Provincia

El uso de mascarillas será obligatorio en Andalucía a partir de la próxima semana.

La medida podría entrar en vigor el próximo martes o miércoles. Foto: Junta de Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado hoy que el próximo lunes se reunirá el Comité de Expertos de Andalucía ante la pandemia mundial del Covid-19 para proponer el uso obligatorio de la mascarilla en toda la comunidad autónoma. Una medida que, de aprobarse, entraría en vigor en un periodo no superior a las 24 o 48 horas y que ha considerado «positiva» para evitar posibles contagios. Este nuevo paso al frente anunciado este sábado se sustenta sobre la política de anticipación que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz desde antes de que se tuviera confirmación en España del primer caso por Covid-19.
Asimismo, Moreno ha señalado que en algunos municipios andaluces se está desarrollando una «turismofobia» a causa de los visitantes que no atienden correctamente a las medidas de seguridad y, también, se ha detectado un progresivo relajamiento en los hábitos de protección. «Para evitar que el virus nos atropelle, nos adelantamos», ha apostillado. En este sentido, ha afirmado que Andalucía es una comunidad turística que es visitada por miles de personas y, desde el Gobierno de Andalucía, se quieren extender las garantías de seguridad para que no ocurran situaciones como Cataluña o Aragón.
De acuerdo con esto último, ha informado de que la incidencia del virus en Andalucía es de 1,43 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la comunidad entre los cinco territorios con menor registro de casos. Además, ha aclarado que la desde el punto de vista clínico y hospitalario Andalucía no se encuentra en una situación límite o crítica como otros territorios de España. En cuanto a los brotes detectados en los últimos días, ha declarado que, afortunadamente, el Servicio Andaluz de Salud los tiene «controlados y limitados». «Se están controlando todos los casos y se están aislando, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso, lo mejor que podemos hacer es prevenir y adoptar con máximo rigor todas las medidas a nuestro alcance», ha añadido.
En presencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Moreno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, y seguir extremando las precauciones. «Tenemos que trabajar todos juntos hasta que no haya un tratamiento eficaz o una vacuna», ha agregado. Al mismo tiempo, ha aseverado que el Gobierno andaluz estuvo con Ceuta para enviarle test rápidos en los momentos en los que el Mando Único no estaba «afinado» en el reparto de material sanitario. Un hecho que, según ha dicho, Vivas agradeció públicamente en las Conferencias de Presidentes Autonómicos.
Por último, ha insistido en que seguimos atravesando una catástrofe en términos sanitario, social y económico. Una situación inédita, ha dicho, ante la que hay que trabajar no sólo con determinación y ahínco en el ámbito sanitario, sino también en lo social y económico para reconstruir todo lo que la pandemia se ha llevado por delante.



Recordatorio de la prohibición de hacer quemas agrícolas.

Imagen de una quema agrícola. Foto: ASAJA.
ASAJA-Jaén recuerda que, entre el 1 de junio y hasta el 15 de octubre, está prohibida la realización de barbacoas, quemas agrícolas, así como el paso de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal de Andalucía (franja de 400 metros alrededor de las zonas forestales). Así, el uso del fuego en las labores agrarias y forestales está regulado y, por tanto, durante la época estival no se permite realizar ningún tipo de quemas. Esta medida, establecida durante la época de peligro alto por incendios, está regulada en función de la orden publicada en BOJA el 29 de mayo de 2009, que con carácter permanente establece las prohibiciones para todas las anualidades posteriores a su publicación. Esta prohibición de realizar barbacoas, quemas agrícolas o de residuos forestales, así como el paso de vehículos a motor en zonas forestales, se viene aplicando desde el año 2006, siendo una medida que está ayudando a reducir los fuegos procedentes de estas causas.
Las restricciones afectan a la quema de vegetación natural y también a las de residuos agrícolas y forestales. Del mismo modo, también queda prohibido encender fuego para la preparación de alimentos, incluyendo las zonas de acampada o zonas recreativas que estén acondicionadas para ello. Igualmente se restringe el uso de vehículos a motor por zonas forestales y de influencia forestal, a excepción del uso de las servidumbres de paso, vehículos para servicios de emergencia o extinción de incendios o los servicios ecoturísticos autorizados.



Turismo lanza dos nuevas líneas de ayuda para reactivar el sector tras la crisis del Covid-19.

El portavoz del Gobierno Andaluz, Elías Bendodo. Foto: Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación de las bases reguladoras de dos líneas de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, impulsadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para reactivar el sector turístico tras la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. En concreto, las ayudas se destinarán a fomentar proyectos de interés turístico de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de Andalucía y para el impulso de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las pequeñas y medianas empresas turísticas.
La situación excepcional motivada por el coronavirus ha tenido como consecuencia que sectores como el turístico hayan paralizado por completo su actividad. En este contexto, las citadas bases reguladoras contribuirán a dar un impulso a la actividad turística en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de modo que el turismo sea de nuevo el elemento catalizador que propicie la recuperación económica mediante la creación de empleo y la generación de riqueza, confianza y bienestar en la sociedad.
Entre los conceptos subvencionables en las ayudas para asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones se encuentran la creación de productos turísticos de ámbito supramunicipal o mejora de los existentes; las acciones de difusión y promoción del producto turístico; la realización de eventos que generen flujos turísticos en la zona, o los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito turístico.
El asociacionismo no lucrativo -y figuras análogas y con diferentes denominaciones, como los clubes de producto turístico- se encarga de llevar a cabo proyectos turísticos de interés común de las entidades asociadas, tanto públicas como privadas, que diversifican la oferta que ya ofrecen otros agentes del sector como ayuntamientos y pequeñas y medianas empresas. Estas subvenciones pretenden solucionar la falta de apoyos al asociacionismo turístico no lucrativo y a los proyectos de colaboración público-privada.
Igualmente, persiguen aumentar la competitividad y la calidad de los distintos productos, rutas e itinerarios creados, mediante el desarrollo de una línea de ayudas para el fomento de proyectos de interés turístico común para las entidades asociadas, favoreciendo su promoción y comercialización conjunta. Todo ello redundará en una mayor desconcentración estacional de los flujos turísticos, una mayor cohesión territorial y una mayor diversificación de la oferta, lo que permitirá que el destino andaluz se diferencie frente a otros competidores.
En cuanto a las subvenciones dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de trabajo autónomo turísticas de Andalucía, aparecen como conceptos subvencionables la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que potencien la comercialización electrónica de productos y servicios turísticos; las actuaciones destinadas a la mejora de la experiencia, la personalización de los servicios y a la atención al cliente, o el desarrollo de servicios tecnológicos innovadores, así como la creación de productos turísticos basados en la innovación tecnológica.
Los avances tecnológicos pueden representar un recurso en sí mismo, tanto para la creación de nuevos productos turísticos, como para la mejora de los existentes. Realidad aumentada, aplicaciones para teléfonos inteligentes o determinados usos de la realidad virtual facilitan la interpretación, el conocimiento y el disfrute de los recursos turísticos de carácter natural y cultural. Además, estos avances tecnológicos también podrán contribuir a ofrecer una imagen de Andalucía como destino seguro. 



El mejor aceite de Jaén viajará a los restaurantes 'Michelín' de trece países de Europa.

Francisco Reyes, junto a representantes de almazaras y cooperativas productoras de los AOVE Jaén Selección 2020 y directivos de Seur. Foto: Diputación de Jaén.
Los ocho aceites de oliva virgen extra “Jaén, paraíso interior”, distintivo impulsado por la Diputación para la promoción del AOVE jiennense, viajarán hasta 134 restaurantes reconocidos con una, dos y tres Estrellas Michelín en 13 países de Europa, incluido España. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado esta acción promocional desarrollada por la Administración provincial en un acto al que han asistido representantes de las almazaras y cooperativas productoras de estos aceites, así como directivos de la empresa Seur, entidad colaboradora. 
“Los Jaén Selección son la bandera del aceite jiennense, un ejemplo de la apuesta por la calidad”, ha destacado Francisco Reyes, que ha incidido en la necesidad de “recalcular ruta para buscar nuevas oportunidades de promoción” en un año en el que el programa de actuaciones previstas se ha visto afectado por la pandemia. Llegar a estos restaurantes supondrá el envío de unas 1.100 botellas que irán en estuche especial diseñado por el ilustrador Carlos Buendía, que también ha sido presentado hoy. 
Junto a las botellas, cada caja incluye información de estos ocho Jaén Selección, así como el contacto de las empresas y cooperativas productoras. De los establecimientos previstos, 74 cuentan con 3 estrellas Michelín. Son restaurantes ubicados en 11 países: Francia, con 28 establecimientos, encabeza los envíos en esta categoría en la que también figuran España e Italia, con 11 establecimientos cada uno; Alemania, con 10; Reino Unido, con 5; Suiza, con 3;  Holanda, con 2; y Bélgica, Suecia, Dinamarca y Austria, con un restaurante cada uno de ellos. 
A estos se sumarán 37 restaurantes con 2 estrellas Michelín en España, donde hay 29; Portugal, con 7 establecimientos; y Noruega, con 1. Finalmente, también se enviarán estos aceites a 23 restaurantes con una estrella Michelín en España (19) y Portugal (4). En esta categoría están incluidos los restaurantes jiennenses Dama Juana, del chef Juan Aceituno; y Bagá, de Pedro Sánchez. En total, 59 envíos serán dentro de España y 75 se distribuirán en otros 12 países. 
El presidente de la Diputación ha incidido en la búsqueda de oportunidades de promoción. En este sentido, ha hecho referencia a acciones como la grabación del programa Master Chef Celebrity en el Parador de Jaén, en el que estuvieron presentes estos AOVE. La planificación prevista hasta finales de año, sujeta a las circunstancias sanitarias, incluye otras acciones como la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén o actuaciones en colaboración con Michelín. Otras de estas actividades se han rediseñado, como el Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, paraíso interior”, que este año se celebrará en formato online.  
Los AOVE incluidos este año en los Jaén Selección son Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios (Jimena); Olivo Real, de Almazara Cruz de Esteban (Mancha Real); Dominus Cosecha Temprana, de Monva SL (Mancha Real); Esencial Olive, de Oleícola San Francisco SL (Begíjar); La Quinta Esencia, de la SCA Cristo de la Misericordia (Jódar); Balcón del Guadalquivir, de SCA San Felipe Apóstol (Baeza); Bravoleum, de Aceites Hacienda El Palo SL (Jaén); y el ecológico Oleocampo, de Oleocampo SCA (Torredelcampo). 



Las ayudas extraordinarias al alquiler por el Covid-19 se podrán solicitar a partir del 8 de julio.

