Economía

Planas: "Las propiedades saludables del aceite de oliva deben ser reconocidas en el futuro etiquetado nutricional de la UE".

El ministro de Agricultura, Luis Planas. Foto: Pool Moncloa.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la armonización en un único etiquetado frontal comunitario contribuirá a garantizar la seguridad del consumidor.

Luis Planas ha expresado la necesidad de que se reconozcan las propiedades saludables de los aceites de oliva en el futuro etiquetado nutricional frontal de la Unión Europea (UE), que será obligatorio e igual para todos los Estados miembros en un futuro próximo, para transmitir al consumidor toda la información con la mayor claridad y solvencia posibles.

Luis Planas ha participado en una jornada sobre etiquetado nutricional y saludable de los aceites de oliva en la UE, organizada por el Consejo Oleícola Internacional (COI), donde ha apostado por seguir generando conocimiento sobre las propiedades de los aceites, compartirlo y comunicarlo al consumidor, cada día más preocupado por observar una dieta más saludable y sostenible.

El ministro ha asegurado que el etiquetado nutricional armonizado es "un debate necesario y absolutamente oportuno", y ha señalado que, de acuerdo a los calendarios, presumiblemente la propuesta que realice la Comisión Europea será debatida durante la presidencia de turno española, en el segundo semestre de 2023. Este asunto será uno de los temas que el ministro abordará con la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en la reunión que ambos mantendrán el próximo lunes, 23 de mayo, en Bruselas.

Planas ha subrayado que es preciso velar por que el etiquetado nutricional se haga con toda precisión, aprovechando todo el conocimiento acumulado, para transmitir las más que demostradas propiedades saludables de este alimento básico de la Dieta Mediterránea, que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Para el ministro, la armonización en un único etiquetado comunitario contribuirá a garantizar la defensa del consumidor y el correcto funcionamiento del mercado único, ya que por un lado evitará confundir al consumidor y, por otro, prevendrá la posible penalización de determinados productos.

El ministro ha señalado que España, como primer país productor y exportador de aceite de oliva del mundo, realiza grandes esfuerzos para ser también el primer país en el desarrollo de conocimiento científico-técnico en torno al aceite de oliva, a través de iniciativas emprendidas por distintas universidades y centros de investigación públicos y privados. En este ámbito, el ministro ha indicado la oportunidad de consolidar el Sistema de Innovación y Conocimiento (AKIS, por sus siglas en inglés) del olivar español y seguir invirtiendo en I+D+i.

Según ha indicado, España tiene un interés muy claro en difundir las bondades del aceite de oliva, al igual que los otros grandes productores comunitarios, como Italia, Grecia y Portugal. Por eso, ha valorado el esfuerzo del COI en recopilar el saber científico disponible y en la divulgación de las principales conclusiones sobre las propiedades nutricionales y saludables del aceite de oliva.

El ministro ha animado a seguir innovando para generar elementos diferenciales que ayuden al aceite de oliva a seguir ganando mercados de forma continuada. Precisamente, una de las grandes bazas del aceite de oliva es que se trata de una de las grasas más saludables. En este sentido, España, además de liderar la producción y exportación de aceite de oliva, contribuirá a divulgar el conocimiento científico y técnico en la materia.

El sector del olivar desempeña un papel esencial en la actividad agroalimentaria, con 2,77 millones de hectáreas de superficie representa el 15 % del total de las tierras de cultivo. España concentra el 70 % de la producción de aceite de oliva de la Unión Europea y el 46 % del total mundial.




UPA Jaén rechaza que la Confederación Hidrográfica deje al olivar sin riego de apoyo.

Imagen de un olivar en Lopera. Foto: Antonio Marín.

Una medida arbitraria y sin justificación alguna. UPA Jaén rechaza de plano que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deje al olivar sin riego de apoyo este verano, sobre todo en una campaña que será bastante complicada por la situación de los embalses de la Cuenca.

El vicesecretario general de Organización y Finanzas de UPA Jaén, Elio Sánchez, lamenta la decisión adoptada por la Comisión de Desembalses: «Conscientes de la difícil realidad de la sequía en la que estamos inmersos, no comprendemos por qué el Organismo de Cuenca castiga al olivar quitándole el riego de apoyo que sí le otorgó el pasado año. Entonces, con restricciones también como en esta ocasión, el olivar sí pudo disfrutar de este riego tan necesario en verano para garantizar la próxima cosecha. Sin embargo, en esta ocasión, no lo han contemplado. Por eso, demandamos a la Confederación para que recapacite, cambie su decisión y autorice el riego de apoyo», explica Elio Sánchez.

UPA Jaén acoge con decepción la medida acordada por la Comisión de Desembalse en una campaña con disminución notable de recursos, puesto que habrá disponibles para el riego 600 hectómetros cúbicos frente a los 900 del pasado año. «La decisión perjudica al olivar tradicional y lo hiere de muerte para 2022. No nos podemos explicar que se nos deje sin riego de apoyo, una medida que difícilmente permitirá sacar la cosecha adelante. Entendemos que, dentro de las severas restricciones que se han producido, la Confederación ha intentado contentar a otros cultivos quitándonos a nosotros este riego tan necesario», critica el vicesecretario general de UPA.

Elio Sánchez asevera que «no se habría llegado a esta situación si se hubiera dado ya seguridad jurídica a todos los riegos que, año tras año, tienen que solicitar este agua. Y tampoco se habría llegado a esta situación si se hubieran puesto en marcha las infraestructuras hidráulicas ya construidas, como la Presa de Siles o la Balsa del Cadimo; así como se hubieran ejecutado las que estaban planificadas con anterioridad, como la Presa de la Cerrada de la Puerta o la ampliación del Guadalmena, abandonadas por las administraciones durante lustros».

«Nosotros hemos hecho los deberes. Realmente los venimos haciendo desde hace muchos años, con inversiones millonarias que han conseguido modernizar el riego y hacerlo más sostenible y con mayor ahorro de un recurso que sabemos es escaso. Pero la decisión de la Confederación es un duro golpe a nuestras expectativas para la próxima cosecha. El olivar necesita agua. Solo pedimos algo tan de justicia y lógico como una regularización que elimine, de una vez por todas, las desigualdades territoriales. No podemos soportar por más tiempo injusticias como esta, que nos trata como regantes de segunda categoría cuando, encima, somos cabecera de Cuenca. Exigimos definitivamente la regularización y que ésta se contemple en el nuevo Plan Hidrológico, tal y como hemos reclamado en las alegaciones presentadas”, concluye Elio Sánchez.




El Gobierno publica la orden de módulos del IRPF 2021 que recoge importantes reducciones para agricultores y ganaderos.

Sede de la Agencia Tributaria en Andújar. Foto: Antonio Marín.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la RPF (o de módulos).

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices.

Esta reducción de módulos se suma a la del 20 % en el rendimiento neto aprobada para todo el sector agrario en el Real Decreto-Ley 4/2022 de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción.

Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos pueda implicar una rebaja de la base imponible del orden de los 1.093 millones de euros, que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen el sistema de módulos del IRPF para tributar. El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos de nuestro país. Las reducciones de módulos aprobadas en esta orden se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria.

Estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 2021, como la borrasca Filomena del mes de enero, las heladas en el mes de marzo y la falta de precipitaciones a lo largo del año.

La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de rendimiento neto de todos los sectores ganaderos y del viñedo. Además, se han aprobado un elevado número de reducciones en sectores específicos por comunidades autónomas, provincias y municipios, entre las que destaca la aplicada para los frutos secos en importantes áreas productoras.

Además, se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que éstos representen más del 50 % del importe total de la alimentación animal. Se estima que la reducción por este concepto puede alcanzar 38 millones de euros. El índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50.

Igualmente y de forma extraordinaria por las dificultades de la situación, se amplía en 5 puntos la reducción del coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años anteriores. Así los agricultores que utilizaran la electricidad para el riego se beneficiarán de una minoración del 25 % en el rendimiento neto para cultivos regables (el año anterior fue el 20 %), extensible a todos los regadíos, y no solo a los de consumo estacional. Se estima que esta medida supondrá una rebaja de unos 39 millones de euros.

Las reducciones establecidas con carácter estatal para la declaración de la renta 2021 son las siguientes:

Sectores agrícolas:

Uva para vino con D.O. de 0,32 a 0,22
Uva para vino sin D.O. de 0,26 a 0,18

Sectores ganaderos:

Avicultura de 0,13 a 0,09
Bovino de leche de 0,20 a 0,14
Bovino de carne de 0,13 a 0,09
Bovino de cría de 0,26 a 0,18
Cunicultura de 0,13 a 0,09
Equino de 0,32 a 0,22
Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09
Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18
Porcino de carne o de 0,13 a 0,09
Porcino de cría de 0,26 a 0,18
Apicultura de 0,26 a 0,1




Los impuestos, tributos o sanciones provinciales se podrán pagar a través de «Bizum».

Los impuestos se podrán pagar a través del móvil por bizum. Foto: Pixabay.

“Hoy los liberales hemos conseguido el compromiso de la Diputación Provincial de Jaén para que en el próximo ejercicio, los jienenses que así lo deseen puedan pagar sus tributos, cuotas y sanciones municipales de forma sencilla desde su móvil”, ha explicado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Jaén, Ildefonso Ruiz, al término de la sesión plenaria celebrada ayer en el ente provincial.

De esta forma, Ruiz ha celebrado el respaldo unánime que han recibido las dos propuestas que Cs ha llevado a este pleno. Una de ellas tiene que ver con la incorporación de la plataforma ‘bizum’ al sistema de pago de impuestos y sanciones de tráfico en la provincia de Jaén, lo que va a permitir “modernizar los sistemas de pago de recibos, tributos y sanciones del servicio de recaudación” con el objetivo de “mejorar la calidad de atención y facilitar más y mejores recursos para el pago a los usuarios”.

“Estamos actualmente en pleno periodo voluntario de pago de tributos ordinarios y son cientos de miles los vecinos de Jaén que ya podrían estar haciendo el pago de esas obligaciones fiscales desde su teléfono móvil, como tantas otras gestiones ya se realizan desde los llamados teléfonos inteligentes”, ha apuntado el portavoz naranja, quien ha aplaudido que esta iniciativa de Ciudadanos haya obtenido el respaldo de todos los grupos, ya que va “a facilitar considerablemente los trámites de numerosos vecinos”




Empleo respaldó a los autónomos con 211.000 ayudas y 424 millones en los últimos dos años.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, clausuró el encuentro 'Fenómeno Autónomo en Andalucía'. Foto: Junta de Andalucía.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha clausurado el encuentro 'Fenómeno Autónomo en Andalucía', una jornada organizada por NTT Data en colaboración con Andalucía Emprende, con el objetivo de presentar el 'journey' o viaje del autónomo en su relación con la Junta de Andalucía, un diagnóstico que se ha realizado para conocer cómo es la experiencia que desarrolla un autónomo en cada una de las etapas por las que atraviesa en el transcurso de su negocio, en las que requiere o puede requerir, directa o indirectamente, del apoyo de la administración pública.

Rocío Blanco ha hecho un balance de la gestión de su consejería, destacando los más de 211.000 incentivos repartidos desde 2020 para ayudar a los trabajadores autónomos con más de 424 millones de euros, y ha anunciado la aprobación en el mes de mayo de nuevas ayudas ligadas a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el colectivo, con incentivos de 4.500 euros por autónomo en proyectos de transformación a la economía verde y digital y un presupuesto global de 33 millones de euros.

La consejera ha destacado también el importante incremento que se ha experimentado en la prestación de servicios de asesoramiento a los autónomos a través de Andalucía Emprende. En este sentido, ha señalado que han sido más de 115.800 las personas que han sido atendidas de manera personalizada, representando más de un 8% de todos los trabajadores por cuenta ajena que hay en Andalucía, y duplicando los resultados que se obtuvieron en el período de 2015 a 2018. Asimismo, ha resaltado que han sido más de 295.800 los servicios de información, atención y apoyo a autónomos prestados por el personal especializado de Andalucía Emprende para ayudar a este colectivo a crear nuevas empresas, cifra que triplica la alcanzada en el trienio anterior.

Media de resolución de tres meses.

La consejera de Empleo ha aprovechado su intervención para agradecer a todo el equipo de la Dirección General de Trabajo Autónomo y de Andalucía Emprende su implicación ya que "sin ellos todo esto no habría sido posible". Y es que la consejería ha conseguido repartir las ayudas directas a los autónomos en un tiempo récord "nunca visto en una Administración anterior". "En menos de tres meses, los autónomos con resoluciones favorables tenían ya a su disposición el incentivo otorgado por Empleo", ha añadido Blanco, quien también se ha congratulado de que Andalucía es "una de las comunidades autónomas del país donde el colectivo tiene mayores facilidades, según evalúan las organizaciones que lo representan".

