 |
| Felipe López y Francisco Reyes, en un momento de su reunión de trabajo. |
La Junta de Andalucía ha sumado el apoyo de la Diputación de
Jaén a las acciones coordinadas y preventivas frente al problema de los
desahucios, recogidas en el convenio suscrito entre el Gobierno
andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El consejero de Fomento y Vivienda,
Felipe López, ha dado a conocer al presidente de la corporación
provincial, Francisco Reyes, dicho documento, centrado en la detección
de posibles casos de familias vulnerables afectadas por los
procedimientos de lanzamiento de vivienda y en la activación posterior
de medidas y recursos de carácter social que eviten el desahucio o
minimicen sus consecuencias.
Tras el encuentro, López ha trasladado el contenido del
convenio a alcaldes de la provincia jiennense, a quienes ha puesto de
manifiesto la "necesidad de reforzar la colaboración con las
corporaciones locales para desarrollar un trabajo convergente orientado a
garantizar una vivienda a las familias andaluzas", ha subrayado el
consejero, quien ha recordado que las medidas recogidas en el nuevo Plan
de Vivienda y Rehabilitación "se han diseñado precisamente hacia ese
objetivo".
En este sentido, ha recordado que "el trabajo del Gobierno
andaluz es orientar los recursos y servicios de todas las
administraciones para un objetivo común: evitar que cualquier persona
pueda quedarse sin su vivienda", al tiempo que "ponemos encima de la
mesa las herramientas necesarias para incrementar la calidad de vida de
aquellas familias que más lo necesitan y que sus recursos limitados les
impiden afrontar las mejoras".
Es el caso, ha explicado, de los 63,7 millones de euros que
la Consejería de Fomento y Vivienda ha comenzado a licitar para la
ejecución de obras en zonas comunes del parque público de viviendas, lo
que vendrá a incrementar la calidad de vida de 6.626 familias residentes
en una veintena de municipios de las ocho provincias andaluzas.
También se ha referido a actuaciones para la mejora de la
accesibilidad en los edificios de vivienda, donde ha hecho mención a la
instalación de ascensores, y ha considerado necesaria la participación
de los ayuntamientos para propiciar estas actuaciones.
Entre medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz ha
recordado la futura Ley de retracto de la vivienda, las oficinas del
Programa de Defensa de la Vivienda y las diferentes líneas de ayudas a
afectados por desahucios o con escasos recursos.
El consejero ha subrayado que "los recursos públicos son
limitados y debemos dirigirlos de la forma más eficaz hacia donde
resulten más beneficiosos", por lo que las administraciones tenemos la
obligación de buscar las sinergias necesarias y de concentrar todos los
esfuerzos hacia los colectivos de población que se encuentran en una
situación vulnerable y que tienen mayores dificultades".
Convenio Junta y CGPJ.
El pasado 1 de marzo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, suscribieron un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios.
Dicho acuerdo permite que los servicios sociales autonómicos
y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía
más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan
buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones
de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso
suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un protocolo de actuación que, en
situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre
el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan
dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere
oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios, la
primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios
sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por
el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a
la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa
Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales
locales.