Bloque de viviendas en Lopera. Foto: Antonio Marín.
La orden de la convocatoria de las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda habitual se publica en un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario, por lo que a partir del próximo 8 de julio se podrán solicitar estas ayudas al alquiler dirigidas a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias con escasos recursos.
En concreto, las ayudas se podrán solicitar desde el próximo 8 de julio hasta el 30 de septiembre y se regirán por los mismos requisitos y procedimientos que dicta el Ministerio a través de su Orden. La solicitud será telemática y por eso hay un plazo desde su publicación hasta el día 8 de julio, para que los solicitantes puedan familiarizarse con la documentación, descargarse el certificado digital y preparar la solicitud telemática con tiempo. «Son muchas las solicitudes y los recursos limitados, confiamos en que llegue al mayor número de personas que lo necesitan», ha resaltado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.
Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la Orden Ministerial.
La consejera ha destacado que la Secretaría General de Vivienda ha trabajado sin perder un minuto en las bases reguladoras y en las propias órdenes de la convocatoria desde que el Gobierno de España anunció estas ayudas. «Se trata de una tramitación necesaria que se ha llevado a cabo con las dificultades añadidas de una situación absolutamente excepcional para todos», ha explicado Marifrán Carazo, tras defender que «vamos a sacar la convocatoria en menos de 70 días, la mitad de lo que tardaron en publicarse las bases y la orden de convocatoria del Alquila-2018».
Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. El desarrollo y gestión de estas ayudas es competencia de las comunidades autónomas.
En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido 17,1 millones de euros, que sólo cubrirían las ayudas al alquiler para 4.700 familias. Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aportará un complemento de 13 millones de euros para alcanzar los 30 millones. Con esta asignación presupuestaria se podrá atender a unas 8.500 familias.
Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.
Además, Marifrán Carazo también ha anunciado que, en los próximos días, se aprobarán las bases reguladoras de la nueva convocatoria de ayudas a las víctimas de violencia de género, a personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, cuya convocatoria saldrá a lo largo del mes de julio.
«Vamos a resolver en 2020 un total de 40 millones de euros del programa Alquila 2018, más 30 millones de ayudas extraordinarias al alquiler por el Covid-19, más otros 12 de millones para las personas en situación de vulnerabilidad. En total serán 72 millones de euros. Creo que ninguna comunidad va a destinar tanto a las ayudas en alquiler, ni tienen un volumen tan grande de solicitudes en tramitación», ha incidido la consejera.
Asimismo, Marifrán Carazo ha destacado que el decreto de 30 de marzo aprobado por el Gobierno andaluz para agilizar la resolución y pagos de ayudas del programa Alquila 2018 ha tenido un efecto más que positivo: «Antes del estado de alarma sólo se habían resuelto 4.240 solicitudes, por un valor de 17 millones de euros, y desde que se aprobó esa medida se han resuelto 4.591, por 18,6 millones. Este cambio nos ha permitido resolver en sólo tres meses algo más que en el último año».
Marifrán Carazo ha aprovechado para destacar el esfuerzo que hace la Secretaría General de Vivienda para tramitar con la mayor agilidad esas ayudas porque sabe que se dirigen a familias que lo necesitan, destacando que el Gobierno andaluz hace todo lo que está en su mano «para mejorar la situación de estas personas que no pueden pagar su alquiler». «Somos un gobierno para todos», ha remarcado.



Empleo ha abonado ya a casi 20.000 autónomos las ayudas de 300 euros por cese derivado del Covid-19.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en la comisión parlamentaria. Foto: Junta de Andalucía.
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado ante la comisión de Empleo celebrada en el Parlamento de Andalucía, que su departamento ha tramitado ya 36.784 solicitudes del programa de incentivos extraordinario por la crisis del Covid-19 para los autónomos excluidos de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España y se han pagado 19.029 hasta ayer, 24 de junio. Blanco ha afirmado que en unas semanas «se habrá tramitado el 100% de las solicitudes de incentivo de 300 euros solicitadas».
Blanco ha resaltado que la celeridad en la tramitación de tal cantidad de expedientes es «algo nunca visto en esta Consejería, donde lo habitual era que se empezasen a pagar al año». En este sentido, ha afirmado que «hasta ayer día 24 había 67.283 solicitudes registradas de trabajadores autónomos» y que las primeras presentadas ya se empezaron a tramitar al mes de su convocatoria gracias a un «procedimiento exprés, ágil y sencillo, que a través del uso de las nuevas tecnologías está resolviendo un procedimiento complejo, como es el de una línea de subvenciones, en semanas».
La consejera de Empleo ha recordado que este programa de incentivos, anunciado el pasado 17 de abril, se trata de una ayuda extraordinaria de 300 euros que pueden solicitar los trabajadores por cuenta propia que no hayan podido acogerse a las prestaciones aprobadas por el Gobierno central por cese de actividad. El plazo de solicitud seguirá abierto hasta 15 días después del final del estado de alarma, que aconteció el pasado domingo.
Blanco ha recordado que los «50 millones de euros de la ayuda extraordinaria de 300 euros, dotada con fondos propios, incluyen también a los mutualistas, que habían quedado totalmente desprotegidos al no poder acceder a la prestación estatal por cese de actividad».
Por último, Rocío Blanco ha querido aclarar que esta iniciativa «no es una acción aislada», y que está unida a otras como la puesta en marcha a raíz del convenio con la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia para que los autónomos y mutualistas pueden acceder a microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros en unas condiciones muy ventajosas. Todas ellas «forman parte de un gran proyecto de reactivación económica, por lo que seguiremos diseñando y aprobando nuevas actuaciones de ayudas a los autónomos».
Durante su intervención en la comisión de Empleo en el Parlamento, Rocío Blanco ha avanzado que su departamento actualmente trabaja en aumentar las líneas de ayudas y las medidas de estímulo para los autónomos con tres actuaciones concretas: subvenciones dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía por importe de 1.600.000 euros de autofinanciada; la creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo (CATA); y la publicación de nuevas medidas adaptadas a la nueva situación post Covid y que vendrán a paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, centradas principalmente en ayudas a la transformación digital, «tan necesaria para los autónomos y que se ha evidenciado esta deficiencia en esta crisis», ha resaltado Blanco.
A finales del pasado mes de mayo había 533.175 trabajadores autónomos andaluces afiliados al RETA, lo que supone un crecimiento de 3.432 personas respecto a abril, un 0,65% más. Pese a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, ese incremento es más del doble de la media nacional (0,3%), con un alza en términos absolutos en toda España de 9.640 autónomos. Esto significa que Andalucía ha recogido más de un tercio del crecimiento neto de afiliación de autónomos de todo el país.
El mes de mayo ha supuesto así no sólo un freno en la destrucción de empleo autónomo provocado por la crisis del Covid-19, sino que representa un ligero crecimiento en afiliación, rompiendo con la dinámica de los dos últimos meses y recuperando valores de similares al año pasado antes del inicio de la campaña de verano, ya que en abril de 2019 la afiliación media era de 533.599 autónomos, en valores similares a los del cierre de mayo.



3.689 jienenses han recibido ya de oficio el Ingreso Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital ha comenzado a pagarse a los ciudadanos. Foto: Pixabay.
La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital comienza a abonarse a los primeros 3.689 beneficiarios de la provincia. Ha aportado este dato tras la visita a la Dirección Provincial de la Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es el órgano que tiene la competencia para el reconocimiento y el control de esta nueva prestación.
Se trata de una medida impulsada y aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. “Sin duda, se trata de un gran paso para la protección y para el Reforzamiento del Estado del Bienestar. El Gobierno cumple con su compromiso de no dejar a nadie atrás. Es una forma de hacer política que conlleva más justicia social, que combate situaciones de pobreza y desigualdad y que nos convierte en un país un poco mejor”, ha explicado la subdelegada.
Catalina Madueño, que ha estado acompañada durante la visita por el director provincial del INSS, Pedro Pablo García, ha señalado que el abono de esta primera nómina es solo el primer paso en la implantación de una nueva prestación “que viene para quedarse, ya que nace con vocación de permanencia en nuestro país”. Al hilo, la subdelegada ha especificado que los primeros 3.689 beneficiarios jiennenses se corresponden a una parte de los expedientes que el INSS comenzó a tramitar de oficio tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. “Estos jiennenses no han tenido que presentar solicitud alguna, ya que la propia Seguridad Social les convertirá de oficio en beneficiarios del IMV. Recordamos que son personas que ya recibían la llamada prestación de Protección Familiar y que, en principio, cumplen todos los requisitos para poder acceder a la nueva ayuda. Son familias sin rentas que percibían un apoyo económico por tener hijos menores a su cargo”, ha explicado Madueño.
En la provincia, casi 17.000 jiennenses son titulares de la prestación de Protección Familiar, de la que son beneficiarios 26.990 personas. Es una ayuda que, de forma automática, se reconvierte (y se amplía) en el Ingreso Mínimo Vital: “Hasta ahora, ya se han completado los primeros 1.963 expedientes de conversión, lo que hace que tengamos en este mes de junio los primeros 3.689 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital”, ha aclarado. En estos casos, los interesados han recibido un mensaje informativo a su teléfono móvil, así como una resolución emitida por la propia Seguridad Social: “La conversión de la Prestación Familiar es mucho más ventajosa para los beneficiarios, porque verán incrementado notablemente su nivel de rentas”, ha remarcado la subdelegada.
Además del procedimiento de la adaptación de oficio, en las oficinas del INSS de la provincia se han recibido 2.921 solicitudes para percibir el Ingreso Mínimo Vital: “Se están tramitando, inicialmente, con un equipo de con diez funcionarios. De forma progresiva, se van incorporando más tramitadores conforme se vayan solventado las incidencias que se puedan ir produciendo en estos primeros días”, ha señalado Catalina Madueño. De hecho, se ha diseñado un plan extraordinario para abordar el impacto inicial del trámite de esta nueva prestación, que incluye la participación de unos 60 funcionarios.
De todos modos, la subdelegada ha hecho un llamamiento para que, en la medida de lo posible, las solicitudes del IMV se hagan por vía telemática, lo que agiliza la tramitación, y ha recordado que el INSS también ha puesto a disposición líneas telefónicas para asesorar e informar sobre esta gestión.
De hecho, según ha explicado el director provincial del INSS, desde que se ha puesto en marcha ese teléfono de información, la sede del organismo en la provincia está recibiendo una media de unas 200 llamadas diarias, a las que hay sumar todas las llamadas que se derivan a la central de información puesta en marcha por la Seguridad Social para toda España (a través del teléfono 900.20.22.22).
La subdelegada del Gobierno ha incidido en que este Ingreso Mínimo Vital tiene como finalidad evitar que más personas se unan a las estadísticas de la pobreza, ya incrementadas con motivo de la crisis de 2008.
La subdelegada ha querido agradecer personalmente “a todos y cada uno de los trabajadores del INSS su dedicación durante el estado de alarma” declarado por la pandemia de la COVID-19. “Los servicios que ofrece este organismo son esenciales para la sociedad. Habéis cumplido sobradamente en vuestros cometidos, que no son otros que el servicio a la ciudadanía”, ha asegurado CatalinaMadueño. Al respecto, ha aclarado que la labor durante los últimos meses se centró fundamentalmente a los expedientes considerados críticos, es decir, reconocimiento de prestaciones, nómina semanal, nómina de subsidio.
En este sentido, durante el estado de alarma, el INSS tramitó 429 procedimientos de pensión por incapacidad permanente, 766 por jubilación y 584 de muerte y supervivencia; con respecto a los subsidios, fueron aprobados 520 por incapacidad temporal y 1.530 por nacimiento y cuidado del menor, entre otros. En total, entre pensiones y subsidios, se registraron 4.295 solicitudes y se han resuelto 4.324. •Es decir, que se tramitaron el 100 por 100 de los procedimientos, incluso más reduciendo los expedientes pendientes al inicio de la pandemia. Habéis realizado un gran esfuerzo personal y profesional, que hay que reconocer, en una coyuntura que era muy complicada para todos”, ha concluido la subdelegada.



Las familias podrán obtener, por primera vez, el cheque-libro de manera telemática.

Foto de archivo de una clase de Primaria con alumnos estudiando con los libros prestados por la Consejería de Educación. Foto: Junta de Andalucía.
Las familias cuyos hijos renueven los libros de texto el próximo curso 2020/21 podrán obtener, por primera vez, el cheque libro de manera telemática en el Punto de Recogida Electrónica al que se puede entrar a través de la app iPASEN.  En concreto, la Consejería de Educación y Deporte renovará de forma completa los libros  de 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como los correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se cambian todos los años por las características de estos cursos. Igualmente, la Consejería repondrá  los ejemplares que no estén aptos para su uso en los niveles donde no esté prevista la renovación.
Para obtener el cheque-libro, los interesados deberán introducir la fecha de nacimiento del alumno o alumna y su clave iANDE, de esta manera se podrán descargar el documento electrónico con la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección bien por correo electrónico, whassap o alguna otra vía telemática. A su vez, los establecimientos accederán a una dirección web, mediante un código QR que se incorpora en el cheque-libro, y que es único para cada uno, para cotejar su autenticidad.
Esta medida, que estará operativa una vez finalizada la matriculación de estos estudiantes,  tiene como objetivo disminuir las tareas administrativas de los centros, evitar que las familias se tengan que desplazar a los colegios, institutos o a las librerías, además del ahorro de papel. En el caso de que no se pudiera hacer de manera telemática los centros educativos podrán imprimir el cheque-libro y entregarlos de manera presencial a las familias.
La Consejería invertirá el próximo curso 2020/21 más de 90 millones de euros en el programa de gratuidad de libros de texto, seis millones más que hace cuatro años cuando se renovaron las mismas enseñanzas. Esta medida beneficiará a unos 940.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos.
El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.
La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos.  Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.