Actualmente, Andalucía es líder del trabajo autónomo en España, siendo la comunidad autónoma con más afiliados al RETA (563.174) y la que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos doce meses, en los que ha sumado 12.534 nuevos autónomos.

El acto, que ha tenido lugar en la sede que la Cámara de Comercio tiene en el edificio Torre Sevilla, ha contado con la participación del secretario general de Empleo, Agustín González Romo, la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero, y la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles. Además, han participado representantes de ATA Andalucía y de NTT Data, consultora encargada de realizar el diagnóstico 'journey' del autónomo andaluz.

Según ha explicado González Romo, el objetivo de este diagnóstico ha sido el de realizar un mapeo de la experiencia del autónomo a la hora de relacionarse con la administración pública como herramienta clave para la mejora en la efectividad y el impacto de los servicios públicos. "Una herramienta innovadora de gestión interna para nuestra Administración, dirigida a poner en el centro de nuestras decisiones, de forma cercana, realista y práctica, al autónomo andaluz", ha señalado.

Principales conclusiones del diagnóstico.

Qué necesita un autónomo, cómo puede la administración pública ayudarle, cómo puede anticiparse a sus necesidades y aportar verdadero valor y qué tipo de actuaciones pueden mejorar de forma significativa su experiencia con ésta han sido los principales objetivos que se han perseguido con la elaboración de este trabajo, que se ha realizado de manera colaborativa, contando para ello con la participación de empleados públicos, gestorías, personas autónomas y equipo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Andalucía.

Empatía, agilidad y rapidez, un lenguaje claro y sencillo y que las competencias digitales no supongan una barrera en la relación de los autónomos con la administración pública son los principales desafíos que ésta aborda, según las principales conclusiones obtenidas de este estudio.

Así, por un lado se han identificado tres tipos de barrera en los autónomos en su relación con la administración pública: de entrada, referida al desconocimiento inicial con el que suele encontrarse el trabajador por cuenta propia y a la complejidad que considera que tienen trámites como darse de alta de autónomo; barreras en su relación diaria, relativas a las dificultades que suelen tener para entender el lenguaje habitualmente utilizado desde lo público, lo que les genera incertidumbre, desconcierto y preocupación; y barreras competenciales, que hacen referencia a las reducidas competencias digitales que suelen tener, lo que les dificulta el acceso, el uso y el mejor aprovechamiento de los servicios públicos.

Por otro lado, el estudio ha puesto de manifiesto cómo un asesoramiento cercano, personalizado y adecuado a las necesidades, intereses y expectativas del autónomo, un lenguaje claro y sencillo, empatía, agilidad y un acercamiento proactivo pueden mejorar de forma significativa la relación de la administración con los autónomos.

Perfil del autónomo.

Por último, el estudio ha fijado cuál es el perfil del autónomo andaluz, que territorialmente se concentra en términos absolutos en las provincias de Sevilla y Málaga (43,29% del total) y con una media de edad en la que predomina el tramo entre los 30 y los 59 años (79,75% de los trabajadores por cuenta propia). Completa el perfil una predominante presencia de hombres (64,05%) sobre las mujeres (35,95%) y en su mayoría no suelen tener asalariados a su cargo (un 80,84%) y han mantenido su negocio durante los últimos cinco años (55,04%).




Diputación abre hasta el 27 de abril una nueva línea de ayudas para autónomos dotada con casi 600.000 euros.

Varios empleados trabajan en una empresa. Foto: Pixabay.

La Diputación Provincial de Jaén ha vuelto a abrir una convocatoria de ayudas destinada al colectivo de autónomos, una línea de financiación que está dotada con casi 600.000 euros, lo que supondrá que se concedan un total de 200 incentivos de cerca de 3.000 euros cada uno para facilitar la puesta en marcha de un nuevo negocio por parte personas que residan en municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes. 

Las personas interesadas en acogerse a estas subvenciones, que se enmarcan en el Plan de Empleo y Empresa 2022 de la Administración provincial, tendrán de plazo hasta el 27 de abril próximo para solicitarlas.

Esta convocatoria, que impulsa la Diputación por octavo año consecutivo, está destinada a fomentar y facilitar el acceso al autoempleo de los trabajadores autónomos. Con ella, “volvemos a hacer un año más una fuerte apuesta por el colectivo de emprendedores, por aquellos que quieren hacer realidad una nueva idea de negocio o un nuevo proyecto empresarial en la provincia de Jaén”, destaca el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona. 
 
En este sentido, Carmona hace hincapié en que el fin último de estas ayudas es el de contribuir a “fijar a la población en el territorio, poniendo a su disposición una fuente de financiación importante que mejore sus expectativas, facilite la permanencia de una actividad empresarial o contribuya a consolidar el tejido productivo en los municipios menores de la provincia”.

Con estas subvenciones, desde la Diputación “establecemos un mecanismo que sirve para apoyar la creación de pequeñas empresas y apostamos por incrementar la densidad empresarial en nuestra provincia, haciéndola así más fuerte, más competitiva, con más actividad y con una mayor creación de empleo”. En esta tarea de “potenciar ese tejido empresarial jiennense”, la Administración provincial, “aunque no tiene ningún tipo de responsabilidad ni competencia en esta materia, ha puesto sobre la mesa en estos ocho años 5,4 millones de euros, de los que se han beneficiado unos 1.800 autónomos de 91 localidades jiennenses”, concluye Luis Miguel Carmona.




Transformación Económica alcanza los 16 millones de euros en incentivos para 246 proyectos empresariales jiennenses.

246 proyectos empresariales incentivados en Jaén. Foto: Antonio Marín.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha alcanzado los 246 proyectos empresariales incentivados en Jaén con 15,98 millones de euros a través del Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo. Las iniciativas comprometen una inversión subvencionable de 44 millones de euros, la creación de 197 empleos y el mantenimiento de 1.324. 

Este programa de subvenciones, cofinanciado con Fondos FEDER, apoya la creación de empresas, la mejora de la competitividad, la generación de empleo, la implantación de servicios avanzados y la transformación digital de las pymes. 

La mayoría de estos incentivos tiene como destino la mejora de la competitividad de las empresas jiennenses (73,3% de la ayuda aprobada), una tipología que también agrupa el mayor porcentaje de inversión promovida (77,5%), si bien es la línea de Transformación Digital de las Pymes la que acumula mayor número de proyectos (43,5%). Esto se explica porque esas iniciativas requieren menor inversión y, por tanto, el incentivo también es menor, pero significa que el salto a la economía digital es la prioridad para prácticamente una de cada dos empresas que se dirigen a la Junta en busca de incentivos empresariales.

Ese volumen global de 15,98 millones se incrementa con otros 229.500 euros para un nuevo proyecto aprobados por la Junta en la última comisión de valoración autonómica de la Agencia IDEA. Con este respaldo se busca mejorar la competitividad de una carpintería metálica de Guarromán, con la compra de una máquina de corte por láser de fibra. La inversión subvencionable asciende a 510.000 euros y compromete la creación de cinco empleos y el mantenimiento de 16 empleos.

El programa de subvenciones para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía se desarrolla en el marco de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, integrada a su vez en el Programa Operativo FEDER, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 




El Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa al sector de 450 millones.

Reunión del Gobierno con los transportistas. Foto: Pool Moncloa.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado, tras el acuerdo con los representantes de los Departamentos de Mercancías y Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que el Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por los operadores de productos petrolíferos, y que se aplicará a gasóleo, gasolina, gas y adblue. Esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte.

Se trata de una de las medidas concretas que se han materializado, tras el acuerdo alcanzado con los representantes del sector del transporte el pasado lunes, por la que se estima un ahorro de unos 700 euros por camión al mes y que tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los mercados.

Esta medida, junto a las ayudas directas al sector de 450 millones, supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros.

Esta es una de las medidas que el Gobierno ha presentado al sector del transporte por carretera dentro del plan de ayudas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania.

El paquete de medidas se ha acordado en la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), donde en representación del Gobierno han participado la vicepresidenta Primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Además del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, y la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo.

Por parte del sector profesional del transporte, han asistido los representantes de los Departamentos de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y de las asociaciones ASTIC, CETM, FENADISMER, FEINTRA, FETRANSA, FITRANS, ANATRANS, FVET, FETEIA, ATFRIE, UNO; y también los representantes del Departamento de Viajeros del CTNC que, en la reunión celebrada ayer con la ministra Raquel Sánchez, ya trasladaron las solicitudes urgentes del sector.

Estas medidas abarcan un conjunto completo con dos objetivos principales:

– Reducir de manera inmediata el precio de los combustibles usados por los transportistas.
– Apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector, incluyendo líneas de ayuda directa y mecanismos que garanticen la liquidez de las mismas.
– Medidas sociales dirigidas a garantizar protección social para los autónomos
– Medidas que sigan avanzando para reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, para mejorar la posición y competitividad de este sector

Dentro del primer grupo se incluye la citada bonificación al combustible que recibirán las empresas de transporte y cuyo acuerdo incluye la previsión de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ejerza un seguimiento de su implantación.

Dentro del segundo grupo, se encuentran las siguientes medidas:

– Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).
– Se incluirá una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años, y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata.
– Se establecerá una nueva línea de créditos al sector avalados por el ICO con 12 meses de carencia.
– Se establecerá la devolución mensual del combustible profesional desde abril, frente al período trimestral vigente actualmente, y puesta en marcha de un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual.

Dentro del conjunto de medidas sociales, dirigidas a garantizar la protección social para los autónomos, se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022.

En este sentido, el sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. Esta situación supone una incidencia social para la que el Ministerio destina una importante partida presupuestaria, con ayudas por autónomo de 30.000 euros y que, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad.

Y finalmente, dentro del conjunto de medidas dirigidas para reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, y así mejorar la posición y competitividad de este sector, se ha acordado acelerar uno de los compromisos adoptado el pasado mes de diciembre, de tal forma que antes del 31 de julio, Mitma presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector para, posteriormente, presentarlo al Consejo de Ministros.

El plan estratégico para el transporte más grande de la historia.

El acuerdo alcanzado hoy forma parte del Plan Estratégico para el transporte, el más grande de la historia, sumando al plan de ayudas inmediatas aprobado hoy el resto de actuaciones ya llevadas a cabo a lo largo de la legislatura.

Así, dentro del transporte de mercancías por carretera destaca el reciente Real Decreto ley 3/2022, aprobado por el Gobierno el pasado uno de marzo y recientemente convalidado en las cortes, y que contiene medidas como:

– La prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores, salvo en casos muy concretos como mudanzas, entrega de paquetes, grúas porta vehículos u otros similares.
– La limitación a 1 hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, con derecho a ser indemnizados si se excede de este límite.
– El refuerzo de la inspección de transporte, que contará con más medios para luchar contra el fraude, la competencia desleal y la defensa de las condiciones laborales de los conductores. De este modo, la inspección podrá también reforzar el control de las condiciones en las que operan en España las empresas de otros países de la Unión Europea.
– La inclusión obligatoria en todos los contratos de transporte de la cláusula de revisión de precios por la variación del precio del combustible, aplicando la fórmula que aprueba la Administración.
– La previsión legal para el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, que mejorará las condiciones de los transportistas.
– El mandato a MITMA para aprobar un estándar de zonas de carga y descarga en relación con las instalaciones y los servicios disponibles, tanto físicos como digitales, para impulsar las mejores condiciones y dotaciones para el bienestar de los conductores y la mejor operativa.
– El estudio para analizar la viabilidad de aplicar en el sector del transporte de mercancías por carretera los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria en relación con sus costes de producción, cuestión que el acuerdo presentado hoy avanza notablemente tal y como ya se ha indicado, con un primer borrador de texto presentado al Comité en un plazo de tres meses.

Todo ello sin olvidar el resto de medidas que no requieren su tramitación normativa, como el impulso por parte de MITMA de las subvenciones para la construcción y adecuación de aparcamientos seguros y con servicios disponibles para los conductores, con al menos 20 millones de euros, cuya convocatoria está prevista próximamente, o el diseño de un plan de conversión progresiva de los aparcamientos de vialidad invernal a aparcamientos seguros.

Además del real decreto ley anterior, y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno aprobó el pasado año la línea de ayudas para la renovación del material rodante dotada con hasta 400 millones de euros, para lo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya trasfirió en 2021 a las comunidades y ciudades autónomas los primeros 174 millones de euros que ya han permitido que varias comunidades autónomas ya hayan iniciado las convocatorias (País Vasco, Melilla, Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha, Baleares). Estas ayudas recogen tanto ayudas para achatarramiento de vehículos, como ayudas para compra de nuevo material como o implantación de infraestructura de recarga.

