto: Ministerio de la Seguridad Social. | 
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, ha explicado, durante su comparecencia en la Comisión de 
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que el Ingreso 
Mínimo Vital llegará a 2,3 millones de personas, de las que algo más de 
un millón saldrán de la pobreza extrema.
Más de medio millón más dejarían de estar en situación de pobreza muy
 alta y otras 125.000 saldrían de pobreza alta y moderada. Los otros 
575.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que no cambian de 
categoría, estando mayoritariamente en pobreza alta, verían cómo su 
renta mejora un mínimo de un 10%.
De esta forma, "si todos los 
potenciales beneficiarios accedieran a la nueva prestación, la pobreza 
extrema en España quedaría prácticamente erradicada", ha señalado 
Escrivá, quien ha destacado el efecto que tendrá especialmente en los 
hogares con hijos. En este sentido, en los hogares monoparentales la 
pobreza extrema bajaría un 87%, mientras que en el resto de hogares con 
hijos lo haría en el 81%.
Según los cálculos del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 831.000 hogares que 
podrían solicitar el Ingreso Mínimo Vital en toda España. De media, 
percibirán un Ingreso Mínimo Vital de 3.756 euros al año, que se suman a
 las rentas preexistentes de 4.733 euros que los posibles beneficiarios 
tienen disponibles. Destaca que más de un 15% de los posibles hogares 
beneficiarios son monoparentales (un adulto con uno, dos o más menores).
Esta nueva prestación incidirá especialmente sobre la pobreza 
infantil, ya que más del 50% de posibles hogares beneficiarios tienen 
menores y más del 30% de las personas beneficiarias son menores. El 
número de mujeres dentro de los hogares beneficiarios supone un 54% del 
total, con especial presencia en hogares monoparentales que 
potencialmente pueden beneficiarse del IMV y que están encabezados en un
 90% por una mujer.
El ministro ha recalcado que el Ingreso Mínimo
 Vital llegará a sus beneficiarios a través de diferentes vías. En 
primer lugar, a través de la reconversión automática de beneficiarios de
 la prestación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad menor del 33%. En este sentido, la Seguridad Social ya ha 
realizado las comprobaciones de requisitos de renta y patrimonio y 
reconocerá de oficio la prestación a más de 75.000 hogares en los que 
viven más de 255.000 personas. Según Escrivá, este colectivo percibirá 
el primer pago del Ingreso Mínimo Vital el próximo 26 de junio.
Además,
 las personas que soliciten la prestación a lo largo de los tres 
primeros meses desde el inicio del plazo de solicitud (15 de junio) la 
percibirán con efectos retroactivos al 1 de junio.
En 
segundo lugar, también se podrá reconocer la prestación a aquellos 
beneficiarios de rentas de las comunidades autónomas que cumplan los 
requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional 
de la Seguridad Social ha diseñado un protocolo de intercambio de 
información para que las comunidades que cumplan con dicho protocolo 
puedan remitir la información de sus beneficiarios para que se pueda 
reconocer la prestación a estos hogares. Además, a partir del 15 de 
junio, se puede solicitar esta prestación en el INSS, a través de la 
sede electrónica de la Seguridad Social (con y sin certificado digital) y
 en las oficinas (CAISS) cuando, en atención a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias se reinicie la atención presencial.
Finalmente,
 habrá una cuarta vía de acceso, a través de los ayuntamientos. Para 
ello, en los próximos días se firmará un convenio marco con la 
Federación Española de Municipios y Provincias al que se podrán adherir 
libremente.
El ministro, José Luis Escrivá, ha subrayado que el 
objetivo es recortar los plazos de concesión de la prestación de forma 
que sean similares a los que tiene la Seguridad Social para las 
pensiones contributivas (en torno al mes) frente a los más de 100 días 
que de media tardan en reconocer las comunidades autónomas las pensiones
 no contributivas.
El Ingreso Mínimo Vital desincentivará la 
economía sumergida ya que sus beneficiarios estarán obligados a 
presentar la declaración de la renta. Además, se ha creado la figura del
 cooperador necesario, que establece la responsabilidad solidaria de 
aquellas personas que hubiesen cooperado en la comisión de la infracción
 mediante una actuación activa u omisiva. Se aplicará el procedimiento 
habitual de la Seguridad Social para la imposición de sanciones por las 
infracciones tipificadas en el Real Decreto-ley del Ingreso Mínimo Vital.
Además,
 según ha resaltado Escrivá, "el Ingreso Mínimo Vital no sólo es una 
prestación económica, sino una política social completa alrededor de una
 prestación". Por ello, además del pago mensual, incorpora itinerarios 
de inclusión e incluye incentivos a la contratación para los 
beneficiarios de la prestación, así como un sello social para empresas 
que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV. Para fomentar 
la inclusión laboral de los beneficiarios, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones aprobará un reglamento con incentivos al 
empleo, tanto para los hogares donde no se trabaje como para hogares con
 baja intensidad laboral.
El proceso de diseño del Ingreso Mínimo 
Vital ha sido muy innovador respecto a lo que es habitual a la hora de 
poner en marcha nuevas prestaciones. En este sentido, se han hecho 
simulaciones con cada opción en la formulación de requisitos para poder 
hacer estimaciones reales sobre el número de beneficiarios y el coste 
fiscal. Además, el equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
 Migraciones ha estudiado tanto la composición interna de las rentas 
como del patrimonio de la población beneficiaria, para adaptar la 
definición de requisitos al objetivo buscado.
Además, la 
prestación será evaluada a posteriori, de forma que se contrastará el 
perfil de los solicitantes con los beneficiarios potenciales 
inicialmente identificados. Con ello, se podrán hacer ajustes y 
correcciones en desarrollo reglamentario que ayuden a mejorar la 
eficacia del Ingreso Mínimo Vital.