Los alcaldes no renuncian a la autovía A-306 (Torredonjimeno - El Carpio).

Una imagen de la carretera A-306 (Torredonjimeno- El Carpio). Foto: Antonio Marín.
La rehabilitación integral del firme, unido a una reordenación y reducción de los accesos y la construcción de más diez kilómetros de tercer carril para vehículos lentos se postulan como la solución más óptima para mejorar a corto-medio plazo la seguridad vial y la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El Carpio con Torredonjimeno; y la A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. Así se lo ha trasladado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, a los alcaldes de los municipios por donde discurren dichas carreteras.
Los estudios de viabilidad encargados por la Consejería concluyen que estas medidas son más viables social y económicamente de ejecutar a corto-medio plazo y que serían totalmente compatibles con un posterior desdoble, cuyo coste se dispararía a los 270 millones de euros, en el caso de la A-311; y los 450 millones de euros si se asumiera en la A-306. No obstante, la consejera Marifrán Carazo no descarta el desdoble, si bien debe enmarcarse a largo plazo por el contexto económico actual. “La prioridad es arreglar estas vías lo antes posible, como así lo solicitan los alcaldes”, ha explicado la consejera.
La inversión estimada para estas importantes mejoras en la A-311 sería de 35,3 millones de euros, mientras que la A-306 requeriría un presupuesto estimado de 23,3 millones.
Marifrán Carazo ya trasladó a finales del año pasado, en reuniones mantenidas con los alcaldes de la provincia de Jaén, que el resultado de estos estudios de viabilidad se concretarían en actuaciones dentro del nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-2027 (PITMA). “Era fundamental contar con datos técnicos para tomar decisiones que nos permitan dotar a estas carreteras de un nivel de servicio suficiente de cara al futuro”, ha manifestado tras reafirmar su compromiso con la mejora de estas vías.
La carretera A-311 tiene una calzada de dos carriles sin arcenes y los cruces existentes se realizan mediante intersecciones al mismo nivel. La vía soporta un tráfico de 3.700 vehículos al día que se duplica en las proximidades de Andújar y, en concreto, en la confluencia con la carretera A-305, donde alcanza los 7.742 vehículos diarios.
El estudio de viabilidad propone como mejor solución la rehabilitación de los más de 35 kilómetros de firme, así como la ampliación de la calzada hasta obtener dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes de 1,5 metros para garantizar una circulación más segura de los vehículos. La actuación planteada incluye la construcción de un tercer carril adicionales para vehículos lentos en 12 tramos de carretera con una longitud de 8,1 kilómetros –4,3 kilómetros en la margen derecha y 3,8 kilómetros en la margen izquierda–.
Por último, se propone una reducción de los accesos directos a las fincas con la construcción de caminos de servicio paralelos a la vía y la construcción de un cruce a distinto nivel con la A-305, por ser uno de los puntos con mayor tráfico de la carretera. La inversión estimada para estas mejoras sería de 35,3 millones de euros.
La carretera A-306 conecta la N-IV a la altura de El Carpio (Córdoba) y finaliza en la conexión con la A-316 en Torredonjimeno (Jaén). La vía soporta un media de 4.500 vehículos diarios, con un porcentaje elevado de tráfico pesado que en ocasiones alcanza el 13 por ciento. Esta constituida por una calzada de dos carriles en la mayoría de su trazado, con tramos para carriles de vehículos lentos. La mayoría de las conexiones se realizan mediante intersecciones al mismo nivel.
El estudio de viabilidad realizado para aumentar la capacidad de esta carretera aboga por el refuerzo del firme en los 58 kilómetros de trazado con una actuación dividida por tramos, además de una reordenación de los accesos directos a las fincas colindantes bajo la misma fórmula que en la A-311 de construir caminos de servicios. Esa operación eliminaría más 150 accesos, además de servir como camino alternativo para vehículos agrícolas. Por último, se plantean 2,7 kilómetros de nuevos carriles lentos en dos tramos con mucha pendiente. El coste aproximado de la actuación asciende a 23,3 millones de euros.



Aprobada la contratación de comedor escolar en 912 colegios públicos por 46,8 millones.

Juan Marín ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida. Foto: Junta de Andalucía.
La Consejería de Educación y Deporte contratará, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), el servicio de comedor escolar en 912 colegios públicos de Infantil y Primaria por 46,8 millones de euros para el próximo curso 2020/21. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida, que también incluye el programa de refuerzo en alimentación infantil en estos centros educativos.
Se trata de centros escolares en los que actualmente se viene desarrollando el servicio o se va a iniciar esta prestación por primera vez. A esta licitación podrá concurrir cualquier entidad que cumpla los criterios de solvencia y de habilitación empresarial.
El concurso prevé 141 lotes, 54 de ellos en la modalidad de cocina central y 87 de cocina 'in situ'. A estos últimos se sumarán el curso próximo otros 75 comedores que cambiarán a esta modalidad adaptando sus espacios para hacer posible el cocinado diario de los menús en los propios centros, en una apuesta de la Consejería de Educación y Deporte por mejorar la calidad del servicio y la satisfacción del mismo por parte de las familias.
Igualmente, la Junta proporcionará, además del almuerzo, el desayuno y la merienda, de tal forma que se garanticen tres comidas diarias al alumnado en riesgo de exclusión social beneficiario del Programa de Refuerzo en Alimentación Infantil.
Los menús son supervisados cada mes y se ajustan a las recomendaciones de la Consejería de Salud y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en cuanto a los estándares de calidad y alimentación saludable. Los pliegos de condiciones de los contratos exigen la presencia diaria de verdura y fruta fresca; el uso de aceite de oliva virgen extra; una mayor proporción de pescado que de carnes; la limitación de alimentos precocinados y fritos, y la preferencia por la dieta mediterránea y los productos ecológicos.
Asimismo, se ha puesto en marcha un programa de seguimiento y rechazo de menús con objeto de identificar qué platos no son aceptados por el alumnado e intentar detectar las causas (temperatura, presentación, textura, receta...) para poder implantar medidas correctoras.
Con ello se pretende garantizar una alimentación completa y equilibrada al alumnado, modificando las elaboraciones con mayor porcentaje de rechazo (con respeto, en todo caso, a los criterios nutricionales establecidos en los pliegos), y reducir los residuos generados en el comedor. En el caso de que las empresas tengan expedientes sancionadores no se les renovará el contrato. 



Los Centros de Participación Activa para personas mayores podrán abrir a partir del lunes.

Centro de Participación Activa para personas mayores de Lopera. Foto: Antonio Marín.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha determinado la reapertura de los Centros de Participación Activa para personas mayores como nueva medida dentro de la Orden aprobada por el Consejo de Gobierno que contiene las condiciones que se establecen para los centros de servicios sociales dentro de la nueva normalidad que sigue al estado de alarma.
De esta forma, será posible la apertura de un Centro de Participación Activa desde el momento en que se organice para la realización de actividades programadas con una limitación del aforo del 50 por ciento o que se pueda respetar las condiciones de seguridad indicadas por la autoridad sanitaria competente referidas a la acomodación y el distanciamiento físico y/o medidas de protección individuales. Siempre que sea posible, estas actividades se realizarán al aire libre o en espacios amplios y bien ventilados.
Asimismo, se puede proceder a la apertura del servicio de cafetería en los centros, con las medidas sanitarias establecidas para el sector de la hostelería, así como los servicios de podología, peluquería, fisioterapia y orientación jurídica mediante cita previa. En todos los casos, siempre y cuando se pueda garantizar las condiciones de distanciamiento físico. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores y trabajadoras equipos de protección adecuados al nivel de riesgos.
Andalucía cuenta con 728 Centros de Participación Activa que se distribuyen por provincias: 64 en Almería, 49 en la provincia de Cádiz, 102 en Córdoba, 157 en Granada, 46 en Huelva, 119 en la provincia de Jaén, 76 en Málaga y 115 en Sevilla.
Junto con la reapertura de los Centros de Participación Activa, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha determinado que los centros de servicios sociales (los propios CPA, los centros residenciales y los centros de día) deberán contar con un Plan de Contingencia y Actuación para la Prevención de la Epidemia por Covid-19 con objeto de garantizar una respuesta eficaz y segura ante nuevos brotes.
Igualmente, se incluye que la persona beneficiaria en situación de dependencia conservará el derecho a la plaza concertada en el Programa de Atención Individual, siempre y cuando su incorporación al centro sea incompatible con la crisis sanitaria y tal circunstancia sea acreditada por la autoridad sanitaria competente. Por otra parte, se mantendrá la coordinación con la Consejería de Salud y los centros sanitarios de la zona.
En cuanto a los nuevos ingresos, deberán producirse en centros con carácter residencial que no cuenten con casos positivos siete días previos al momento de producirse y una vez realizada prueba serológica para Covid-19 con resultado negativo, con 72 horas de antelación como máximo; dicha prueba se llevará a cabo a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de admitirse también las realizadas en otro laboratorio autorizado del sistema sanitario por cuenta de la persona que va a ingresar.
En el caso de los campamentos juveniles, se establece un máximo de 200 participantes en espacios abiertos y un 50 por ciento del aforo habitual con un máximo de 100 participantes en espacios cerrados. Si se trata de un espacio cerrado con ventilación continua, habrá una limitación de 80 participantes y/o el 50 por ciento del aforo.
Por otra parte, se reanuda la actividad en la red de albergues juveniles de Inturjoven, que deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto para los establecimientos hoteleros. Además, la entidad elaborará un protocolo de actuación que comprenderá, entre otras, medidas en relación con el desempeño del personal y normas de actuación antes casos positivos de Covid-19.



Andalucía casi ha recuperado los porcentajes de movilidad diaria previos a la pandemia de Covid-19.

La Autovía de Andalucía a su paso por el término municipal de Lopera. Foto: Antonio Marín.
La movilidad cotidiana en Andalucía durante la Fase 3 de la desescalada, contabilizada a miércoles 8 de junio, se encuentra a 4,4 puntos de igualar los indicadores registrados en el periodo anterior al estallido de la crisis sanitaria del Covid-19, tomando como referencia el miércoles 19 de febrero, día en el que los desplazamientos de la población alcanzaron el 70,4% frente al 66% actual. Éste es uno de los principales datos que se extraen de un estudio elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que se ha comenzado a publicar desde el pasado lunes y que se actualiza diariamente.
Este informe, que se confecciona a partir de información sobre posicionamiento de teléfonos móviles, aborda los cambios que se están produciendo en la comunidad autónoma cada día a raíz de la pandemia, las actuaciones de confinamiento llevadas a cabo para su contención y la progresiva reactivación de la actividad.
Este análisis, además de actualizar diariamente los datos epidemiológicos que facilita la Consejería de Salud y Familias a través del Portal Covid del IECA, incorpora con gran nivel de detalle información relativa a la movilidad laboral y patrones de desplazamiento actuales de la población en la comunidad, así como indicadores que ayudan a contextualizar la normalidad en el territorio. Para este análisis se ha seleccionado la zonificación territorial por distritos sanitarios, que dividen el mapa andaluz en 33 áreas.
Partiendo de una situación de normalidad, correspondiente a la semana de referencia del 14 al 20 de febrero, el seguimiento de los datos muestra que los movimientos cotidianos se desplomaron durante el confinamiento y van regresando, en la Fase 3, a unos valores similares a los del periodo anterior a la crisis sanitaria. Así, el porcentaje de andaluces que se desplazaban cada día desde mediados de febrero rondaba el 70-75%, un indicador que se redujo durante el estado de alarma, decretado el 14 de marzo, hasta cifras de en torno al 40-50%, o incluso menores según los días (festivos o domingos). Es el caso del domingo 22 de marzo, cuando los movimientos cayeron al nivel más bajo, un 33,2%. En Semana Santa, concretamente en Jueves Santo, el porcentaje alcanzó el 36,1%.
El menor nivel de movimientos durante los días laborables se registró en el periodo en el que el Gobierno central estableció la paralización completa de la actividad económica no esencial. Así, el 31 de marzo los desplazamientos fueron del 39,9% y el 1 de abril, del 40,7%. Frente a ese comportamiento en el estado de alarma, el paso a la Fase 1 permitió dibujar una senda ascendente con respecto a las semanas anteriores, destacándose el efecto salida en el primer día laboral de la semana (11 de mayo), con un 55,8%; si bien hay que tener en cuenta que el segundo lunes (18 de mayo) de la Fase 1, que se anotó un 59,5%, se incorporaron las provincias de Granada y Málaga, que habían permanecido en fase 0 hasta la fecha.
 El tránsito a la Fase 2, el lunes 25 de mayo, de casi toda Andalucía, salvo Granada y Málaga, no supuso, en cambio como en semanas anteriores, otro máximo en el número de desplazamientos ese primer día, siendo similar a los del último viernes de la semana anterior. El viernes 29 de mayo experimentó un alza en la movilidad diaria del 64,1%. La senda de la segunda semana de Fase 2 para estas provincias ha seguido una trayectoria ascendente, siendo el día más activo en desplazamientos de este tipo el viernes 5 de junio, con un 65,5%. El paso de Málaga y Granada a Fase 2 (1 de junio) no ha representado un gran aumento en el número de personas activas, alcanzándose valores ligeramente superiores a los del lunes anterior.
La entrada en la Fase 3 el pasado lunes 8 de junio para toda Andalucía, lo que implica la libre movilidad dentro del territorio, no ha supuesto tampoco un aumento significativo de la movilidad ese primer día. Ese lunes se alcanzó un porcentaje del 64,2%, que se incrementó hasta el 65% el martes 9 de junio y hasta el 66% el miércoles 10 de junio.