Y todo ello sin olvidar las próximas ayudas para digitalización del sector, capacitación digital, etc. que forman también parte del plan de recuperación.

El papel del sector.

El acuerdo, que será presentado por los miembros de Comité a sus asociaciones, deberá ser refrendado a lo largo del día de mañana por el sector para su entrada en vigor, de manera que se pueda recuperar la normalidad en un sector estratégico para España.

La vicepresidenta y las ministras han expresado de nuevo el compromiso del Gobierno con el sector, poniendo en valor el amplísimo plan de ayuda presentado hoy que se añade a las medidas ya aprobadas a lo largo de la presente legislatura, destacando también que España implantará el paquete de medidas en el mismo plazo que los países de nuestro entorno, teniendo en cuenta que el transporte profesional cuenta ya actualmente con la fiscalidad más baja de Europa.




Continúa en aumento el precio del aceite de oliva y las salidas al mercado.

Proceso de obtención de aceite de oliva en una almazara. Foto: ASAJA.

Según los últimos datos del sistema poolred a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, del 7 al 13 de marzo, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 3.605 euros/tonelada, el virgen de 3.520 y el lampante de 3.412. En cuanto a las operaciones, se registraron 152, con la salida de 14.487 toneladas.

En cuanto al picual de Jaén, el virgen extra fue de 3.606, el virgen de 3.521 y el lampante de 3.478. En este caso se realizaron 65 operaciones, con la salida de 6.413 toneladas.




El ministro Planas subraya que el Gobierno trabaja para garantizar los suministros y la seguridad alimentaria.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Foto: Pool Moncloa.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el Gobierno está respondiendo y actuando, en el seno de la Unión Europea, para paliar los efectos sobre el sector agroalimentario de la guerra en Ucrania.

El ministro ha indicado que en particular se están buscando alternativas que aseguren el abastecimiento de productos importados de este país como el maíz y el aceite de girasol, que junto a los fertilizantes constituyen las tres preocupaciones principales.

El ministro se ha referido en primer lugar al maíz, ya que España importa de Ucrania el 22 % de este producto, que se consume principalmente en la producción de piensos para alimentación animal. Planas ha recordado que España es uno de los países que ha solicitado a la Comisión Europea que se flexibilicen los criterios de importación para facilitar la llegada de maíz desde terceros países, y que se autorice también la ampliación de las superficies de cultivo de forma excepcional dentro de la Unión, siempre con garantías para la seguridad alimentaria.

Con respecto al otro producto más importado de Ucrania, el aceite de girasol, el ministro ha asegurado que se van a buscar otros mercados suministradores, si bien en España «tenemos la suerte de ser el primer productor mundial de aceite de oliva, más un 45 % del total, por lo que no tenemos un problema de grasas vegetales». En cuando a los fertilizantes, cuya producción está muy vinculada al gas, Planas ha recordado que el 50 % de estos productos que se consumen en España son de producción nacional.




La Consejería de Agricultura pide al Gobierno de España que baje los impuestos al campo de Jaén.

La delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solicita al Gobierno de España que sea sensible a las dificultades que atraviesan los agricultores y ganaderos jiennenses debido al incremento de los precios de la energía, de las materias primas y a la dura sequía que atraviesan y rebaje los impuestos en el campo de Jaén. La delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, reclama una caída de los módulos generalizados para los agricultores y ganaderos y una bajada de tipos específica para el olivar. Además, indica que la reducción contempla una bajada de los módulos que es sensible a determinados cultivos y también a municipios que han sufrido adversidades específicas en la provincia, como son las tormentas.

Soledad Aranda afirma que continúan atendiendo los compromisos con agricultores y ganaderos. “Hemos pedido al Gobierno de España que reduzca de forma generalizada los índices de rendimiento neto aplicables a las actividades agrarias. Lo hacemos porque han sufrido importantes descensos en cuanto al rendimiento económico y es necesaria una reducción generalizada del 50% de los índices de rendimiento neto para todo el sector agrario basado por el incremento de las materias primas, así como el encarecimiento de la energía. También demandamos una reducción adicional para sector específicos especialmente afectados por la sequía o por la baja remuneración de los productos. Asimismo, existe un tercer bloque para municipios concretos”, afirma la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En el caso concreto de Jaén, también se demanda que cultivos como el almendro obtengan una reducción que va desde el 65 a más del 90% en los índices de rendimiento en municipios como Baeza, Rus, Úbeda, Mengíbar, Lupión, Lopera, Begíjar, Jódar, Alcalá la Real, Villacarrillo, Pozo Alcón o Ibros, entre otros, debido a las tormentas que ocasionaron la pérdida de la flor en estos cultivos y, consecuentemente, una caída de la rentabilidad. Asimismo, en el caso del albaricoque, caqui, ciruela y nectarina se pide una reducción para Andújar del 90%, mientras que en el olivo se reclama una reducción del 70% y que la provincia se regule por un índice del 0,10% en vez del 0,26%. “Es muy importante que se atienda por parte del Gobierno de España esta petición porque los agricultores y ganaderos ya sufren muchas cuestiones negativas por la subida de los precios en la energía, las semillas, el agua o la escasez de precipitaciones. Es el momento de apoyar a nuestros agricultores y ganaderos y el Gobierno de España tiene que ser sensible, al igual que lo hace la Junta de Andalucía”, afirma Soledad Aranda.

Precisamente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible presentó al Consejo de Gobierno un informe relativo a su petición de una reducción generalizada de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF aplicables a las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2021 por causas extraordinarias. La Junta de Andalucía ha realizado esta solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ser el encargado de elaborar un documento que recogen estas peticiones a nivel nacional para trasladarlas al Ministerio de Hacienda, departamento competente en la materia.

Tras consensuarlo con los representantes de las organizaciones agrarias andaluzas, el Gobierno andaluz ha establecido tres bloques de reducción acumulable. Inicialmente se propone una reducción de aplicación general para todos los sectores en toda Andalucía que supondría rebajar los módulos en un 50%. El segundo bloque suma a este porcentaje otras rebajas concretas atendiendo a cada sector y cada causa específica del recorte de rentabilidad. Y, por último, se apunta que determinados municipios y provincias que han registrado en 2021 causas específicas, plagas o adversidades climáticas que han incidido en su productividad cuenten con unos módulos aún menores.

La petición de la Junta de una reducción generalizada del 50% de los índices de rendimiento netos para todo el sector agrario andaluz se basa, principalmente, en el impacto que ha tenido sobre los agricultores y ganaderos el inusual incremento de los insumos empleados en la actividad agraria, tanto en relación a las materias primas como en el ámbito energético. La subida de estos costes ha repercutido en las cuentas de las explotaciones andaluzas acentuando la situación de pérdida de poder adquisitivo que ya venían padeciendo los profesionales del campo.

Por ejemplo, en el último año se han encarecido los piensos para el ganado (cerca de un 30% más), las semillas (+20%), los abonos (48%) el agua (+33%), los plásticos para invernadero (+46%), el gasóleo (+73%) y la energía eléctrica (+270%). Asimismo, el precio de las materias primas para la elaboración de pienso (maíz, trigo y cebada) se ha incrementado en una media del 28% respecto a 2020 en un año en que, debido a las escasas precipitaciones, ha aumentado la necesidad de este tipo de alimentación para el ganado.

A esta subida de los costes de producción se suman, además, los efectos de la sequía y la baja remuneración que reciben los agricultores y ganaderos. El precio de los productos agrarios se ha incrementado tan solo en un 1,11 puntos respecto a 2015, que es la referencia fijada para estos cálculos, por lo que estos profesionales no han podido compensar el incremento de los medios de producción a través de esta vía.

Reducción adicional para sectores específicos.

El vacuno de leche y la apicultura se encuentran entre los subsectores a los que el Gobierno andaluz considera necesario aplicar un descenso adicional a la reducción general del 50% que se propone para todas las actividades agrarias de 2021. Para ellos, la Consejería de Agricultura reclama un descenso del 100% del índice de rendimiento neto (hasta quedar en cero) al entender que han sufrido consecuencias especialmente graves derivadas de la sequía, del aumento de los costes de producción y del incremento del precio de las materias primas para alimentación animal. Para el resto de actividades ganaderas, la Junta solicita al Ministerio un módulo de IRPF que, en función de la actividad concreta que se desempeñe, varía entre los 0,03 y los 0,07.

Por otro lado, la Junta pide al Ministerio que se establezca un módulo de 0,10 para los cereales, las leguminosas, las oleaginosas, los frutos secos y el olivo, cultivos a los que ha afectado en gran medida la escasez de recursos hídricos de 2021 y que, en el caso del olivar, también ha sufrido estragos por episodios de granizo.

Asimismo, desde Andalucía se reclama esta misma cantidad como índice de rendimiento neto para los productos hortícolas de invernadero, una producción afectada por la borrasca Filomena, problemas fitosanitarios y crisis de precios; así como para los cítricos, que han registrado bajos precios durante el año pasado debido, en buena parte, por la coincidencia en el mercado de los frutos andaluces con la producción de terceros países.

Cultivos especialmente afectados en lugares concretos.

El informe de la Consejería de Agricultura recoge también situaciones particulares en determinados cultivos y municipios de Andalucía que, por su especial situación, cuentan con un tratamiento específico y una solicitud de rebaja de módulos aún mayor. En concreto, se trata de localidades donde al menos el 30% del rendimiento a nivel municipal se ha visto afectado por diversas razones que han repercutido en la rentabilidad de sus explotaciones en 2021.

Por otro lado, la Junta pide también al Gobierno central la disminución de los índices de rendimiento neto de la almendra de las provincias de Almería, Granada y Jaén entre los 0,09 a 0,03 según la situación de cada municipio. Las explotaciones de varias zonas almerienses (Los Vélez y Alto Almanzora), granadinas (Baza, Huéscar y Guadix) y jiennenses (Cazorla, Úbeda y Alcalá la Real) ha perdido parte de su producción debido a las bajas temperaturas registradas en 2021 y que llegaron incluso a producir heladas en las flores y frutos.




El paro sube en febrero en Andalucía un 0,55% impulsado por el fin de campañas agrícolas.

Oficina de Empleo de Porcuna. Foto: Antonio Marín.

El paro subió en Andalucía en 4.394 personas (0,55%) en febrero, un incremento estacional debido al fin de las contrataciones ligadas a la campaña agrícola del aceite, focalizada fundamentalmente en la provincia de Jaén, que originan que el paro se haya incrementado siempre en este mes en los últimos 14 años. Con este registro, la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad autónoma en 809.959 personas. En España, el paro se redujo en -11.394 personas (-0,36%).

En los últimos 12 meses, el desempleo descendió fuertemente en Andalucía en 192.145 personas (-19,17%), el mayor descenso del paro interanual de toda la serie estadística, tanto en términos absolutos como en relativos. Por su parte, el descenso español fue de 897.105 personas (-22,38%). Andalucía fue la comunidad, en el cómputo interanual, en la que más bajó el paro en términos absolutos, aportando uno de cada cinco parados menos a nivel nacional.

El incremento mensual del paro andaluz recayó principalmente en la agricultura que, con 6.138 parados más (9,50%) supera en solitario la subida global del paro, seguido del colectivo sin empleo anterior (2.362 personas, 2,96%). Sin embargo, en el resto de sectores productivos se redujo el paro: servicios (-2.239 parados, -0,41%), construcción (-1.633 personas, -2,22%) y la industria (-234 parados, -0,50%).

En relación al mismo mes del año anterior, el descenso del paro fue general en todos los sectores: -27,60% entre el colectivo sin empleo anterior, -18,57% en los servicios, -18,47% en la industria, -17,76% en la construcción y -14,42% en la agricultura.

Por sexos, el paro se incrementó el pasado mes de febrero un 0,86% entre los hombres y 0,33% entre las mujeres. Respecto a febrero de 2021 bajó un -21,71% en el colectivo masculino y un -17,35% en el femenino.

Por edades, el paro bajó un -0,04% en los mayores de 45 años y se incrementó un 5,51% entre los menores de 25 años y un 0,30% en el grupo de entre 25 y 44 años. En términos interanuales, bajó un -31,24% en los menores de 25 años, -25,51% en el colectivo de entre 25 y 44 años y -10,36% en los mayores de 45 años.

Datos provincializados.