La Diputación apuesta este verano por la sensibilización ambiental con la reanudación del programa “Recrea en verde”.

Imagen de una de estas actividades. Foto: Diputación de Jaén.
La Diputación de Jaén mantiene su apuesta por la educación medioambiental en centros escolares y municipios con la reanudación del programa “Recrea en verde”, que viene desarrollándose desde 2013 y que este año se había visto aplazado en los centros educativos debido al Covid-19. Sin embargo, de cara a este verano, podrán participar los ayuntamientos de la provincia para ofrecer durante los meses estivales los distintos talleres de educación y sensibilización ambiental. El diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, destaca que esta nueva convocatoria tiene como objetivo “concienciar sobre el respeto a la naturaleza, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático”.
Desde la Administración provincial se pone a disposición de los consistorios que deseen participar un grupo de talleres, de temática diversa, pero todos enmarcados dentro del campo de la conservación del medioambiente y el respeto y conocimiento del entorno natural. Con ellos, la Diputación facilita a los municipios, especialmente a los más pequeños, la posibilidad de organizar acciones de educación ambiental de calidad. Ejemplo de ello son los huertos escolares, actividad que comenzó en los colegios, pero a la que los ayuntamientos pueden dar continuidad para que no queden abandonados en época de vacaciones escolares.
El listado de opciones incluye aceite de oliva y cosmética; apicultura; arquitectura sostenible; biodiversidad y rapaces; cambio climático; modelos empresariales sostenibles; senderismo y vías verdes; productos locales; consumo sostenible; huertos urbanos; jardinería en maceta; movilidad sostenible; aceite y naturaleza; cielo nocturno; olivares vivos; optimización energética del hogar; ornitología; reutilización; recuperación de oficios tradicionales; tus animales, tu responsabilidad; y uso térmico de la biomasa. En total, 21 talleres que se podrán llevar a cabo en lo que resta de año.
Pedro Bruno destaca la importancia de este tipo de actividades, especialmente en una provincia como la de Jaén, tan importante en el aspecto medioambiental, ya que “posee un extraordinario patrimonio natural con cuatro parques, uno de ellos, el de Cazorla, Segura y las Villas, el más grande de España y el segundo mayor de toda Europa, y que cuenta además con más del 33 por ciento de su superficie dentro de espacios protegidos”. Todo ello ha llevado a la Diputación a la continuidad anual de estos talleres, que en el año 2019 incluyeron 27 actuaciones de las que se beneficiaron 2.900 personas, y que hasta marzo de este año ya se habían celebrado una decena, con un total de 400 participantes. 



El Plan de prevención ante el calor reforzará la atención a mayores en domicilios y residencias.

Hay que tener cuidado con las altas temperaturas Foto: Pixabay.
La Consejería de Salud y Familias ha activado, desde el 1 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, dirigido especialmente a la población más vulnerable, como son los mayores de 65 años, pacientes crónicos, personas con trastorno mental grave, menores de 4 años (especialmente lactantes) y personas que trabajan o realizan actividad física expuestas al sol. En el caso de los mayores, se prestará una especial atención tanto a los que viven en sus domicilios como a las residencias de ancianos.
En este Plan, aprobado en Consejo de Gobierno, también intervienen la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Servicio Andaluz de Salud y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
El objetivo principal de dicho plan es reducir el impacto sobre la salud de la población de las temperaturas extremas propias del periodo estival. Para ello se establece un sistema de coordinación e intercambio de información entre las administraciones implicadas (central, autonómica y local), centrando esfuerzos preventivos en poblaciones con riesgo de morbilidad y mortalidad y estableciendo un seguimiento personalizado con los recursos ya existentes.
Las personas identificadas como población de riesgo son, en su mayoría, mayores de 65 años, pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad (insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus) o que tomen un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos). También se incluyen personas con trastorno mental grave y niños menores de 4 años, especialmente lactantes.
De igual manera, se considera que debe prestarse especial atención a los ámbitos domiciliarios de personas mayores, a residencias de ancianos y a las áreas con alta marginalidad. Para ello se cuenta con los distintos programas puestos en marcha en estos ámbitos por los distintos organismos competentes que participan en el plan.
Con los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todos los días, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, determinará la previsión de las temperaturas máximas y mínimas para los cinco días siguientes, de forma que definirá los niveles de alerta en cada provincia, que son verde (si los umbrales máximos y mínimos no se van a superar en varios días), amarillo (si se van a superar en uno o dos días), naranja (si se van a sobrepasar en tres o cuatro días) o rojo (si las altas temperaturas se prevén para cinco días).
Desde los centros de Atención Primaria, gracias a las enfermeras gestoras de casos y enfermeras de familia, se ofrece información a la población general y se trabaja en la identificación de los pacientes de riesgo para su inclusión en el plan de seguimiento telefónico que realiza Salud Responde.
Además, se intensifican las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y síntomas relacionados con el calor y proporcionar consejos para evitar y controlar los efectos del aumento de las temperaturas. Estas visitas y el seguimiento de telecontinuidad se realizan también a pacientes tras su alta en los centros hospitalarios.



El 99% de las residencias de mayores de Andalucía están libres de Covid-19.

Residente de un centro de mayores. Foto: Junta de Andalucía. 
La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer al Consejo de Gobierno el informe sobre el estado de las residencias en Andalucía ante el coronavirus. Actualmente están en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía y se ha verificado que 1.095 centros no presentan sintomatología relacionada con el Covid-19, lo que supone el 99% del total.
En las residencias de mayores con casos confirmados o en estudio, existen entre los residentes 19 positivos, 495 con síntomas de sospecha y 50 en aislamiento preventivo. En el caso de los trabajadores, 16 se mantienen en aislamiento preventivo y 4 tienen confirmada la enfermedad.
En lo que respecta a la aplicación de test rápidos, desde abril y hasta la fecha, se han realizado 144.062 test dando un total de 1.880 positivos. Todos estos test se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.
Desde el comienzo del estado de alerta se ha intensificado el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.
Desde la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han reorganizado y reforzado los servicios para la prevención y abordaje de las necesidades de salud de los centros residenciales y centros sociosanitarios asimilados, que atienden situaciones de discapacidad y dependencia. Para ello, se ha constituido una red de trabajo implicando a los servicios asistenciales de Distritos y Áreas Sanitarias de Atención Primaria, los Servicios de Urgencias extrahospitalarias y los Centros de Atención Hospitalaria.



Diputación transfiere a los ayuntamientos los 15 millones de euros del plan extraordinario de apoyo a municipios.

Un momento del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas celebrado en mayo. Foto: Diputación de Jaén.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha hecho público que la partida de 15 millones de euros del plan extraordinario de apoyo a los municipios jiennenses, aprobado para contribuir a la reconstrucción económica del territorio jiennense tras los efectos causados por la pandemia del Covid-19, ya se ha transferido a los 97 ayuntamientos de la provincia. “Cuando no ha transcurrido ni un mes desde que los regidores jiennenses decidieran en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén el destino de ese dinero, la Corporación provincial ya ha hecho efectivo el pago de estas ayudas, con lo que ha quedado de manifiesto la agilidad de la gestión que estamos llevando a cabo en torno a un asunto tan importante como esta pandemia”, según subraya Reyes. 
En esta línea, recuerda que “en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas celebrado el 14 de mayo nos comprometimos a transferir este dinero antes de que finalizara el mes de junio, pero finalmente hemos conseguido hacerlo mucho antes”. Esta rapidez en gestionar esta partida responde, a juicio del presidente de la Diputación, “a la necesidad que tienen nuestros consistorios de contar con estas ayudas en un momento tan difícil como el actual, en el que el coronavirus ha generado nuevas urgencias a las que los regidores jiennenses han debido responder con presteza y tirando de sus propios recursos”. 
De hecho, en la reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas donde se debía concretar la finalidad a la que se destinarían los 15 millones de euros de este plan extraordinario de apoyo a municipios, se acordó que se emplearan en los servicios que cada ayuntamiento, dentro de su autonomía local, determinara atendiendo a sus necesidades prioritarias. De esta forma, los municipios jiennenses han recibido cantidades que van desde los 78.000 euros que le corresponden a las localidades con menos de 500 habitantes hasta los 330.000 euros que han llegado a las arcas de la ciudad más grande de la provincia, la capital jiennense. En total, se han planteado 13 horquillas distintas generadas a partir de los habitantes de cada municipio. Esta fórmula de reparto estaba pensada para facilitar que el dinero llegara más rápido a los consistorios, como así finalmente ha ocurrido. 
La aprobación de este plan extraordinario de apoyo a municipios es una de las numerosas medidas adoptadas por la Diputación para combatir la crisis sanitaria originada por el Covid-19 y hacer frente a sus adversos efectos económicos y sociales. Así, además de estos 15 millones de euros, se ha adquirido material sanitario de protección, sobre todo mascarillas, de las que se han repartido cerca de 450.000 entre ayuntamientos, sanitarios, trabajadores de servicios sociales, residencias, Resurja, y pequeñas y medianas empresas. 
También se han incrementado las ayudas de emergencia social para familias vulnerables hasta superar los 866.000 euros, mientras que las dedicadas a la creación de empleo autónomo en los municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes contarán con un presupuesto total de 800.000 euros. Igualmente se ha dado luz verde a una nueva línea de ayudas dotada con 300.000 euros para empresas que reorienten su actividad hacia la fabricación de material sanitario ligado al Covid-19 y se han repartido unos 1.400 router wifi entre los menores sin medios tecnológicos para que hayan podido seguir el curso académico desde sus hogares, entre otras muchas iniciativas.



El Gobierno aprueba el real decreto que establece las medidas que regirán en la nueva normalidad.

El texto mantiene la obligatoriedad de las mascarillas y multas de hasta 100 euros si se incumple. Foto: Pixabay.
El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el real decreto ley que sentará las bases que regirán en la nueva normalidad. El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, “en condiciones económicas no abusivas”, añade.
El incumplimiento de este artículo será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control.  
El real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 recoge la declaración expresa de la COVID como enfermedad de declaración obligatoria urgente.
Se introduce, además, el deber de las CCAA de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material.
Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma.
Las CCAA deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.
En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos.
Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas.
Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que no se garantice la distancia interpersonal, continuarán vigentes en el periodo de nueva normalidad.
Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo se adapta la obligación a las particularidades de este modo de transporte.
También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.
El real decreto incorporará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud.
El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria, tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para garantizar en todo momento su abastecimiento. Cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera, las CCAA podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no presencial.    
El real decreto recoge también una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por Aena, y en puertos de interés general.
Como gestora de la red de aeropuertos de interés general, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales, cuestión que se particularizará a través del correspondiente convenio de colaboración con Sanidad Exterior.
Por otra parte, añade las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte puedan ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre la atención a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19.
Así, establece la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia, conserven la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende también a los operadores de transporte aéreo.



Escrivá: "El Ingreso Mínimo Vital sacará de la pobreza extrema a más de un millón de personas".

El ministro José Luis Escrivá. Foto: Ministerio de la Seguridad Social.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que el Ingreso Mínimo Vital llegará a 2,3 millones de personas, de las que algo más de un millón saldrán de la pobreza extrema.
Más de medio millón más dejarían de estar en situación de pobreza muy alta y otras 125.000 saldrían de pobreza alta y moderada. Los otros 575.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que no cambian de categoría, estando mayoritariamente en pobreza alta, verían cómo su renta mejora un mínimo de un 10%.
De esta forma, "si todos los potenciales beneficiarios accedieran a la nueva prestación, la pobreza extrema en España quedaría prácticamente erradicada", ha señalado Escrivá, quien ha destacado el efecto que tendrá especialmente en los hogares con hijos. En este sentido, en los hogares monoparentales la pobreza extrema bajaría un 87%, mientras que en el resto de hogares con hijos lo haría en el 81%.
Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 831.000 hogares que podrían solicitar el Ingreso Mínimo Vital en toda España. De media, percibirán un Ingreso Mínimo Vital de 3.756 euros al año, que se suman a las rentas preexistentes de 4.733 euros que los posibles beneficiarios tienen disponibles. Destaca que más de un 15% de los posibles hogares beneficiarios son monoparentales (un adulto con uno, dos o más menores).
Esta nueva prestación incidirá especialmente sobre la pobreza infantil, ya que más del 50% de posibles hogares beneficiarios tienen menores y más del 30% de las personas beneficiarias son menores. El número de mujeres dentro de los hogares beneficiarios supone un 54% del total, con especial presencia en hogares monoparentales que potencialmente pueden beneficiarse del IMV y que están encabezados en un 90% por una mujer.
El ministro ha recalcado que el Ingreso Mínimo Vital llegará a sus beneficiarios a través de diferentes vías. En primer lugar, a través de la reconversión automática de beneficiarios de la prestación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%. En este sentido, la Seguridad Social ya ha realizado las comprobaciones de requisitos de renta y patrimonio y reconocerá de oficio la prestación a más de 75.000 hogares en los que viven más de 255.000 personas. Según Escrivá, este colectivo percibirá el primer pago del Ingreso Mínimo Vital el próximo 26 de junio.
Además, las personas que soliciten la prestación a lo largo de los tres primeros meses desde el inicio del plazo de solicitud (15 de junio) la percibirán con efectos retroactivos al 1 de junio.
En segundo lugar, también se podrá reconocer la prestación a aquellos beneficiarios de rentas de las comunidades autónomas que cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha diseñado un protocolo de intercambio de información para que las comunidades que cumplan con dicho protocolo puedan remitir la información de sus beneficiarios para que se pueda reconocer la prestación a estos hogares. Además, a partir del 15 de junio, se puede solicitar esta prestación en el INSS, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (con y sin certificado digital) y en las oficinas (CAISS) cuando, en atención a las indicaciones de las autoridades sanitarias se reinicie la atención presencial.
Finalmente, habrá una cuarta vía de acceso, a través de los ayuntamientos. Para ello, en los próximos días se firmará un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias al que se podrán adherir libremente.
El ministro, José Luis Escrivá, ha subrayado que el objetivo es recortar los plazos de concesión de la prestación de forma que sean similares a los que tiene la Seguridad Social para las pensiones contributivas (en torno al mes) frente a los más de 100 días que de media tardan en reconocer las comunidades autónomas las pensiones no contributivas.
El Ingreso Mínimo Vital desincentivará la economía sumergida ya que sus beneficiarios estarán obligados a presentar la declaración de la renta. Además, se ha creado la figura del cooperador necesario, que establece la responsabilidad solidaria de aquellas personas que hubiesen cooperado en la comisión de la infracción mediante una actuación activa u omisiva. Se aplicará el procedimiento habitual de la Seguridad Social para la imposición de sanciones por las infracciones tipificadas en el Real Decreto-ley del Ingreso Mínimo Vital.
Además, según ha resaltado Escrivá, "el Ingreso Mínimo Vital no sólo es una prestación económica, sino una política social completa alrededor de una prestación". Por ello, además del pago mensual, incorpora itinerarios de inclusión e incluye incentivos a la contratación para los beneficiarios de la prestación, así como un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV. Para fomentar la inclusión laboral de los beneficiarios, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará un reglamento con incentivos al empleo, tanto para los hogares donde no se trabaje como para hogares con baja intensidad laboral.
El proceso de diseño del Ingreso Mínimo Vital ha sido muy innovador respecto a lo que es habitual a la hora de poner en marcha nuevas prestaciones. En este sentido, se han hecho simulaciones con cada opción en la formulación de requisitos para poder hacer estimaciones reales sobre el número de beneficiarios y el coste fiscal. Además, el equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estudiado tanto la composición interna de las rentas como del patrimonio de la población beneficiaria, para adaptar la definición de requisitos al objetivo buscado.
Además, la prestación será evaluada a posteriori, de forma que se contrastará el perfil de los solicitantes con los beneficiarios potenciales inicialmente identificados. Con ello, se podrán hacer ajustes y correcciones en desarrollo reglamentario que ayuden a mejorar la eficacia del Ingreso Mínimo Vital.



La Seguridad Social pone en marcha una línea de teléfono gratuita para consultas sobre el Ingreso Mínimo Vital.


El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha puesto en marcha una línea de teléfono gratuita para las consultas de los ciudadanos sobre el Ingreso Mínimo Vital. El número de teléfono, 900 20 22 22, ya está en funcionamiento. Su horario de atención es de 9.00 horas a las 14.30 horas.
El Ingreso Mínimo Vital, que puede solicitarse a partir del 15 de junio, supone una serie de políticas articuladas alrededor de una prestación. Su objetivo es reducir el nivel de pobreza y exclusión y persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
Se calcula que esta medida puede alcanzar a 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas, cuya renta media disponible no llega a los 310 euros mensuales.
Además de mediante este número de teléfono, los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social y a través del asesor virtual.
También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos para acceder a esta prestación y cuál sería la cuantía, en el caso de cumplirse. En menos de cuatro días en funcionamiento, se han realizado más de tres millones de simulaciones, superándose los 20 millones de interacciones.
El Ingreso Mínimo Vital podrá solicitarse a partir del próximo 15 de junio a través de diversos canales: la Sede Electrónica de la Seguridad Social, con o sin certificado digital, los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), cuando la situación sanitaria permita reabrirlos, entre otros.
El Ingreso Mínimo Vital, que fue aprobado el viernes pasado en Consejo de Ministros, establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completará las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipo de hogar que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva.
El primer requisito para acceder al IMV será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.
Habrá un titular por hogar, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad. Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.
Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud.
Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.
Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.
En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.



Los consistorios podrán solicitar hasta el 3 de julio ayudas a la Diputación para adquirir nuevos equipamientos informáticos.

Panorámica de una sala con ordenadores. Foto: Diputación de Jaén.
La Diputación Provincial de Jaén acaba de reabrir el plazo de cara a que los consistorios jiennenses puedan solicitar subvenciones para adquirir nuevos equipamientos informáticos. En un momento en el que debido a la crisis sanitaria, el teletrabajo ha sido una de las opciones más utilizadas por las administraciones para poder seguir prestando sus servicios a la ciudadanía, la Corporación provincial vuelve a poner en marcha esta convocatoria que, como avanza la vicepresidenta tercera y diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, África Colomo, “está dotada con 200.000 euros y se podrá acceder a la misma hasta el próximo 3 de julio”.
Esto será así porque aunque esta línea de ayudas se publicó en marzo “en el marco del eje estratégico Jaén, provincial digital, dicha convocatoria se vio afectada por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”, según explica Colomo, quien precisa que “una vez que se ha levantado la suspensión de estos plazos administrativos por parte del Gobierno de España, hemos procedido a ampliar el plazo para solicitar estas ayudas, por lo que los ayuntamientos podrán acogerse a esta convocatoria hasta el día 3 del próximo mes”.
Un total de 42 ayuntamientos jiennenses se beneficiaron en 2019 de estas subvenciones que concede la Diputación y que se entregan a los municipios para que compren equipos informáticos, de tal forma que puedan integrarse en las plataformas que se desarrollan en el marco de la estrategia Jaén, provincia digital, como son el modelo de Ayuntamiento Digital (MOAD-H) y el Open Local.
La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior subraya la importancia que tiene esta mejora técnica por parte de las entidades locales para que “los ayuntamientos no solo puedan cumplir con la normativa vigente, sino también adaptarse a este proceso de transformación digital imprescindible a día de hoy”. Los consistorios interesados en solicitar estas subvenciones podrán adquirir diferentes equipamientos, entre los que se encuentran ordenadores, servidores, escáneres, licencias de software, impresoras, discos duros, proyectores, pantallas y monitores, USB o tablets, “un material con el que, en definitiva, se pueda facilitar y mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”, concluye África Colomo.



La Junta contratará a más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria durante este verano.

Varios médicos intervienen en una operación quirúrgica. Foto: Pixabay.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este domingo de la contratación de más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en toda Andalucía durante la temporada estival, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior. Un plan de vacaciones que busca, por un lado, afianzar el sello ‘Andalucía segura’ de cara al turismo y, por otro, ahonda en la necesidad de despejar las incertidumbres de los andaluces e ir recuperando la normalidad de nuestras vidas. Todo ello, ha señalado, gracias a un esfuerzo «enorme» del Gobierno andaluz «en un momento en el que la confianza juega un papel esencial».
Lo ha dicho tras una nueva reunión de presidentes por vía telemática, en la que ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ponga en marcha el reparto entre las comunidades autónomas de los 10.000 millones de euros, que comprometió dentro de los 16.000, para sufragar el gasto sanitario generado por el coronavirus Covid-19. En este sentido, sí ha aplaudido que, tras reclamarlo insistentemente, se «haya conseguido al fin» que Andalucía disponga de 1.068 millones de fondos europeos para reflotar la economía ayudando a pymes, promoviendo la competitividad o la economía sostenible.
Respecto a los fondos, el presidente andaluz ha lamentado el «agravio» del Gobierno de la Nación a unas comunidades autónomas frente a los «privilegios» que se conceden a otras. Un trato «desigual» e «interesado» como el que se conocía ayer entre la Administración central y Esquerra Republicana de Cataluña para la gestión directa de los fondos europeos por la región catalana. «El trato de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio. No se puede dar por normal».
Por otro lado, ha insistido a Sánchez que su Gobierno muestre más flexibilidad y sensibilidad hacia las empresas y los trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que «no se les puede poner entre la espada y la pared». «Se arriesgan a que esa precipitación que le exigen se traduzca en tener que echar de nuevo las persianas del negocio y mandar a los empleados a su casa, pero ya sin bonificaciones, sin exenciones, sin contemplaciones y sin futuro. Gobernar es comprender», ha manifestado. También, ha hecho hincapié en que el 30 de junio «no es suficiente» para planificar la temporada turística y ha abogado por que el régimen de ayudas establecido acompañe durante todo el verano y evolucione según los acontecimientos.
Durante su intervención, ha asegurado que esta semana ha mantenido contacto con los alcaldes de las ocho provincias andaluzas y que el próximo martes se reunirá con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, además de las visitas a distintos municipios andaluces donde se ha podido entrevistar con las autoridades locales y provinciales, con el objetivo de «atender sus problemas y solucionarlos, o bien hacerlos llegar a quienes tienen la obligación de trabajar para resolverlos». En este punto, ha agradecido el sacrificio demostrado por los alcaldes y concejales de Andalucía durante el Estado de Alarma. En relación con esto último, ha trasladado al presidente del Gobierno de España que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes de tesorería para enfrentarse a las consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19. «Es una necesidad ante la que el Ejecutivo no debería permanecer indiferente», ha apostillado.
Y es que, para el presidente de la Junta de Andalucía, nos encontramos en una situación que requiere «ponerse en la piel de los demás y ayudar». Por eso, ha afirmado que le parece «oportuno» el Ingreso Mínimo Vital, pero ha aseverado que, dos días después de aprobarse el decreto, ni las comunidades autónomas ni los consistorios saben aún cómo se va a gestionar «una medida de tal envergadura». «Empieza a ser preocupante esta nueva costumbre de que los decretos del Gobierno no estén claros ni siquiera tras su publicación». Moreno ha recordado que esta materia es de competencia exclusiva de las autonomías y que existe abundante jurisprudencia al respecto. «Esto no es ningún juego y esa afición del Ejecutivo a la incertidumbre no nos beneficia», ha recalcado.