El paro descendió el pasado mes en las provincias de Huelva (-4,79%), Málaga (-0,93%) y Cádiz (-0,51%), y se incrementó en el resto: Jaén (10,72%), Granada (1,75%), Córdoba (1,71%), Almería (1,64%) y Sevilla (0,23%).

Con respecto a febrero del año anterior, el paro bajó en todas las provincias: Málaga (-24,28%), Huelva (-21,58%), Granada (-19,69%), Cádiz (-18,45%), Sevilla (-18,31%), Almería (-17,68%), Córdoba (-16,86%) y Jaén (-8,42%).

Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 348.382 contratos, lo que representa un descenso de -19,44% con respecto al mes anterior y un incremento del 2,42% con respecto a febrero de 2021.

Seguridad Social.

Con respecto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, febrero se cerró con un descenso de -855 cotizantes en Andalucía, hasta situarse el número total en la comunidad en 3.221.354 personas (-0,03% en comparación con el anterior mes).

En los últimos doce meses, la afiliación en Andalucía creció en 126.082 cotizantes, un incremento de un 4,07%. La comunidad es la tercera en la que más suben los afiliados en el conjunto del país, que registra un incremento de 844.160 cotizantes (4,48%).

Autónomos.

En febrero, suben los autónomos en Andalucía en 628 personas (0,11%), de manera que la comunidad sigue siendo la que cuenta con un mayor número de autónomos del país. En España, se registra también una subida de la afiliación al RETA en 3.423 personas (0,10%). El incremento andaluz es ligeramente superior al nacional, aportando un 18% de los nuevos afiliados.

En el último año, Andalucía aumenta su afiliación al RETA en 13.625 personas.




Andalucía se sitúa cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea en implantación digital.

Una joven consulta su ordenador portátil. Foto: Pixabay.

Andalucía se sitúa por encima de la media europea en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2021 elaborado por la Comisión Europea, con una puntuación de 54,7 (sobre 100), cuatro puntos más que el valor que arroja el indicador para el conjunto de la Unión Europea de los 27, que se sitúa en el nivel 50,7. Así se extrae del portal de digitalización y sociedad digital del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

De acuerdo con este indicador, la comunidad mejora, además, su evolución con respecto a los dos años precedentes, concretamente 4,8 puntos respecto a 2020 y 7,4 respecto a 2019.

El índice DESI, elaborado por la Comisión Europea, mide el rendimiento general de los países europeos en el ámbito digital. El IECA ha calculado su valor para Andalucía, siguiendo la misma metodología. Este indicador se configura a partir de la medición de cinco componentes: capital humano, conectividad, integración de la tecnología digital en las empresas y servicios públicos digitales; alcanzando la comunidad en muchos de ellos una nota superior a la del conjunto de países de la UE. La conectividad y los servicios públicos digitales son las dimensiones más desarrolladas.

En conectividad, donde se tiene en cuenta el despliegue de fibra óptica hasta el hogar, la región alcanza un valor de 15,3 (sobre 25) frente al 12,5 de la media europea. El valor andaluz es muy similar al presentado por la media nacional, que se establece en un 15,5. También en servicios públicos digitales, área que mide niveles de Administración electrónica, datos abiertos y servicios digitales del sector público para ciudadanos y empresas, Andalucía arroja un saldo positivo, con 20 puntos (sobre 25) frente a los 17 de la UE. En España, la puntuación se asemeja prácticamente a la autonómica, con 20,2.

La comunidad dista más de Europa en aspectos relacionados con la integración de las tecnologías digitales, que analiza el comportamiento digital de las empresas en áreas como comunicación y comercio electrónico o el uso de redes sociales. En este apartado suma 8,7 puntos (sobre 25) frente a los 9,4 de la media europea y los 9,7 de la media nacional. En el caso del capital humano, ámbito que tiene en cuenta indicadores sobre competencias digitales, graduados y especialistas en Tecnologías de la Información, la diferencia es de algo más de un punto, obteniendo la región una puntuación de 10,6 (sobre 25) frente a los 11,8 europeos y los 12,1 de España.

Portal sobre transformación digital.

Esta web del IECA tiene como objetivo recopilar información relativa a la digitalización, el uso de nuevas tecnologías y diversos indicadores que dan cuenta del grado de penetración de la dimensión digital en ámbitos nucleares de la sociedad como son la economía, la educación, la Administración, el mercado de trabajo o los hogares.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha acelerado la transformación digital ya iniciada en los últimos años, modificando sustancialmente las formas de interactuar, trabajar y producir de las personas, las empresas y los gobiernos. De ahí la necesidad de profundizar en este aspecto emergente que caracteriza a la realidad andaluza. Precisamente, este es uno de los objetivos del proyecto de Ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027, que ampliará el análisis de datos y de información para profundizar en este ámbito y en otros como el cambio climático o la economía circular.

Este portal sobre digitalización y transformación digital también refleja el peso de los estudios STEM (siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en los últimos años en Andalucía, donde ha pasado de 21,4% del total de egresados en 2012 a 20,4% en 2019. Las materias relacionadas con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han pasado de representar el 3,2% al 2%. Las ingenierías también han visto reducir su peso en el total de egresados, pasando de 11,7% a 10,3%. Por contra, las materias de ciencias han visto aumentar su importancia 1,6 puntos pasando de 6,5% a 8,1%.

Por otro lado, también se da relevancia a otros indicadores, como es el número de hogares con acceso a internet, que alcanza el 94,7%, un 78,3% más que hace una década. Por otro lado, el número de viviendas andaluzas con algún tipo de ordenador es actualmente de un 76,8%, mientras que en 2010 ese porcentaje era de un 50,6%. Además, internet es utilizado diariamente por el 84% de los andaluces, porcentaje que duplica el de hace diez años.

El portal también incluye otra información relativa a la digitalización en otros ámbitos como empresas, comercio electrónico, Administración electrónica, mercado de trabajo, turismo y cuentas económicas. Esta web se puede consultar en la siguiente dirección web: https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/digitalizacion-sociedad-digital/index.htm.




Planas solicita a la Comisión Europea medidas para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario.

El ministro de Agricultura, Luis Planas. Foto: Pool Moncloa.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado importante que el Consejo de Ministros de la Unión Europea haya abordado la difícil situación que atraviesa el sector agrario, provocada por la escalada de los costes de producción, a la que se suman los efectos de la sequía, principalmente del sur de Europa.

Luis Planas ha participado, en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, en el que se ha guardado un minuto de silencio en solidaridad con las familias de los fallecidos y desaparecidos en el hundimiento del buque pesquero "Villa de Pitanxo" y como muestra de apoyo al conjunto del sector pesquero. En España hoy se ha declarado día de luto oficial.

Planas ha precisado que España y Portugal han presentado a la Comisión Europea un documento que recoge algunas propuestas concretas para paliar los efectos de la sequía en la rentabilidad de las explotaciones. Así, ha mencionado que España solicitará el aumento del porcentaje del anticipo de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) del año 2022, la introducción de excepciones en la práctica de diversificación de cultivos, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan conceder ayudas a los productores más afectados, a través de los fondos para el desarrollo rural, o activar, si fuera necesario, algunas de las medidas previstas en la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA). 

El ministro ha valorado que la Comisión Europea se haya mostrado dispuesta a analizar algunas de estas medidas como, por ejemplo, incrementar el anticipo de las ayudas o activar causas de fuerza mayor.

Ha señalado que, en lo que llevamos de año hidrológico -de octubre 2021 a febrero 2022- la pluviometría ha descendido de forma significativa y que ante la previsiones de escasez de precipitaciones en los próximos meses, el ministerio convocará la denominada Mesa de la Sequía "para analizar la situación con el conjunto del sector y las comunidades autónomas y plantear posibles medidas que se sumen a las solicitadas a nivel europeo".




Andalucía solicita una reducción de módulos en el IRPF por la subida de costes en el campo.

Reducción de impuestos por la subida de costes en el campo. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado al Consejo de Gobierno un informe relativo a su petición de una reducción generalizada de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF aplicables a las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2021 por causas extraordinarias. 

La Junta de Andalucía ha realizado esta solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ser el encargado de elaborar un documento que recogen estas peticiones a nivel nacional para trasladarlas al Ministerio de Hacienda, departamento competente en la materia.

Tras consensuarlo con los representantes de las organizaciones agrarias, el Gobierno andaluz ha establecido tres bloques de reducción acumulable. Inicialmente se propone una reducción de aplicación general para todos los sectores en toda Andalucía que supondría rebajar los módulos en un 50%. El segundo bloque suma a este porcentaje otras rebajas concretas atendiendo a cada sector y cada causa específica del recorte de rentabilidad. Y, por último, se apunta que determinados municipios y provincias que han registrado en 2021 episodios concretos, plagas o adversidades climáticas que han incidido en su productividad cuenten con unos módulos aún menores.

La petición de la Junta de una reducción generalizada del 50% de los índices de rendimiento netos para todo el sector agrario andaluz se basa, principalmente, en el impacto que ha tenido sobre los agricultores y ganaderos el inusual incremento de los insumos empleados en la actividad agraria, tanto en relación con las materias primas como en el ámbito energético. La subida de estos costes ha repercutido en las cuentas de las explotaciones andaluzas acentuando la situación de pérdida de poder adquisitivo que ya venían padeciendo los profesionales del campo.

Por ejemplo, en el último año se han encarecido los piensos para el ganado (cerca de un 30% más), las semillas (+20%), los abonos (+48%) el agua (+33%), los plásticos para invernadero (+46%), el gasóleo (+73%) y la energía eléctrica (+270%). Asimismo, el precio de las materias primas para la elaboración de pienso (maíz, trigo y cebada) se ha incrementado en una media del 28% respecto a 2020 en un año en que, debido a las escasas precipitaciones, ha aumentado la necesidad de este tipo de alimentación para el ganado.

A esta subida de los costes de producción se suman, además, los efectos de la sequía y la baja remuneración que reciben los agricultores y ganaderos. El precio de los productos agrarios se ha incrementado tan solo en 1,11 puntos respecto a 2015, que es la referencia fijada para estos cálculos, por lo que estos profesionales no han podido compensar el incremento de los medios de producción a través de esta vía.

Reducción adicional para sectores específicos.

El vacuno de leche y la apicultura se encuentran entre los subsectores a los que el Gobierno andaluz considera necesario aplicar un descenso adicional a la reducción general del 50% que se propone para todas las actividades agrarias de 2021. Para ellos, la Consejería de Agricultura reclama un descenso del 100% del índice de rendimiento neto (hasta quedar en cero), al entender que han sufrido consecuencias especialmente graves derivadas de la sequía, del aumento de los costes de producción y del incremento del precio de las materias primas para alimentación animal. Para el resto de la actividad ganadera, la Junta solicita al Ministerio un módulo de IRPF que, en función de la actividad concreta que se desempeñe, varía entre los 0,03 y los 0,07.

Por otro lado, la Junta pide al Ejecutivo central que se establezca un módulo de 0,10 para los cereales, las leguminosas, las oleaginosas, los frutos secos y el olivo, cultivos a los que ha afectado en gran medida la escasez de recursos hídricos de 2021 y que, en el caso del olivar, también ha sufrido estragos por episodios de granizo.

Asimismo, desde Andalucía se reclama esta misma cantidad como índice de rendimiento neto para los productos hortícolas de invernadero, una producción afectada por la borrasca Filomena, problemas fitosanitarios y crisis de precios; así como para los cítricos, que han registrado bajos precios durante el año pasado debido, en buena parte, por la coincidencia en el mercado de los frutos andaluces con la producción de terceros países.

Cultivos especialmente afectados en lugares concretos.

El informe de la Consejería de Agricultura recoge también situaciones particulares en determinados cultivos y municipios de Andalucía que, por su especial situación, cuentan con un tratamiento específico y una solicitud de rebaja de módulos aún mayor. En concreto, se trata de localidades donde al menos el 30% del rendimiento a nivel municipal se ha visto afectado por diversas razones que han repercutido en la rentabilidad de sus explotaciones en 2021.

El arroz de la provincia de Sevilla es uno de los cultivos más afectados por la disminución de la disponibilidad de agua para riego durante el año pasado, que supuso una reducción de la superficie cultivada hasta el 50% de la extensión de campañas anteriores. Esta circunstancia se ha sumado al mantenimiento de los costes fijos de producción de las explotaciones arroceras, por lo que estos agricultores han registrado una pérdida de rentabilidad que, a juicio del Gobierno andaluz, justifica el establecimiento de un módulo de IRPF de 0,08 para el ejercicio de 2021.