La Junta y organizaciones agrarias proponen al Gobierno formar una alianza en defensa de una PAC fuerte.

Campos de olivar en Lopera. Foto: Antonio Marín.
El Gobierno de Andalucía y las organizaciones agrarias representadas en la Mesa de Interlocución (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía) han acordado emitir un comunicado de prensa conjunto para mostrar su total rechazo ante el inadmisible e injusto recorte del 9% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2021-2027, máxime en unos momentos de pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Andalucía, como primera comunidad gestora de estos fondos imprescindibles para el presente y futuro del sector agrario, va a pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación formar una alianza conjunta en defensa de una PAC fuerte, frente a un descenso de estos fondos que supondría una pérdida de 1.160 millones de euros para la comunidad andaluza, en torno a 160 millones por año. Esto supone una bajada de casi el 10% respecto a lo que actualmente ejecuta Andalucía por año de los fondos de la PAC.
En un contexto de crecimiento de los presupuestos europeos, resulta incomprensible que las ayudas de la PAC sufran tan injustificado recorte. Pero lo que resulta aún más incoherente y desolador es que la UE no muestre su total apoyo al sector agrario de los países miembros, después del extraordinario esfuerzo que están realizando los agricultores, ganaderos y la agroindustria europea durante la pandemia por la Covid-19, para garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad, sostenibles, saludables y a un precio asequible para el consumidor.
Además, el campo andaluz, que ha sido colchón en periodos de crisis para miles de familias andaluzas y volverá a serlo en estos tiempos marcados por el impacto del Covid, juega un papel vital en la fijación de la población en las zonas rurales. Sin duda, este es un argumento más para subrayar la importancia de unos fondos comunitarios cuya rentabilidad social y económica no tiene comparación. 
El agro andaluz ha demostrado a lo largo de todos estos años una capacidad extraordinaria para aprovechar cada céntimo de euro de la PAC para avanzar en la modernización, en el uso de tecnología de vanguardia, en la producción de alimentos de la máxima calidad con técnicas cada vez más respetuosas con los recursos naturales y en la sostenibilidad social y medioambiental de una actividad que es esencial y estratégica para España y, especialmente, para Andalucía.
Precisamente, los recortes planteados por la CE en la Política Agraria Común obstaculizarían esta apuesta decidida del sector en Andalucía por una agricultura y ganadería comprometida con la lucha contra el cambio climático y la creciente tecnificación del campo. No se pueden pedir más esfuerzos, como se contempla en la estrategia ‘De la granja a la mesa’, cuando se reducen los recursos para alcanzar los objetivos. La agricultura competitiva no está reñida con la sostenibilidad.
Por todo ello, desde Andalucía proponemos la conformación de una alianza leal y fuerte con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirige el Sr. D. Luis Planas, para defender los intereses del campo español y andaluz ante la Unión Europea. En este sentido, tendemos la mano para plantear alternativas a la CE que no supongan mermar las posibilidades de crecimiento del sector agrario, sino todo lo contrario, que nos fortalezcan para seguir adelante en la necesaria transformación digital y transición ecológica.
Por último, solicitamos al Gobierno de España que defienda con decisión el futuro del sector agrario en la próxima cumbre de la Unión Europea del 18 de junio, una actividad estratégica que supone para Andalucía el 11% del PIB y el 10% del empleo. 



La Subdelegación del Gobierno ha notificado hasta el momento 1.116 sanciones a ciudadanos por incumplir el confinamiento en el Estado de Alarma.

Los agentes de la autoridad se han visto obligados a poner sanciones. Foto: Guardia Civil.
La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha notificado, hasta el momento, 1.116 sanciones de las más de 13.000 denuncias que han impuesto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a los ciudadanos y empresas que han sido sorprendidos incumpliendo las restricciones decretadas durante el Estado de Alarma.
La mayor parte de los procedimientos sancionadores son debidos a actos de desobediencia o resistencia a las órdenes de los agentes de la autoridad, así como transitar por vías públicas en los supuestos no previstos en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, eludiendo las restricciones relativas a la movilidad.
A la hora de tramitar los expedientes, la Subdelegación está priorizando en aquellos casos en los que el sancionado ha demostrado una conducta reiterativa (acumulando sanciones) o que mostró un desprecio mayor a las órdenes de confinamiento y a las indicaciones de los cuerpos policiales. Estos son los casos que están recibiendo las primeras notificaciones.
La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado la importancia de mantener la responsabilidad individual para seguir cumpliendo las normas y recomendaciones sanitarias. “De este modo, podremos protegernos y proteger a los demás, mantener a raya la enfermedad y alcanzar la nueva normalidad, porque no hay que olvidar que el virus no se ha ido”, ha asegurado. Al hilo, la subdelegada ha puesto de manifiesto que la notificación a los ciudadanos de los procedimientos sancionadores pone de relieve que la Administración funciona y confirma que lo que se había anunciado: “Siempre dijimos que no se iban a tolerar los comportamientos irresponsables”, ha añadido Catalina Madueño.
En este contexto, la subdelegada recuerda que, en los primeros días tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad realizaron una labor informativa a la ciudadanía: “Las primeras denuncias se han elevado tras reiterados avisos a los interesados”, ha agregado. Al hilo, la subdelegada ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las respectivas policías locales para velar por la seguridad y la salud de todos.
El departamento de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, dependiente de la Secretaría General, es el encargado de analizar cada procedimiento realizado por los agentes policiales y especificar una propuesta de sanción que es comunicada al ciudadano afectado, normalmente por correo ordinario, aunque también cabe la notificación electrónica en los casos que los ciudadanos tengan habilitada esta posibilidad. En cualquier caso, el plazo de prescripción para tramitar las infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana es de seis meses cuando sea leve (de 100 a 600 euros); de un año cuando sea grave (de 601 a 30.000 euros); y de 2 años en infracciones muy graves (de 30.001 a 600.000).
Las sanciones disponen de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a su recepción, para optar por una de las siguientes alternativas legales: el pago voluntario de la multa, lo que conlleva una reducción del 50 por ciento de su importe, o recurrir el expediente.



Lopera acogerá la VIII Muestra Provincial de la Cereza el próximo 2 de junio.

Acto de presentación de esta muestra de la cereza. Foto: Diputación de Jaén.
El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, ha presentado la octava edición de la Muestra Provincial de la Cereza, una actividad promocional enmarcada en  la estrategia Degusta Jaén que recorrerá siete municipios. “Este año la muestra se va a celebrar en una situación excepcional, pero no hemos querido dejar pasar la oportunidad de poner en valor un sector como el agroalimentario, fundamental en estos meses de alarma, en los que han garantizado el suministro y respondido a las necesidades de la ciudadanía”, ha destacado Francisco Reyes.
Por otra parte, Reyes ha subrayado el peso de Jaén en la producción de cereza: “Somos la provincia más productora de Andalucía, por lo que es un elemento importante para la diversificación agrícola, actividad que ayuda a mantener la población en el territorio”. La provincia de Jaén cuenta actualmente con más de 1.340 hectáreas dedicadas al cultivo de esta fruta. 
La presentación de la Muestra Provincial de la Cereza ha incluido una degustación, desarrollada con medidas de seguridad y prevención, mientras que la compra del producto ha podido realizarse en el Mercado de San Francisco, ubicado junto al Palacio Provincial. En las próximas semanas, esta muestra recorrerá otros seis municipios jiennenses: Lopera, el 2 de junio; Arjona, el 4; Campillo de Arenas, el 5; Torredonjimeno, el 10; Andújar, el 11; y Úbeda, donde está previsto que concluya el próximo 12 de junio.  
La presentación de esta actividad ha contado con la participación de los alcaldes de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, y Torres, Roberto Moreno; así como de representantes de las dos cooperativas participantes en esta muestra: el presidente de la Cooperativa Andaluza del Campo Frutícola “San Pedro” (Frusampe), Francisco Contreras, de Castillo de Locubín; y la presidenta de la cooperativa San Marcos, Ana San Juan, de Torres.
Por su parte, el alcalde de Castillo de Locubín ha valorado la oportunidad que ofrece esta Muestra “como plataforma para que se promocionen estas cerezas”. En ese sentido, ha señalado la singularidad de este año, “en el que el cultivo se ha visto bastante mermado”. Al respecto, ha valorado el inicio próximo de la recogida de una nueva variedad de cereza más dedicada en este caso a la industria. Rodríguez ha destacado el uso de las cerezas de Castillo de Locubín en bombones de una conocida marca italiana.
En la misma línea, Roberto Moreno ha puesto el foco sobre la recolección que empieza ahora de una cereza “cultivada a una altura como la de Torres, que le da unas características excepcionales”. A su vez, ha hecho especial hincapié en la necesidad de que la cereza “no solo llegue a los municipios cercanos en Andalucía, sino que también llegue al resto de España”. 



Fomento mejora los sistemas de drenaje de la A-306 en puntos de Porcuna y Torredonjimeno.

Jesús Estrella visita el estado de estas obras. Foto: Junta de Andalucía.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía impulsa obras de reparación de los sistemas de drenaje transversal y longitudinal en dos puntos de la A-306, en los términos municipales de Porcuna y Torredonjimeno.
Los trabajos comenzaron el pasado 19 de mayo y actúan sobre la plataforma y el drenaje de esta vía, propiciando la mejora de sus condiciones para la seguridad vial. El importe de adjudicación de la obra es de 34.216,52 euros y el plazo de ejecución de un mes.
El paso del tiempo, las cargas del tráfico y los factores climatológicos de la zona, como las últimas tormentas, habían producido un importante deterioro en el talud. Esta situación había derivado en una degradación notable de la seguridad vial. Asimismo, si no se abordaba con carácter urgente dicho deterioro, podría resultar en problemas mayores en la vía, con un coste de reparación superior.
“Lo que pretendemos desde la Consejería es adecuar las condiciones de la carretera, garantizando la funcionalidad y la seguridad vial de este tramo” señala el delegado territorial, Jesús Estrella.
La actuación se localiza en los pk 37+150 y 55+800, margen derecha. En el primer caso, existe una obra de fábrica descalzada por el efecto de la erosión del talud y, en el segundo, una cuneta de chapa corrugada que no hace su función, provocando una fuerte erosión del talud.
Se ha decidido reparar la obra de drenaje transversal y el talud del PK 37+150, mediante escollera y, en el PK 55+800, se va a ejecutar un muro de escollera de protección de talud, así como una cuneta revestida de hormigón en masa, que evite que las aguas pluviales descalcen el talud.
La A-306 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y presenta, a efectos de tráfico, una Intensidad Media Diaria (IMD) de 3.312 veh/día (dato 2018, estación PR-68, pk 34+500), con un porcentaje de pesados del 15.97%.



Diputación incrementará el fondo para ayudas de emergencia social hasta alcanzar los 866.000 euros.

Palacio Provincial,  sede de la Diputación de Jaén. Foto: Diputación de Jaén.
La Diputación incrementará en más de 456.000 euros el presupuesto destinado a sus ayudas de emergencia social, que pasarán a estar dotadas en el ejercicio 2020 con más de 866.000 euros. Esta es una de las medidas que se abordará en el próximo pleno, previsto para el próximo viernes. “La situación excepcional en la que nos encontramos, motivada por el Covid-19, requiere actuaciones urgentes; en este caso destinadas a familias que por el confinamiento se están encontrando con grandes dificultades para acceder a recursos básicos”, subraya la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina. 
Destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, esta convocatoria de la Diputación facilita prestaciones económicas destinadas a paliar contingencias extraordinarias de personas y familias que deben ser atendidas con inmediatez. Estas ayudas, distribuidas por los municipios en función del número de habitantes, son gestionadas por los consistorios.  “La atención a las familias es una de las prioridades de la Diputación en esta salida de la pandemia, por lo que vamos a trabajar, dentro de nuestras competencias, para que nadie se quede atrás”, añade Francisca Medina. 
Según normativa, en estas contingencias se incluyen gastos de vivienda -alquiler, agua, electricidad-, necesidades básicas como manutención, material escolar, también gastos farmacéuticos o derivados de salud. A las que se suman otras situaciones excepcionales que puedan surgir de manera imprevista.



Los ayuntamientos podrán ampliar hasta las 3.00 horas el cierre de establecimientos de hostelería.

Esta medida se adopta hasta el 31 de octubre. Foto: Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a instancia de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, un decreto ley en el que se autoriza a los ayuntamientos, con carácter temporal y en tanto persista la situación de alerta sanitaria y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2020, a ampliar en una hora, hasta las 3.00 de la madrugada, el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y de terrazas y veladores.
Esta iniciativa se incluye en el marco de una norma por la que se establecen medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, ante la situación de alerta sanitaria generada por la crisis sanitaria por el coronavirus (Covid-19).
Asimismo, se establece un aforo máximo del 50% en los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno. El Gobierno central ha dejado en manos de las comunidades determinar el aforo de estos locales entre un 40 y un 50% en la fase 2 y Andalucía ha optado por el máximo permitido para favorecer al sector.
Este decreto ley también recoge una autorización motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad habilitada para la instalación, entre otros, de terrazas y veladores en la vía pública y en espacios abiertos de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento en sectores con predominio de suelo de uso residencial o de especial protección acústica.
Por ello, en coordinación con la Consejería competente en materia de protección contra la contaminación acústica, se delimita el alcance del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica al interior de las edificaciones, lo que facilitará a los operadores económicos y a los municipios la aplicación de este precepto, en los términos de la normativa de protección contra la contaminación acústica, sin menoscabo del derecho al descanso de la ciudadanía.
En este contexto, para el desarrollo de actuaciones en directo de pequeño formato en el interior de establecimientos de hostelería, como actividad habitual complementaria de amenización de los clientes, se han delimitado los niveles mínimos de aislamiento acústico exigibles para facilitar, con garantías, el desarrollo de dichas actividades complementarias, sin menoscabo del derecho al descanso de la ciudadanía.
Asimismo, en aquellos establecimientos con equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, cuyos niveles de emisión sonora pudieran dar lugar a superaciones de los límites admisibles (más de 85 dBA) o cuando se utilicen sistemas de amplificación para actuaciones en directo, será obligatoria la instalación de un equipo limitador-controlador acústico que permita asegurar el cumplimiento de dichos límites.
Otra de las medidas que recoge la citada norma hace referencia a la ampliación de 12 a 24 días dentro del año natural sobre la cantidad de espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarios a celebrar al año en un mismo establecimiento o instalación, entendiéndose por extraordinarios aquellos espectáculos o actividades recreativas no previstos en las condiciones de apertura y funcionamiento del establecimiento.
La ampliación de dicha restricción, de 12 a 24 días dentro del año natural, posibilitará previa autorización municipal y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa técnica, de seguridad y medioambiental correspondiente, facilitar la diversificación de la actividad a desarrollar en dichos establecimientos o instalaciones.
Estas medidas suponen la modificación de tres decretos: el decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía; el decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario; y el decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
Estas modificaciones redundarán favorablemente en la dinamización del sector hostelero, la creación de empleo y la recuperación de la economía. La importancia de este sector económico en la economía regional y su reflejo en el mercado laboral queda evidenciada, dado que Andalucía registró el año pasado cerca de 55.000 establecimientos, los cuales emplearon a 295.000 personas.
Este sector cerró 2019 con una facturación en la comunidad de 17.000 millones de euros, lo que representa el 5,9% de la riqueza regional.



La Unión de Autónomos pide a los ayuntamientos que no excluyan a los comerciantes ambulantes de las ayudas por el Covid-19.

Una imagen del comercio ambulante. Foto: UATAE-Andalucía.
La Unión de Autónomos UATAE-Andalucía ha pedido a los ayuntamientos que incluyan a los profesionales del comercio ambulante en las ayudas públicas que están convocando con motivo del Covid-19. Los autónomos andaluces han detectado la exclusión de este sector en las convocatorias de algunos Consistorios, lo cual califica como “una discriminación que debe corregirse”. Esta organización se une así a entidades como FEANCA (Federación Andaluza de Comercio Ambulante), que están exigiendo una solución para la grave situación de estos profesionales.
Pepe Galván, Secretario General de UATAE-Andalucía, indica que “en diversas localidades no se han tenido en cuenta los epígrafes del IAE correspondientes a la venta no sedentaria, olvidándose el epígrafe 663, en cualquiera de sus apartados, lo cual supone una desigualdad de derechos para los ciudadanos empadronados en esas localidades que se  dedican a la actividad del comercio ambulante, frente al resto de comerciantes”.
Ello sucede, según Galván, porque “a pesar de lo positivo que resulta intentar ayudar a las y los trabajadores autónomos de su localidad, están tomando decisiones sin asesoramiento y diálogo previo con las organizaciones representativas, lo cual está conllevando errores o medidas confusas que dejan fuera de las ayudas a algunos colectivos”.
En otras ocasiones, la normativa que rige estas subvenciones se vincula a actividades empresariales ejercidas mediante la apertura al público de locales y establecimientos minoristas que hayan sido suspendidas por la normativa relativa al Estado de Alarma por el Covid-19, con lo que se excluye de facto cualquier otra modalidad como la venta ambulante o los mercados artesanales, por ejemplo. 
La Unión de Autónomos ha comunicado estas incidencias a diversos Consistorios y también ha remitido una carta a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el objetivo de que valore la posibilidad de emitir algunas orientaciones o sugerencias para que los ayuntamientos puedan mejorar esta necesaria iniciativa. 
Al mismo tiempo, UATAE-Andalucía aprovecha para exigir que los ayuntamientos agilicen la apertura de los mercadillos, “que se está haciendo de forma muy esporádica, dejando a los comerciantes ambulantes en la ruina, al ser los últimos en reincorporarse a la actividad económica”. Galván pide que los municipios aborden esta reapertura de forma urgente y que “se esfuercen en dotar a los mercadillos de espacios y soluciones viables, ya que las restricciones impuestas hacen muy difícil la rentabilidad para estas microempresas”.
La Unión de Autónomos UATAE-Andalucía vuelve a reiterar su disposición para colaborar con los ayuntamientos en esta y cualquier otra cuestión, con la finalidad de fortalecer el tejido de los trabajadores autónomos de los municipios andaluces. De hecho, ha elaborado un catálogo de sugerencias relacionadas con las competencias municipales y las posibilidades de ayudar a los autónomos, y las ha remitido a numerosos ayuntamientos, algunos de los cuales ya ha implementado medidas de alivio y apoyo. 



Los olivares de Lopera ya tienen otra vez aceitunas.

Las pequeñas aceitunas acaban de nacer en los olivares de Lopera. Foto: Antonio Marín.
La floración en los olivares de Lopera ya casi ha terminado. Si uno se da una vuelta por el campo loperano se pueden ver ya pequeñas aceitunas que han nacido hace unos días de los olivos. Se ve el fruto en los olivares, pero los agricultores creen que se ha perdido mucho en la floración.



La provincia de Jaén pasará el lunes a la Fase 2.

Dos personas pasean por un camino rural. Foto: Pixabay.
La provincia de Jaén pasará el próximo lunes a la fase 2 de la desescalada, al reunir los criterios técnicos para superar la fase uno y dada la contención de la pandemia en la provincia. Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Las principales mejoras que experimentarán los ciudadanos en la fase 2 son el aumento del aforo de las terrazas, la apertura de centros comerciales y del interior de los bares, mientras que servicios religiosos y tiendas amplían su capacidad del 30 al 50%. Los locales de restauración de más de 70 metros cuadrados podrán abrir sus interiores, con un tercio de aforo y sólo con servicio en mesas. Las barras tendrán que esperar. Los centros comerciales abrirán al público con un 40% del aforo y prohibiendo la estancia de clientes en las zonas comunes.
También en esta fase se podrá circular por toda la provincia en grupos de máximo 15 personas, entre las que no se contabilizan los convivientes, siempre manteniendo la distancia de seguridad o medidas de protección ya sea en domicilios o en los bares y restaurantes. Asimismo, los teatros, cines y auditorios podrán abrir al público con butacas numeradas y con un tercio de aforo igualmente. Los espectáculos culturales se reducirán a un máximo de 50 personas para espacios cerrados y un límite de 400 si son al aire libre, pero siempre con asientos asignados.
Además, los deportistas no federados podrán volver a entrenar y aumentarán el número de instalaciones deportivas que abran sus puertas, siempre para la práctica de deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo. Las piscinas recreativas se podrán abrir al público con cita previa, un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. Se organizarán además horarios por turnos. La limpieza debe llevarse a cabo al menos tres veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o quince personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. Los entierros y cremaciones se restringen a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados. El aforo máximo de los lugares de culto pasa de un tercio a un 50%. Las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, con un aforo del 50% y sin superar las cien personas en espacios al aire libre o las cincuenta personas en espacios cerrados.



El Gobierno andaluz destina 54,4 millones al Plan de Fomento de Empleo Agrario de 2020.

Trabajos en una obra. Foto: Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a la concesión a las diputaciones provinciales de las subvenciones destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2020, por un importe total de 54.455.311,36 euros.
Las ayudas, convocadas por la Dirección General de Administración Local, se distribuyen por provincias en 3.076.725,09 euros para Almería; 5.897.510,22 euros para Cádiz; 8.402.454,54 euros para Córdoba; 7.307.902,79 euros para Granada; 4.498.008,72 euros para Huelva; 7.062.853,88 euros para Jaén; 6.006.420,85 euros para Málaga, y 12.203.435,27 euros para Sevilla.
La colaboración entre las administraciones estatal, autonómica y local mediante el Programa de Fomento de Empleo Agrario ha hecho posible la conclusión de un gran número de proyectos y la contratación de personas en desempleo en los municipios andaluces, además de la consolidación del nivel de inversión en obras y servicios de interés general localizadas en el territorio, lo que contribuye al sostenimiento del empleo y el arraigo de la población en el entorno rural.
La participación de la Junta de Andalucía se centra en la financiación de los materiales de las obras y servicios afectos al programa. El objeto de esta cuantía es la inversión en infraestructuras que proporcionen empleo a corto plazo pero que también sirvan de apoyo a una sociedad interesada en generar riqueza con la que conseguir el pleno empleo.
Esto se traduce, año tras año, en un elemento coadyuvante a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores agrarios, tanto en lo referido a sus rentas como a sus empleos, así como en un sustancial avance en las dotaciones de los municipios andaluces, de sus infraestructuras y equipamientos básicos.
La solicitud de estas subvenciones se rige por la Orden de 14 de junio de 2016 y la resolución dictada por la Dirección General de Administración Local de 13 de mayo de 2020, por la que se convocan para este año las referidas ayudas. Teniendo en cuenta la repercusión que el PFEA tiene para el interés general del ámbito rural andaluz, el Consejo de Gobierno, a propuesta del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha acordado tomar en consideración las medidas adoptadas para la convocatoria de estas subvenciones.