Por otro lado, la Junta pide también al Gobierno central la disminución de los índices de rendimiento neto de la almendra de las provincias de Almería, Granada y Jaén entre los 0,09 a 0,03 según la situación de cada municipio. Las explotaciones de varias zonas almerienses (Los Vélez y Alto Almanzora), granadinas (Baza, Huéscar y Guadix) y jiennenses (Cazorla, Úbeda y Alcalá la Real) ha perdido parte de su producción debido a las bajas temperaturas registradas en 2021 y que llegaron incluso a producir heladas en las flores y frutos.

En el caso del castaño de Málaga y Huelva, los problemas derivan de la sequía y de plagas o enfermedades vegetales, y se solicita un módulo de 0,07 y 0,09, respectivamente.

Para los cereales y oleaginosas de las localidades cordobesas de Baena, Villafranca de Córdoba y El Carpio, afectadas por granizo, se solicita un índice de 0,09; y a nivel general para toda la provincia cordobesa, el Gobierno andaluz ha propuesto también una reducción hasta el 0,09 para el trigo, la cebada, la avena, la colza y el garbanzo, cultivos donde la sequía ha causado en 2021 una bajada de la producción.

La flor cortada de Sevilla y Cádiz es uno de los sectores más afectados por la crisis de la Covid-19 cuyas consecuencias se han sumado en 2021 a los daños por plagas y los incrementos de costes de producción. Por esta razón, la Consejería de Agricultura propone para 2021 un módulo de IRPF de 0,11 para las explotaciones gaditanas de Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda y las fincas sevillanas ubicadas en Lebrija, Las Cabezas de San Juan y El Cuervo. Además, Andalucía defiende la oportunidad de revisar este módulo para próximas anualidades.

Por último, la escasez de recursos hídricos ha afectado en gran medida al rendimiento de las explotaciones algodoneras de Tarifa (Cádiz) y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para los que se propone un índice de 0,13, y Salteras, localidad sevillana para la que se solicita que el módulo quede establecido en 0,10 para 2021. Al igual que en el caso de la flor cortada, el Gobierno andaluz considera también conveniente una revisión de este índice a la baja para próximas anualidades.




Buenos datos de producción de aceite de oliva gracias a un rendimiento graso superior al previsto.

Terrenos de olivar en Lopera. Foto: Antonio Marín.

El responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha señalado su satisfacción porque gracias a unos rendimientos grasos superiores a lo estimado finalmente se alcanzará la producción de aceite prevista en el aforo de la Junta de Andalucía, a pesar de que la cantidad de fruto haya sido menor debido a la sequía.

Así se pone de manifiesto en los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que recogen que la producción de aceite en España hasta el 31 de enero fue de 1.339.265 toneladas de aceite, en Andalucía 1.020.664 toneladas, y en Jaén 452.153 toneladas.

En el aforo, presentado por la Consejería de Agricultura en Andalucía, las previsiones para Andalucía eran de 1.050.300 toneladas y 480.000 en Jaén, cifras que se podrán alcanzar a falta de contabilizar la producción del mes de febrero, aunque la campaña esté prácticamente finalizada.

Los rendimientos grasos obtenidos en esta campaña han rondado de media el 23%, en algunos lugares incluso superiores, mientras que en el aforo, el rendimiento estimado era del 21%. Datos lejanos a los de la anterior campaña 2020/2021, cuando fueron de alrededor del 17%.

De cara a la próxima campaña hay que tener en cuenta la falta de precipitaciones que ya se está dejando notar en el olivar y que podría dar lugar a una campaña bastante mermada lo que se une a unas existencias de aceite bastante justas para abastecer el mercado.

A 31 de enero, según los datos del Ministerio, había un total de 1.331.950,44 toneladas de aceite, de las cuales 1.005.630 toneladas estaban en manos de los productores; 39.581 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero y 286.737 toneladas de aceite en las envasadoras.




La subdelegada informa de que el periodo de rebusca comenzará el próximo 20 de febrero tras constatar que la campaña está prácticamente finalizada.

Aceitunas en un olivar de Lopera. Foto: Antonio Marín.

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha anunciado que el periodo de la rebusca de aceituna comenzará el próximo 20 de febrero, “una vez que se ha constatado que la campaña de recolección está prácticamente finalizada”. 

La fecha se ha adoptado tras una reunión mantenida con la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Soledad Aranda, y un encuentro previo con representes de los almazareros, a los que se las ha explicado cómo está funcionando el dispositivo de trabajo de la Guardia Civil.

La subdelegada ha puesto de relieve que, durante toda la campaña de recogida de la aceituna, el Gobierno de España ha trabajado en el ámbito de sus competencias de seguridad, con un dispositivo especial diseñado para evitar los robos en el campo. “Ese operativo se mantiene en este final de campaña e, incluso, se intensifica, ya que los responsables de la Comandancia constataron que el año pasado se produjo un notable incremento de las denuncias por robo en el campo una vez que comenzó el periodo de rebusca”, ha explicado Catalina Madueño.

Hay que recordar que, por segundo año consecutivo, sigueestando en vigor el Documento de Acompañamiento en el Transporte (DAT), una normativa que se utiliza para acreditar la procedencia del fruto. “Los responsables de la Junta nos ha insistido en la importancia de esta norma, que tiene su base en la Ley de Seguridad Alimentaria, para asegurar la trazabilidad y, por lo tanto, la calidad del aceite de oliva que se consume. Como no podía ser de otro modo, la labor de la Guardia Civil consiste en auxiliar a la Administración autonómica para su cumplimiento, es decir, controlar que toda la aceituna que se lleve a las almazaras cuente con el soporte documental debido que acredite su procedencia”, ha explicado la subdelegada.

Catalina Madueño ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, controlarán que el DAT esté correctamente cumplimentado por parte del rebuscador cuando transporte y entregue la aceituna en la almazara. En ese documento debe constar la finca de procedencia del producto. Ha recordado, además, que el DAT debe ser generado por el agricultor o el rebuscador (uno por cada porte), debe estar siempre disponible y el destinatario de la mercancía (almazaras y puestos de recepción de aceituna) debe conservar el formulario durante un periodo de cinco años. Al respecto, la subdelegada ha explicado que se intensificará la presencia de los agentes en los lugares de compra del fruto para dar respuesta a las inquietudes planteadas por los responsables del sector.

La subdelegada ha señalado que la coordinación y cooperación entre administraciones ha funcionado muy bien en esta materia y ha asegurado que se mantiene un canal de colaboración abierto con la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Ganadería para aclarar cualquier cuestión que puede generar dudas con respecto al periodo de rebusca. “Se han unificado los criterios para que los agricultores, los responsables de las almazaras y los propios rebuscadores recuerden cómo está funcionando el mecanismo del DAT y la necesidad de acreditar la procedencia. La normativa de la administración autonómica, de la Junta, nos dice que hay que mantener la trazabilidad del aceite de oliva desde el origen hasta el final y el Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, colabora para el control del cumplimiento de este marco legal”, ha aclarado.

Con respecto a la fecha del comienzo de la rebusca, se ha decidido fijar el próximo 20 de febrero, ya que la campaña de recolección está prácticamente terminada. “La Junta no has trasladado que está concluida aproximadamente al 90 por ciento. Este año, ha habido buen tiempo, por lo que se ha desarrollado con mucha rapidez y se ha adelantado todo el proceso de recogida. Pensamos que, a lo largo de las próximas dos semanas, se pueden terminar las labores en prácticamente toda la provincia”, ha concluido Catalina Madueño.




La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta de que aumentarán las restricciones de riego por la situación de sequía.

El Arroyo Salado a su paso por el término de Lopera. Foto: Antonio Marín.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha advertido de que se van a aumentar las restricciones para la campaña de riego, unas limitaciones que ya se vieron incrementadas en 2021 ante la escasez de lluvias y que volverán a hacerlo este año debido a que ha comenzado «peor» que el pasado y que la situación de sequía es «preocupante». Así lo ha informado a preguntas de los periodistas el presidente de la CHG, Joaquín Páez, y recoge Agrónoma. Páez ha indicado que se está trabajando de cara al próximo 15 de febrero para abordar la primera Comisión de Desembalse de 2022 y hacer la planificación para la campaña de riego «que va a ser complicada».

«El año pasado hubo reducciones de hasta un 50% y podrían verse incrementadas estas restricciones si no aparecen precipitaciones porque estamos peor. Vamos a ver cómo planificamos el recurso existente de cara a satisfacer las demandas de los usuarios», ha relatado Páez.

En esta línea, ha calificado de «preocupante» la situación que vive actualmente la Cuenca del Guadalquivir en este inicio de año hidrológico porque está siendo «especialmente seco», «un 30% más desde el 1 de octubre que la media de los últimos 25 años».

«Las perspectivas a corto plazo son malas y espero que las previsiones se equivoquen en este caso y que comiencen las precipitaciones», ha manifestado.

El presidente ha señalado que se sigue trabajando en la Comisión de Sequía que se constituyó a raíz de la declaración de sequía extraordinaria y que «ya se ha enviado» al Ministerio el borrador de Real Decreto Ley.

Preguntado por las medidas que se están tomando, el portavoz de la CHG ha detallado que «ya se han coordinado» con todos los sistemas de abastecimiento para que «den garantía a los ciudadanos».

«Hemos reservado 400 hectómetros cúbicos de cara a que el abastecimiento siga como hasta ahora y está garantizado de dos a tres años. Además, hemos propuesto una serie de obras de emergencia, todas de cara a garantizar el abastecimiento», ha declarado.



La campaña de la aceituna entra en su recta final.

Los loperanos ultiman la campaña de la aceituna. Foto: Antonio Marín.

La recolección de la aceituna enfila su recta final en esta campaña, caracterizada porque se ha desarrollado con algunas interrupciones por la lluvia, y se calcula que según las zonas se ha recolectado ya entre un 70% y 80% de la aceituna.

La campaña de la recolección de la aceituna suele comenzar en los primeros días de diciembre para llegar a su conclusión, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, aproximadamente en febrero, gracias al alto grado de mecanización que se ha producido en los últimos años.

Las organizaciones agrarias calculan que pueden faltar aproximadamente entre una y dos semanas de trabajo en esta campaña oleícola 2021/2022. Hace falta que el buen tiempo acompañe.



Los olivareros de Lopera realizan un paro agrario por la reforma de la PAC y por el aumento de los costes de producción.

Concentración a las puertas de la Cooperativa La Loperana. Foto: Antonio Marín.

Los olivareros de Lopera han realizado hoy un paro agrario por la repercusión de la reforma de la PAC y por el aumento de los costes de producción. A las puertas de las Cooperativa Oleícola "La Loperana" y la Cooperativa "Desarrollo Loperano" se han concentrado agricultores de Lopera, de 10.00 a 12.00 horas de la mañana.  

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva han convocado este paro agrario en toda la provincia de Jaén en plena recolección de la aceituna.  

Concentración a las puertas de la Cooperativa Desarrollo Loperano. Foto: Antonio Marín.



El sector olivarero convoca un paro agrario el 20 de enero contra la tormenta perfecta de la PAC y los costes de producción.

Campos de olivar en Lopera. Foto: Antonio Marín.

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva, convocan un paro agrario en Jaén el próximo 20 de enero contra las cuantiosas pérdidas de la PAC, a lo que se unen los costes de producción. De hecho, la nueva PAC en Jaén será una auténtica catástrofe, ya que hay agricultores y ganaderos que perderán ayudas en comarcas como La Loma, Cazorla, Segura y el Condado.

Representantes de las cinco entidades han comparecido en rueda de prensa, celebrada ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén al aire libre para cumplir las medidas anti Covid, para hacer un llamamiento a toda la sociedad jiennense y a todos los olivareros y agricultores en general para que secunden el paro y se concentren a las puertas de las cooperativas y almazaras de la provincia el día 20 de enero entre las 10:00 y las 12:00 horas. Las organizaciones han optado por un paro agrario y concentraciones ante las cooperativas y almazaras obligadas por la situación sanitaria actual que ha dado lugar también a la desconvocatoria de la gran manifestación de Sevilla y al aplazamiento de grandes manifestaciones como estaban previstas.

Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA, ha afirmado: “Hemos tenido que hacer algo muy mal para que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros margine así al sector primario de Jaén. La ministra de Transición Ecológica con el agua, ya que a través del borrador del nuevo Plan Hidrológico nos deja sin opciones para garantizarla; con el de Agricultura será la primera vez que en una negociación de la PAC salga dinero de la provincia, lo que afectará a las comarcas más deprimidas; las declaraciones del de Consumo afectan sobremanera a Jaén, donde el 50% de la superficie tiene vocación forestal y por tanto ganadera, y para rematar la ministra de Trabajo nos sube el SMI y olvida con la reforma laboral que las faenas agrícolas son circunstanciales.