El Consejo de Alcaldes aprueba que los 15 millones de euros del plan extraordinario de apoyo sean para servicios municipales.

Francisco Reyes, entre Pilar Parra y Francisca Medina durante esta sesión telemática del Consejo de Alcaldes. Foto: Diputación de Jaén.
El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén se ha reunido en una sesión realizada de forma telemática para concretar el destino de los 15 millones de euros del plan extraordinario de apoyo a los municipios jiennenses que aprobó la Diputación jiennense en su último pleno, celebrado el pasado 28 de abril.
El máximo responsable de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha presidido este encuentro en el que se ha decidido que esta importante partida, con la que “queremos contribuir a la reconstrucción económica de nuestra provincia tras los efectos causados por la pandemia del Covid-19, se destine a los servicios municipales que cada ayuntamiento, dentro de su autonomía local, determine atendiendo a sus necesidades prioritarias”.
En la comparecencia posterior a la celebración de este Consejo –que se ha celebrado de forma telemática para cumplir con la normativa marcada por el Ministerio de Sanidad en este tipo de reuniones–, Reyes ha subrayado que este plan “es fruto del esfuerzo realizado desde la Diputación para la lucha contra el Covid-19” y ha recordado que “hoy nos hemos reunido para decidir el destino de estos 15 millones de euros que, como me comprometí, se ha hecho entre todos los alcaldes de la provincia”. Para ello, los responsables municipales han podido remitir sus propuestas a la Diputación: “Hemos recibido cerca de 600 procedentes de 90 municipios, con lo que los alcaldes han demostrado una vez más su gran labor en esta crisis, siendo la primera trinchera a la que acude la ciudadanía cuando tiene problemas”, ha enfatizado Francisco Reyes.
En el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén celebrado hoy se ha producido “un amplio debate” del que finalmente ha surgido un acuerdo basado en una propuesta del presidente de la Diputación para que cada uno de los 97 ayuntamientos de la provincia dedique la partida que le corresponde en función de su población a los servicios municipales que considere más oportunos. Esta proposición ha sido aprobada con 68 votos a favor, 15 abstenciones y un voto en contra.
De esta forma, los municipios jiennenses recibirán cantidades que irán desde los 78.000 euros que le corresponderán a las localidades con menos de 500 habitantes hasta los 330.000 euros que llegarán a las arcas de la ciudad más grande de la provincia, la capital jiennense. En total, se han planteado 13 horquillas distintas generadas a partir de los habitantes de cada municipio. Esta fórmula de reparto permitirá, como ha avanzado Francisco Reyes, que “el dinero llegue más rápido a los consistorios, por lo que probablemente antes de que finalice junio podrán contar con estas partidas”.
Esta ha sido la decisión adoptada en el seno de este Consejo en el que están representados los 97 municipios jiennenses, cuyos regidores han tenido la oportunidad de “adoptar entre todos un acuerdo porque entendemos que son los que mejor conocen las necesidades y prioridades de sus vecinos”. Para estar al tanto de estas cuestiones, Reyes ha puntualizado que en las últimas semanas ha hablado por teléfono “con los 97 alcaldes de la provincia y además he mantenido reuniones telemáticas con la mayoría, y en los próximos días lo haré con los 22 que me restan”.
Esta cercanía para conocer los problemas a los que se están enfrentando los ayuntamientos durante esta pandemia forma parte de la línea de acción que ha seguido la Diputación desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado mes de marzo. “No hemos parado de trabajar para que se siguieran prestando los servicios municipales esenciales, desde la recogida de basura al abastecimiento de agua o los servicios sociales que tan importantes están siendo”, ha recalcado Francisco Reyes, quien también ha resaltado la labor realizada para la “adquisición de material sanitario de protección, sobre todo mascarillas, de las que hemos repartido cerca de 450.000 entre ayuntamientos, sanitarios, trabajadores de servicios sociales, residencias, Resurja, pequeñas y medianas empresas”.
En este contexto, también ha valorado el trabajo realizado desde los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación y medidas como la puesta a disposición de 2.000 router wifi entre los menores sin medios tecnológicos, para que puedan seguir el curso académico desde sus hogares. A todas estas iniciativas se ha sumado este Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios y “otras medidas incluidas en nuestro presupuesto, como los 8 millones del Plan Provincial de Cooperación que también llegarán a muchos municipios de la provincia o los 1,4 del Plan de Apoyo a Municipios de 2019, que unidos a estos 15 millones del plan de choque son 25 millones encaminados a aportar liquidez y recursos a los ayuntamientos”, según ha concretado el presidente de la Diputación.
Por último, Reyes ha añadido que “igualmente hemos decidido distribuir los 1,2 millones de euros del Fondo Social Extraordinario del Gobierno central entre los 91 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia para que hagan frente a los gastos del Covid-19”. Desde la Diputación, ha concluido, “vamos a continuar trabajando en esta línea y a seguir manteniendo nuestra hoja de ruta tal y como estaba previsto en nuestro presupuesto. No vamos a dar un paso atrás ni en empleo, ni en turismo, ni en cultura, ni en promoción, ni en servicios sociales, ni en agricultura”. Todo ello, “con la necesaria colaboración del Gobierno central”, del que ha valorado “la ayuda de 700 euros concedida a 17.000 autónomos jiennenses, la aprobación del 95% de los ERTEs solicitados o la esperada renta básica mínima”, y “deseamos que también de la Junta de Andalucía, con medidas excepcionales para reconstruir esta provincia para que no dejemos a nadie atrás”.



El SAS prevé contratar a más de 20.000 profesionales en verano, un 10% más que en 2019.

Una profesional de enfermería atiende a un paciente en un centro sanitario. Foto: Junta de Andalucía.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé contratar a más de 20.000 profesionales este verano para garantizar la atención sanitaria en los centros de la comunidad andaluza. Estas contrataciones suponen un 10% de incremento respecto a la planificación del año anterior, en el que se ofertaron contrataciones para 18.191 profesionales. El Plan de Vacaciones ha sido presentado por el SAS a las organizaciones sindicales en la Comisión Central de Bolsa y se analizará también en Mesa Sectorial.
De los más de 20.000 contratos previstos en el Plan de Vacaciones 2020, cerca de 1.600 son para profesionales médicos, más de 6.800 para la categoría de enfermería, más de 1.200 de formación profesional técnico superior y más de 4.600 de formación profesional grado medio, más de un millar de personal de gestión, más de 500 profesionales de Mantenimiento y más de 3.600 profesionales de Hostelería, Servicios y Atención Social.
Por provincias, en Almería, se prevé la contratación de 1.604 profesionales; en Cádiz, 3.430; en Córdoba, 1.306; en Granada, 2.848; en Huelva, 1.729; en Jaén, 1.284; en Málaga, 3.881 y, en Sevilla, 3.931.
Durante el Plan de Vacaciones, la media de duración de los contratos será de dos meses. Una vez aprobado, la aplicación definitiva del Plan de Vacaciones se negociará con las organizaciones sindicales en cada uno de los centros sanitarios.
La planificación de la atención sanitaria en verano se basa en el balance de la actividad registrada en cada zona de la comunidad en periodo estival, que muestra un comportamiento diferente en las zonas de interior y las zonas costeras.
Los contratos del Plan de Vacaciones se suman a las contrataciones ofertadas al personal médico residente que finaliza en este mes su formación. En total, el SAS ofertará un total de 1.480 contratos a todos los médicos residentes que se están formando en los centros sanitarios andaluces. Con esta medida, incluida en el ‘Plan de actuación Mir 2020’, se persigue captar a estos profesionales para que permanezcan en la comunidad andaluza. El número de contratos ofertados es superior al total de residentes que finalizan este año (914), por lo que se garantiza que la oferta sea atractiva para estos profesionales.
El viernes 15 de mayo se ofertarán estos contratos de forma simultánea en todos los centros. En concreto, se lanzarán 659 contratos de larga duración (con fecha de inicio el día después de la finalización del periodo de formación y hasta el 31 de diciembre de 2020) y 821 contratos serán hasta 31 de octubre de 2020. Con estas contrataciones se posibilita mantener su relación contractual y desarrollo profesional en la sanidad pública andaluza. Antes de realizar estas ofertas, cada centro tiene que tener agotada las listas de candidatos inscritos en bolsa para Larga Duración de las especialidades que vaya a ofertar.
Además, antes de final de año, estos contratos se materializarán en interinidades o sustituciones de larga duración, donde se podrán presentar los residentes que han finalizado este año y cualquier facultativo interesado. Esta oferta permitirá avanzar en la estabilidad de la plantilla del SAS.



El impulso al papel cero en las entidades locales permitirá realizar vía internet más de 600 trámites.

Un ciudadano realiza un trámite por internet. Foto: Junta de Andalucía.
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha informado al Consejo de Gobierno de la firma de un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), para el desarrollo del Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local (Cep@l). Con este catálogo se permitirá realizar vía internet más de 600 trámites.
Los ciudadanos no necesitarán desplazarse ni atender a horarios de las entidades locales, se reducirán y eliminarán cargas administrativas y se unificará la forma de acceso a los servicios, propiciando una reducción de costes.
A partir de la implantación del papel cero en la Administración local, los ciudadanos podrán empadronarse o pedir un permiso de obras desde su propia casa. Cep@l también traerá facilidades para los empresarios, puesto que a través de internet se podrá solicitar la apertura de un establecimiento. Asimismo, será posible pedir las licencias de ocupación del espacio público o los trámites relacionados con los mercadillos ambulantes.
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se compromete, entre otras actuaciones, a ejercer, a través de la Dirección General de Administración Local, la función de administrador de Cep@l, así como a garantizar la sostenibilidad y la vigencia jurídica, procedimental y tecnológica del catálogo. Asume también la promoción de reuniones, grupos de trabajo y foros de debate, con la participación del funcionariado de Administración local con habilitación de carácter nacional, que permitan la creación de una visión integral de la Administración Electrónica.
Igualmente, se encargará de proporcionar a los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local formación sobre sus contenidos, así como sobre el manejo de la aplicación informática que permite acceder y gestionar dicho catálogo.
Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local asume colaborar institucionalmente con la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en el desarrollo jurídico y procedimental de Cep@l, así como contribuir a su difusión entre los profesionales.



El reparto de tablets se amplía al alumnado de 6º de Primaria y 4º de Secundaria sin medios tecnológicos.

Una alumna de Secundaria consulta su tablet. Foto: Junta de Andalucía.
La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado el reparto de tablets y tarjetas SIM al alumnado de 6º de Primaria y 4º de Secundaria matriculado en centros docentes ubicados en zonas socio-económicas vulnerables y que carece de los medios tecnológicos o electrónicos necesarios para seguir con sus tareas académicas, tras el cierre de los centros docentes por el virus Covid-19.
De esta manera, la Consejería facilitará un total de 7.401 tablets y 7.871 tarjetas SIM para facilitar la conexión a internet de los estudiantes de las etapas finales. Para ello, ha destinado un presupuesto de más de un millón de euros.
En concreto, los destinatarios de los terminales (marca Huawei modelo T5) son el alumnado de Bachillerato, segundo curso de los ciclos formativos de grado medio y superior, 4º de la ESO y 6º de Educación Primaria. Estos estudiantes han sido identificados por los equipos directivos de los centros ubicados en zonas Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social), que son los que conocen mejor la situación de sus estudiantes. Tras las necesidades detectadas por estos centros, se ha establecido una categorización entre el alumnado que necesita dispositivo y tarjeta y el que sólo precisa de la tablet o de la tarjeta.
Las tablets se entregan en condición de préstamo y, una vez que las clases se reanuden de manera presencial, los dispositivos electrónicos se devolverán a los centros para que puedan disponer de ellos.
La distribución de los terminales y tarjetas se está haciendo a través de las delegaciones territoriales de Educación y de los equipos directivos de los centros docentes. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a que el alumnado afectado por la brecha digital pueda continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje ‘online’ y finalizar el curso académico 2019/20 sin dificultad en la modalidad no presencial tras el cierre de los centros docentes por la pandemia.