El secretario general de COAG Jaén ha justificado el paro agrario para protestar por una reforma de la PAC que “se está haciendo en contra de la agricultura profesional, en contra de la Ley de Modernización de Explotaciones prioritarias, algo que es ilegal y que por lo que estamos estudiando emprender acciones legales. Una reforma en la que la provincia de Jaén pierde entre 60 y 80 millones de euros en las ayudas. Estamos hablando de familias en la zona de La Loma que pueden perder un 50%, familias de zonas productivas olivareras de la sierra que pueden perder entre el 30 y el 40%, y estamos hablando de jóvenes que se han incorporado a la agricultura que también pierden”.

El gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Antonio Guzmán, ha hecho un llamamiento para que el sector cooperativo secunde el paro del 20 de enero. Ha argüido dos razones: la pérdida de ayudas por la nueva PAC y el incremento de los costes de producción. Al respecto ha resaltado el incremento del 150 % del precio de la electricidad. También ha aludido a la subida de los carburantes y los fitosanitarios. Guzmán ha advertido, además, que la situación actual frena el relevo generacional en el campo y ha aclarado que es un sector primordial, cómo ha quedado demostrado en el marco de la pandemia de coronavirus.

El vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, ha reclamado a las administraciones medidas “para paliar el incremento de los costes de producción y el aumento de los precios para los consumidores, porque esa parte no repercute en los agricultores y en los ganaderos, que no ven la diferencia; para controlar las importaciones con la revisión de los tratados con terceros países, la aplicación del principio de reciprocidad y de preferencia comunitaria; y para apostar por los jóvenes, por el relevo generacional en el campo. Hay motivos suficientes para que el día 20 paremos los tajos, la actividad agraria y nos concentremos en las cooperativas y almazaras de nuestra provincia”.

Manuel Alfonso Torres, presidente de Infaoliva, ha hecho un llamamiento a todo el sector de la provincia y a todos los ciudadanos de cada uno de los municipios jiennenses. “El sector representa el 19% del PIB de Jaén, con más de 100.000 agricultores y más de 5.000 trabajadores directos en las almazaras, junto a otros 7.000 indirectos. Es la economía jiennense de la que estamos hablando. El día 20, de 10 a 12, queremos que nos apoyen en la puerta de todas las almazaras. Nos estamos jugando 80 millones de euros que van a faltar en la provincia de Jaén por la reforma de la PAC, y que afectarán en distintos aspectos como el consumo o las inversiones”.




La Junta convoca ayudas por 80 millones para jóvenes agricultores y eleva la cuantía máxima.

Un joven agricultor en labores agrarias. Foto: Pixabay.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para jóvenes agricultores por un montante de 80 millones de euros, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDR). 

La convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva y está dirigida a menores de 41 años que vayan a instalarse por primera vez, ya sea como titular exclusivo o no, en una explotación agraria mediante la implantación de un plan empresarial viable técnica y económicamente.

La nueva convocatoria para el año 2022, dentro del objetivo de fomentar de manera decisiva la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria, incluye un presupuesto específico de estas ayudas destinado exclusivamente a éstas, de modo que una vez se agote el presupuesto de la convocatoria general (de 64 millones de euros), las mujeres que cumpliendo con los requisitos no resulten beneficiarias por falta de disponibilidad presupuestaria, podrán concurrir de manera separada hasta agotar el presupuesto específico para mujeres, que es de 15,9 millones de euros.

Con ello se pretende reforzar la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria, promoviendo para ello la figura de la titularidad compartida en la gestión de la explotación. Con este motivo, se ha disminuido el tamaño mínimo de la explotación en determinados supuestos de acceso en este régimen. También se modifican los criterios de selección de operaciones para priorizar su incorporación bajo la figura de titularidad compartida.

No es ésta la única novedad. Tras analizar el desarrollo de las anteriores convocatorias, la demanda prevista de solicitudes y el presupuesto disponible, se han incrementado los importes de la prima a percibir por los beneficiarios de las ayudas, tanto en lo que se refiere a la prima base, que pasa de 30.000 a 40.000 euros, como a los incrementos adicionales, de manera que la prima máxima a percibir por los beneficiarios quedará establecida en 90.000 euros, frente a los 70.000 euros de anteriores convocatorias.

El actual Gobierno andaluz ha venido gestionando estas subvenciones a partir de la convocatoria resuelta en 2019 por 82,5 millones de euros, y que supuso la concesión de casi 1.400 ayudas, a lo que siguió las convocatorias del pasado año por 14 millones de euros, 7 millones en el marco de la ITI de Cádiz y otros 7 en la de Jaén.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las solicitudes se presentarán de forma exclusivamente electrónica, al poder optar las personas interesadas a la vía telemática a través de las entidades habilitadas reconocidas. Además, se establece como requisito que el plazo máximo para la correcta ejecución del plan empresarial será de 24 meses desde la fecha de instalación. No obstante, no podrá ser superior al 30 de junio de 2025.




Diputación aprueba un nuevo plan para la modernización de los polígonos industriales de 22 municipios.

Prevista una actuación en el Polígono Industrial de Lopera. Foto: Antonio Marín.

La Diputación de Jaén ha aprobado un segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y modernización espacios productivos de 22 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, cuyas actuaciones supondrán una inversión de 2,2 millones de euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, señala que el objetivo de este plan es “actualizar y modernizar estos espacios municipales para que se emplacen en ellos iniciativas empresariales, de tal forma que puedan tener una posición competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad, ya que muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas locales”.

El 80% de este plan está financiado por la Agencia IDEA dentro del Plan Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2014-2020, mientras que a la Administración provincial jiennense le corresponde una aportación de más de 440.000 euros. “La Diputación de Jaén, además de la aportación económica, asume la redacción de los proyectos de obra, la dirección facultativa de la ejecución de las mismas y la contratación de estas obras municipales”, especifica José Luis Agea, que avanza que el plazo para la ejecución de estos proyectos finalizará el 31 de marzo de 2023.

En este segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y modernización de espacios productivos se acometerán proyectos de mejora en polígonos industriales de Baeza, Bailén, Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Carboneros, Frailes, La Guardia de Jaén, Higuera de Calatrava, Huelma, Mancha Real, Puente de Génave, Quesada, Siles, Valdepeñas de Jaén, Santo Tomé, Cambil, Los Villares, Arroyo del Ojanco, La Puerta de Segura, Lopera, Jamilena y Rus. El diputado de Infraestructuras Municipales detalla que “estas actuaciones van a suponer mejoras sustanciales en los polígonos industriales en aspectos como la seguridad, el tratamiento de aguas residuales, la urbanización y en las instalaciones para los suministros eléctricos o de aguas, así como de redes de datos y de telefonía”.

Con el primer plan extraordinario se llevaron a cabo 71 actuaciones en 41 espacios productivos, con una inversión de más de 3,1 millones de euros. “Ahora, aprobamos este segundo plan extraordinario para ofrecer a las empresas espacios preparados y viables para que se asienten o crezcan, con el objetivo de crear empleo estable en la provincia de Jaén”, recalca José Luis Agea.




La provincia de Jaén vuelve a liderar el descenso del paro en Andalucía durante diciembre.

Una oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Foto: Junta de Andalucía.

El paro descendió en Andalucía en 14.607 personas (-1,83%) durante el pasado mes de diciembre, con lo que la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad autónoma en 785.641 personas. Además de rebajar la barrera de los 800.000 desempleados gracias a este descenso, Andalucía regresa a cifras de desempleo prepandemia que no se registraban desde septiembre de 2019.

Este descenso mensual ha permitido cerrar el año 2021 con una bajada del paro que alcanzó los 183.796 desempleados en los últimos doce meses, un -18,96%, el mayor descenso que registra toda la serie histórica en un año.

En el conjunto de España, por su parte, el paro bajó en el último mes en 76.782 personas (-2,41%). Andalucía es la tercera comunidad en la que más se ha reducido el paro el términos absolutos en el mes de diciembre, y aporta el 19% de todo el descenso nacional.

En cuanto a todo el año 2021, el desempleo bajó en España en 782.232 personas (-20,12%). Andalucía fue la comunidad autónoma del conjunto del país en la que más se ha reducido el paro interanual en términos absolutos, y aporta un 23,4% del descenso nacional.

El paro bajó en diciembre en Andalucía principalmente en los servicios (-14.733 desempleados, -2,75%), el colectivo sin empleo anterior (-2.742 desempleados, -3,28%) y la agricultura (-2.346 desempleados, un -3,68%) debido a la campaña navideña y al inicio de la campaña del aceite y de los frutos rojos en Huelva.

Sin embargo, se incrementó en la construcción (+3.932 desempleados y un 5,46%) y la industria (+1.282 desempleados y un 2,83%).

En relación al mismo mes del año anterior, el paro disminuyó en la comunidad autónoma andaluza en todos los sectores, encabezados por el colectivo sin empleo anterior (-27,75%), seguido de la agricultura (-18,58%), los servicios (-18,14%), la construcción (-16%) y la industria (-15,99%)

Por sexos, el paro descendió el pasado mes de diciembre más entre las mujeres (-3,02%) que entre los hombres (-0,03%). Respecto a diciembre de 2020, bajó en cambio más en el colectivo masculino ( -21,17%) que en el femenino (-17,37%).

Por edades, el paro bajó el pasado mes en todos los grupos: un -6,20% entre los menores de 25 años; un -2,76% en los comprendidos entre 25 y 44 años; y un -0,35% entre los mayores de 45 años. En términos interanuales, disminuyó un -35,77% en los menores de 25 años; un -25,18% en el grupo de entre 25 y 44 años, y un -9,29% en los mayores de 45 años.

Datos provincializados.

El paro bajó el pasado mes de diciembre en todas las provincias andaluzas. Los descensos fueron encabezados por Jaén (-9,06%), Granada (-3,77%), Almería (-1,91%) y Huelva (-1,86%). El paro también bajó de forma significativa en diciembre en Córdoba (-1,66%); Cádiz (-1,09%); Málaga (-0,96%) y Sevilla (-0,44%).

Durante todo el año 2021, el paro también bajó en todas las provincias, especialmente en Málaga, donde se redujo un -22,79%. En el resto, el desempleo disminuyó un -20,65% en Granada; un -19,56% en Huelva; un -18,29% en Córdoba; un -17,95% en Sevilla; un -17,77% en Almería; un -17,14% en Cádiz y un -13,58% en Jaén.

Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 28.326 contratos menos que en noviembre (-5,71%), de manera que en diciembre se firmaron en la comunidad un total de 467.552 contratos. Con respecto a diciembre de 2020, el número de contratos aumentó un 19,56% (76.494 contratos más).

Seguridad Social.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía registró en diciembre un incremento de 40.772 personas afiliadas (1,27%), lo que sitúa la cifra total de cotizantes en 3.253.950, mientras que en España creció en 72.553 cotizantes (0,37%). La comunidad andaluza es la que más incrementa este mes sus afiliaciones y aporta más de la mitad del incremento nacional. En todo el año 2020, Andalucía ha aumentado también sus afiliados a la Seguridad Social con 129.596 cotizantes más, un 4,15%, frente a un aumento nacional de 776.478 afiliados y un 4,08%.

Autónomos.

En cuanto al número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Andalucía alcanzó los 563.368, alcanzando un nuevo récord en el número de autónomos. En el último se han incorporado 674 trabajadores por cuenta propia más, un 0,12%, mientras que en España aumentaron en 2.989, un 0,09%. En el último año, Andalucía aumenta su afiliación al RETA en 16.708 personas, un 29% de los 56.990 nuevos autónomos de España, y continúa siendo la comunidad con más autónomos del país.




2022 se estrena con bajada en los impuestos de la Renta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones.

Ciudadanos realizan trámites en la Agencia Tributaria. Foto: Junta de Andalucía.

2022 se estrena con la entrada en vigor de las deducciones, reducciones y demás beneficios fiscales que contempla la Ley de Tributos Cedidos de Andalucía, aprobada el pasado mes de octubre por la Cámara andaluza, y que permitirán a buena parte de los contribuyentes andaluces disponer de más renta en su bolsillo. Se trata de una rebaja impositiva que afecta fundamentalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

La aplicación de estas medidas viene a sumarse a la bajada que ya se viene aplicando desde octubre en el ITPAJD, mediante el pago de tipos reducidos en este impuesto para colectivos como víctimas de terrorismo y de violencia doméstica y los habitantes de municipios con problemas de despoblación, así como la ampliación del universo de jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, ya que se han elevado los precios máximos de la vivienda a adquirir que exige la norma.

A continuación se detallan las medidas recogidas en la citada Ley por cada figura tributaria y que en el caso del IRPF tendrán efecto en el Impuesto de la Renta que se presentará en el ejercicio 2023. En este gravamen, con carácter general, se contempla una ampliación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones: se eleva hasta los 25.000 euros si la tributación es individual (antes el límite era de 19.000 euros) y hasta los 30.000 euros si la declaración es conjunta (antes el máximo era 24.000 euros), con la finalidad de aumentar el universo de potenciales beneficiarios.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

• En 2022 se adelanta la reducción de la escala autonómica de IRPF que inicialmente estaba prevista para 2023, de manera que Andalucía se convierte en la tercera comunidad autónoma con los tipos más bajos, que se sitúan entre un mínimo del 9,50% y un máximo de 22,50%.

• Mejora la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual. La deducción se sitúa en el 5% para jóvenes y viviendas de protección oficial (antes la deducción era del 3% para jóvenes y del 2% para VPO) y se amplía el límite de renta para poder beneficiarse a 25.000 euros en tributación individual y 30.000 euros en tributación conjunta.

• Mejora la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual. Se amplía su aplicación a personas con discapacidad, a mayores de 65 años, a víctimas de violencia doméstica y a víctimas del terrorismo y personas afectadas, siempre que sus bases imponibles general y del ahorro no superen los 25.000 euros en tributación individual y los 30.000 euros en tributación conjunta.

De esta manera, los jóvenes menores de 35 años, los mayores de 65 años y las personas víctimas de violencia doméstica y de terrorismo podrán aplicarse una deducción del 15% con un máximo de 600 euros, en lugar de 500 euros como hasta ahora. Y para los contribuyentes que tengan la consideración legal de personas con discapacidad se incrementa el límite de la deducción hasta los 900 euros.

• Mejora la deducción por nacimiento y adopción de hijos. Se extiende este beneficio al acogimiento familiar de menores y también se aumenta el importe de la deducción, que pasa a 200 euros (antes 50 euros).

Por otro lado, la deducción se eleva hasta los 400 euros en el caso de que la residencia se localice en municipios con problemas de despoblación. Al igual que en el resto de deducciones, se amplía el límite de renta de los potenciales beneficiarios hasta los 25.000 y 30.000 euros, según la declaración sea individual o conjunta.

• Aumenta el límite de renta para beneficiarse de la deducción por familia numerosa. Se amplía el máximo de base imponible, que pasa a ser de 25.000 euros en tributación individual y de 30.000 euros en tributación conjunta.

• Mejora la deducción por ayuda doméstica. Se incrementa del 15% al 20%, con un límite que se eleva desde 250 hasta 500 euros anuales. Asimismo, se amplía el ámbito de aplicación a los contribuyentes mayores de 75 años.

• Creación de una deducción por gastos educativos. Se trata de una deducción del 15% por gastos de enseñanza extraescolar de idiomas y/o informática, cualquiera que sea el centro en el que se encuentren matriculados y la etapa educativa, con un límite de 150 euros anuales por cada descendiente. Si el abono se realiza desde una cuenta bancaria donde sean titulares ambos cónyuges, miembros de la pareja de hecho o progenitores, cada uno de ellos tendrá derecho a la mitad de la deducción.

Tendrán la misma consideración, y por tanto podrán deducirse este 15%, las cantidades abonadas a personas físicas dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en contraprestación por clases particulares impartidas sobre dichas materias en domicilios particulares.

• Mejora la deducción para contribuyentes con discapacidad. Se amplía la cuantía de 100 a 150 euros, y se elevan también los límites de renta a 25.000 y 30.000 euros, según si es declaración individual o conjunta.

• Mejora la deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad. Se amplía la aplicación de la medida a las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en registros análogos de otras Administraciones Públicas. Asimismo, aumentan los límites de renta a 25.000 y 30.000 euros para declaraciones individuales o conjuntas, respectivamente.

• Mejora la deducción por asistencia a personas con discapacidad. Se mantiene la deducción de 100 euros para los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes o ascendientes conforme a la normativa estatal. No obstante, se mejora cuando se acredite que la persona con discapacidad necesita ayuda de terceras personas y genere derecho a aplicar el mínimo por gastos de asistencia, de tal forma que se amplía la deducción del 15% al 20% del importe satisfecho a la Seguridad Social, con un máximo de 500 euros.

• Mejora la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en determinadas sociedades mercantiles. Esta deducción se amplía a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada. Se mantiene el porcentaje del 20% con el límite de 4.000 euros, si bien, con el fin de apoyar e incentivar las prácticas relacionadas con la I+D+I, se establece una nueva deducción incrementada del 50%, con un límite de 12.000 euros, para aquellas sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

• Creación de una deducción por donativos con finalidad ecológica. Se trata de una deducción del 10%, hasta un máximo de 150 euros, del importe de las donaciones dinerarias a determinadas Administraciones Públicas y entidades sin fines lucrativos y beneficiarias de mecenazgo, siempre que tengan como finalidad la defensa y conservación del medio ambiente. Andalucía pasa a ser así una de las comunidades autónomas que contemplan una medida en este sentido junto a Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León y Aragón.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

• Se mejora el mínimo exento hasta 1.250.000 euros (antes 700.000 euros) para aquellas personas que acrediten un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65%, y de 1.500.000 euros cuando sea superior al 65%.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

• A partir del 1 de enero de 2022 también se rebaja la tarifa de ISD (los tipos se sitúan entre el 7% y el 26%) y se reducen los coeficientes multiplicadores, que ya dependen solamente del grado de parentesco y no del patrimonio preexistente, como hasta ahora. De esta manera, la combinación de tarifa y coeficientes no supera en general el tipo marginal del 45%, ya que hasta ahora podía elevarse por encima del 70%. Una medida que beneficiará principalmente a los Grupos III y IV de parentesco.

• Mejora la reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de vivienda habitual, con un porcentaje fijo de reducción del 99%, independientemente del valor del inmueble.

• Mejora la reducción de la base imponible por adquisición «mortis causa» por personas con parentesco de Grupo III, que pasa a 10.000 euros (antes era de 7.993,46 euros), con lo que Andalucía se sitúa entre las comunidades autónomas con una reducción más beneficiosa.

• Mejora la reducción de la base imponible para contribuyentes con discapacidad por adquisiciones «mortis causa». Se establece una reducción de 250.000 euros a las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, y de 500.000 euros para aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Se mantiene el beneficio fiscal, si bien se mejora al ser aplicable a todos los parientes directos y cónyuge, pudiendo llegar la reducción conjunta hasta 1.250.000 euros o 1.500.000 euros, en lugar de 1.000.000 euros. Se aplica a las personas con discapacidad de Grupo III y IV con independencia de su patrimonio preexistente.

• Mejora la reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes con discapacidad en un 99%, hasta un máximo de 250.000 euros. Además, se amplía la reducción a descendientes menores de 35 años, a personas víctimas de violencia doméstica y de terrorismo, así como a las personas afectadas, hasta un máximo de 150.000 euros.

• Mejora la reducción por donación de dinero a descendientes para la adquisición de la vivienda habitual. Se incrementan los importes de la base máxima de la reducción de 120.000 a 150.000 euros y de 180.000 a 250.000 en caso de donatarios con discapacidad, se amplía la medida para cualquier vivienda habitual, sin necesidad de que se trate de la primera, y se extiende la medida a personas víctimas de violencia doméstica, personas víctimas del terrorismo, así como a las personas afectadas.

• Mejora de las equiparaciones por parentesco. Se amplía el ámbito subjetivo a parejas de hecho inscritas en registros de cualquier Administración Pública, de tal forma que se consigue la equiparación plena con los cónyuges, con independencia de dónde se haya inscrito la pareja de hecho y el matrimonio, respectivamente. Con esta modificación, Andalucía sería la única comunidad que permitiría la aplicación de la reducción a parejas de hecho de inscritas en registros análogos de cualquier otra Administración Pública.

• Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición «mortis causa» e «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. Así, se mejora el cómputo del grupo familiar en caso de entidades, pasa del segundo grado colateral hasta el 6º grado colateral; se elimina el requisito de ser la principal fuente de renta, y se amplía la reducción a cesión de capitales a terceros obtenidos mediante beneficios no distribuidos en los 10 últimos años, siempre que provengan de la realización de actividades económicas.

• Se mantiene la reducción propia del 99% en las cantidades donadas a parientes hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad para la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional, hasta un máximo de un millón de euros y se mejora el plazo de mantenimiento de la empresa con independencia del grupo de parentesco.

• Se crea un nuevo plazo de presentación de la autoliquidación para los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Donaciones. Se establece un plazo de presentación de la autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria junto con el documento o la declaración escrita sustitutiva del mismo de dos meses a contar desde la donación, en lugar de 30 días hábiles.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

• Se mantiene la rebaja del tipo general aplicable en TPO en el 7% (frente al 8%, 9% y 10% anteriores) y para los documentos notariales (AJD) en el 1,2% (1,5% anterior), que ya se aplican desde finales de abril de 2021.

• En TPO se mantiene el tipo reducido del 3,5% para menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, elevando el valor máximo de la vivienda hasta 150.000 euros (antes 130.000 euros) para jóvenes y 250.000 euros (antes 180.000 euros) para los dos colectivos restantes. Además, la aplicación de este tipo reducido del 3,5%, con el límite en el valor de la vivienda de 150.000 euros, se amplía a víctimas de violencia doméstica, víctimas de terrorismo y personas afectadas, y a los inmuebles situados en municipios con problemas de despoblación. Una medida que se viene aplicando desde finales de octubre de 2021.

• En AJD se mantiene el tipo reducido del 0,1% para personas con discapacidad y familias numerosas pero se aumenta el valor máximo de la vivienda hasta 250.000 euros (antes 180.000 euros) y para menores de 35 años se mantiene el tipo reducido del 0,3% con el valor máximo de 150.000 euros (antes era 130.000 euros). Además, la aplicación del tipo reducido del 0,3%, con un valor máximo de la vivienda de 150.000 euros, se amplía a víctimas de violencia doméstica, a víctimas de terrorismo y personas afectadas, y a inmuebles adquiridos en municipios con problemas de despoblación.

• Entra en vigor el tipo reducido del 6% en TPO y del 1% en AJD para las adquisiciones de vivienda habitual cuyo valor no sea superior a 150.000 euros, sin más requisitos.

• Tipo de gravamen reducido del 1% en TPO para la adquisición de vehículos no contaminantes, ampliando su aplicación a una gran variedad de vehículos impulsados mediante energía sostenible. Aplicable a embarcaciones con motor eléctrico, a vela o solares, bicicletas (eléctricas o no), así como los vehículos turismo catalogados como de «cero emisiones». Ninguna comunidad autónoma tiene regulada una medida similar salvo Galicia, que ha regulado un tipo reducido del 1% para las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos.

• Se crea un nuevo plazo de presentación de la autoliquidación para los hechos imponibles sujetos a ITPAJD. Se establece un plazo de presentación de la autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria, junto con la documentación exigida en la normativa aplicable, de dos meses a contar desde la fecha del devengo.




La Junta moviliza inversiones por 1.300 millones para la mejora energética en Andalucía.

Instalación de placas solares para el autoconsumo en una nave industrial. Foto: Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha puesto a disposición de ciudadanos, empresas y entidades desde 2019 más de 355 millones de euros en incentivos a través de los nueve programas de sostenibilidad energética que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía y que movilizarán inversiones por valor de casi 1.300 millones de euros. 

En lo que va de legislatura se han recibido más de 24.300 solicitudes de ayudas para el impulso a un transporte más sostenible, la implantación de instalaciones con fuentes renovables, el almacenamiento de energía, actuaciones para la eficiencia y mejora energética de la industria y en las explotaciones agropecuarias, así como para la rehabilitación de viviendas y edificios.

Disponer de una movilidad más eficiente y sostenible mediante vehículos de tecnologías alternativas al uso de combustibles fósiles, fundamentalmente eléctricos, y la incorporación de infraestructura de recarga es el objetivo principal de las tres ediciones del Programa MOVES que se han puesto en marcha en Andalucía desde 2019 hasta la actualidad. Ya se han recibido más de 5.000 solicitudes, con un incentivo asociado de 43,2 millones de euros que generarán una inversión de 207,5 millones en la región. Un programa cuya tercera convocatoria, dotada con 67,5 millones de euros, se activó el pasado mes de septiembre y que permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2023.

Desde el pasado 2 de diciembre, los sectores residencial (en el que se incluyen los ciudadanos), de servicios, otros sectores productivos, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, disponen en Andalucía de 97,2 millones de euros para instalaciones de autoconsumo con energía solar fotovoltaica y eólica, y para almacenamiento. Un presupuesto que incluye para las viviendas, también las de propiedad pública y el tercer sector, instalaciones para climatización y agua caliente sanitaria con tecnología solar térmica, geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica (exceptuando las de aire-aire) o equipos de biomasa.

Se trata de un programa que ha generado una gran expectación en Andalucía puesto que, en apenas tres semanas, la Agencia Andaluza de la Energía ha recibido ya más de 1.600 solicitudes con un incentivo asociado de 48 millones de euros y más de 214 millones de inversión.

El presupuesto del Programa para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial en Andalucía se verá incrementado en 50 millones de euros adicionales para que las empresas andaluzas puedan seguir hasta 2023 invirtiendo en la optimización de la tecnología de sus equipos y procesos industriales, para incrementar su competitividad reduciendo su factura energética, al tiempo que disminuyen sus emisiones contaminantes. No en vano el sector industrial andaluz representa el 31,3% de la energía final consumida en la región, siendo el segundo consumidor después del trasporte. Así, desde que se abriera este programa a finales de septiembre de 2019, las empresas de este sector ya han presentado más de 300 solicitudes de ayudas, que conllevan un incentivo de más de 72 millones de euros que generarán una inversión de 319 millones de euros.

También dentro del ámbito empresarial, desde el 28 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023, personas físicas o jurídicas, comunidades de regantes, titulares de explotaciones agrícolas de regadío, organizaciones o asociaciones de productores agrícolas, comunidades de energías renovables y ciudadanas de energía, así como empresas de servicios energéticos, pueden solicitar incentivos para la mejora de la eficiencia energética en el sector agropecuario mediante la renovación de equipos de bombeo, la instalación o sustitución de baterías de condensadores o la introducción de energías renovables, entre otras; habiéndose recibido hasta la fecha solicitudes con un importe asociado de ayuda de 1,4 millones de euros y una inversión de más de 5,6 millones.

A través del Programa nacional de rehabilitación energética de edificios (PREE), abierto desde febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, se han recibido más de 1.000 solicitudes de ciudadanos, empresas y entidades públicas andaluzas para mejorar la envolvente térmica de fachadas y cubiertas o para instalaciones de energías renovables e iluminación interior, entre otras medidas, en viviendas unifamiliares, bloques de comunidades de vecinos e inmuebles públicos; proyectos que han obligado a mejorar la clasificación energética de los edificios o viviendas y que movilizarán en la región una inversión de 87,6 millones de euros.

Dicha línea de ayudas tendrá su continuidad en el Programa de rehabilitación energética para edificios construidos antes de 2007 en municipios de reto demográfico de hasta 5.000 habitantes (PREE 5.000), cuya ventanilla se abrirá el próximo 26 de enero. Dotado con 5,4 millones de euros, apoyará la rehabilitación energética en edificios residenciales y no residenciales mediante mejoras de la eficiencia energética en la envolvente térmica e iluminación y la incorporación de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.

Financiación.

Todos estos programas de incentivos en materia de energía gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía (adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea) se financian bien a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), del Fondo Nacional de Eficiencia Energética o del Fondo de Recuperación Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Aunque las bases reguladoras de estas líneas de ayuda y, por tanto, las condiciones de las mismas, se establecen desde la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía ha hecho un gran esfuerzo de adaptación de las distintas convocatorias andaluzas a las necesidades de la región para intentar reducir la carga burocrática y las obligaciones de presentar documentación de los posibles beneficiarios, diseñando e implementado una tramitación 100% telemática en todas las fases del procedimiento.

En los programas en los que ha sido posible, como MOVES o Autoconsumo, también se ha mantenido la colaboración público-privada para que las empresas acreditadas gestionen las ayudas en nombre de sus clientes, desde la solicitud a la justificación de las mismas.

Programa regional 'Andalucía es más'.

Junto con los ocho programas anteriores, la Agencia Andaluza de la Energía también gestiona el Programa para el desarrollo energético sostenible, cofinanciado a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía. En él se han incentivado actuaciones de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos ya se han agotado, así como las instalaciones para el aprovechamiento de los abundantes recursos renovables con los que cuenta Andalucía. Por ejemplo, de biomasa, cuya línea para pymes se reabrió el pasado mes de junio con 2,3 millones de euros; o de autoconsumo, al que el Gobierno andaluz ha destinado, solo en los seis últimos meses, un total de 69 millones para impulsar el aprovechamiento de energía renovable solar en la comunidad autónoma, mediante los cuales está previsto que se atiendan las 14.000 solicitudes recibidas o en proceso de presentación desde que se reabrió esta línea el pasado mes de mayo.



Ayudas por 14,6 millones para agricultores y ganaderos de zonas con mayores dificultades.

Las explotaciones cumplen una importante función, conteniendo la erosión y mejorando la gestión de los suelos. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno del pago de 14,6 millones de euros en ayudas de la convocatoria 2021 dirigidas a respaldar a explotaciones agrarias andaluzas ubicadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. En total, se benefician de estos incentivos alrededor de 11.000 agricultores y ganaderos de todas las provincias de Andalucía.

Las subvenciones, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, compensan a los productores que desempeñan su actividad en zonas especialmente desfavorecidas y que, para hacer frente a las dificultades propias de estas explotaciones, deben llevar a cabo un esfuerzo añadido para ser rentables.

Entre los objetivos finales de los incentivos se encuentra evitar el abandono de unas tierras agrarias que cumplen una importante función conteniendo la erosión y mejorando la gestión de los suelos. Asimismo, buscan contribuir a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales del entorno donde se ubican las fincas y respaldar el mantenimiento de sistemas de agricultura sostenible que podrían cesar su actividad por falta de rentabilidad.

Los 14,6 millones de euros abonados por el Gobierno andaluz y cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), incluyen pagos por compensación en zonas de montaña (casi 9,8 millones de euros), para áreas con otras limitaciones naturales considerables (4 millones de euros) y para superficies afectadas por limitaciones específicas como, por ejemplo, de difícil acceso (705.700 euros).

Las explotaciones cumplen una importante función, conteniendo la erosión y mejorando la gestión de los suelos.

Por provincias, las ayudas para productores de zonas montañosas se reparten entre agricultores y ganaderos de Almería (836.100 euros), Cádiz (418.700 euros), Córdoba (1,1 millones de euros), Granada (2,7 millones), Huelva (398.770 euros), Jaén (cerca de 3,3 millones), Málaga (casi 831.000 euros) y Sevilla (182.300 euros).

En el caso de los incentivos para fincas ubicadas en áreas con otras limitaciones naturales considerables, Almería reúne subvenciones por 49.400 euros; Cádiz, por 29.600 euros; Córdoba, por 1,9 millones de euros; Granada, por 292.200 euros; Huelva, por 237.160 euros; Jaén, por casi 1,3 millones de euros; Málaga, por 20.800 euros; y Sevilla, por 255.000 euros.

Finalmente, las subvenciones para productores con explotaciones en superficies afectadas por limitaciones específicas contemplan entre sus beneficiarios a agricultores y ganaderos de Almería (55.500 euros), Córdoba (1.700 euros), Granada (411.500 euros), Huelva (casi 19.000 euros) y Sevilla (218.000 euros).




El gasto en productos ecológicos en España se incrementa un 7 % con respecto al año anterior.

Crecimiento del 7% del gasto en productos ecológicos. Foto: Pixabay.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el informe Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2020, que muestra cómo este sector continúa con su intenso proceso de crecimiento y se configura como un importante ámbito de consumo diferenciado dentro del conjunto del sistema alimentario español.

El gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos alcanzó en el año 2020 los 2.528 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7 % respecto al año anterior, mientras que el porcentaje de gasto en alimentos ecológicos respecto al gasto total alimentario de España en dicho año se situó en un 2,48 %, indicando un crecimiento de un 10,3 % respecto a 2019. En 2020, el gasto por persona y año llegó a los 53,41 euros, un 6,10 % más que el registrado el año anterior.

En el periodo 2015-2020, el crecimiento del gasto en productos ecológicos ha sido del 67,42 %, incremento que es del 154,07 % si tomamos un periodo de referencia más largo (2012-2020).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera el crecimiento continuado del sector ecológico en España es fruto de su profesionalidad, gran experiencia y clara visión de futuro. Para el ministro constituye una gran satisfacción colaborar en el impulso de este sector, que cuenta con unas buenas perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Por eso, desde el ministerio se trabaja para dar a conocer la riqueza y diversidad de la producción agroecológica de nuestro país y contribuir a incrementar la confianza de los consumidores sobre la excelencia y calidad que hay detrás de los productos que llevan el logotipo de ecológico.

Principales datos de la producción ecológica.

Los productos vegetales ecológicos más consumidos en España fueron las frutas frescas, con un 15,5 % en la cesta de la compra ecológica; y las hortalizas frescas, con un 13,9 %. Le siguen el pan, galletas y bollería, que en conjunto sumaron un 6,6 % de la compra ecológica; y el aceite y el vino (4,4 % y 2,2 %, respectivamente).

En cuanto a los productos ecológicos de origen animal, los más consumidos fueron las carnes y derivados cárnicos, con el 15 % de la cesta ecológica, la leche y derivados lácteos (7,5 %); el pescado, marisco y sus conservas (4,2 %), huevos (2,2 %) y miel y derivados (1,2 %).

De acuerdo con los datos del estudio, España ocupa la novena posición en el mercado mundial de los productos ecológicos por valor total de las ventas ecológicas. En 2020, la distribución organizada comercializó el 54 % de los productos ecológicos a los consumidores españoles, seguida del comercio especializado, con el 30 % y el resto de canales (16 %).

Por otro lado, las exportaciones alcanzaron los 1.165 millones de euros, lo que supone un incremento del 17 % respecto al año anterior; mientras que las importaciones supusieron 1.014 millones de euros, un 5,2 % menos. De esta forma, el sector se reincorpora a su tradicional trayectoria de contribución positiva al saldo comercial agroalimentario español de años anteriores (excepto en 2019 y 2018). Si tenemos en cuenta el periodo 2015-2020, las exportaciones de productos ecológicos se incrementaron un 49,74 %, mientras que en el periodo 2012-2020 crecieron un 91 %.

Los principales productos ecológicos exportados en 2020 fueron hortalizas frescas y legumbres (25 % del total de exportaciones de origen vegetal); cítricos (19 %); otras frutas (11 %); aceite de oliva (15 %); vino (7 %); cereales y derivados (6 %) y conservas vegetales (6 %).

La superficie ecológica inscrita en 2020 alcanzó los 2,44 millones de hectáreas, un 3,52 % más que en 2019, y la calificada (inscrita y certificada ya como ecológica) llegó a los 2,09 millones. Así, la superficie ecológica inscrita en España alcanza casi el 10 % de la superficie agraria útil (SAU).

Según el informe, el 52 % de toda la superficie ecológica española (1,27 millones de ha), es de prados y pastos. Tras estos, los cultivos de mayor implantación son el olivar, los cereales, los frutos secos y el viñedo.

En cuanto a operadores, en 2020 había 50.047, que desarrollan un total de 53.325 actividades ecológicas (un 6,83 % más de actividades que el año anterior). Por actividad, destacan los 44.493 operadores de producciones agrarias, los 5.561 elaboradores y transformadores, y los 2.503 comercializadores, a los que habría que añadir otras tipologías como importadores y exportadores, acuicultores y otros. Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta con el 33 % de las actividades ecológicas, Castilla-La Mancha (16 %), Cataluña (11 %), Comunidad Valenciana (7,24 %) y la Región de Murcia (7,16 %).

El documento señala que el valor estimado en origen de la producción ecológica superó en 2020 los 2.600 millones de euros, lo que supone un 15,75 % más que el año anterior. El 78 % de dicho valor corresponde a la producción ecológica de origen vegetal y el 22 % a la de origen animal.




Los agricultores de Lopera cobrarán en unos días el segundo pago de la subvención.

Campos de olivar en Lopera. Foto: Antonio Marín.

Los agricultores de Lopera cobrarán en unos días el segundo pago de las ayudas de la PAC. La primera parte de esta ayuda se abonó el pasado mes de octubre. Se trata de un montante económico que llegará de forma directa a agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén y de los que la gran mayoría pertenecen al Pago Único del Olivar.
 
Este dinero irá llegando en los próximos días a las cuentas bancarias de los agricultores y vendrá muy bien para afrontar el pago de las cuadrillas, que estarán recogiendo la aceituna en los diferentes tajos del término municipal de Lopera. Estas ayudas corresponden a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.



UPA Andalucía celebra el firme compromiso del sector olivarero con la calidad y el adelanto de la recolección.

El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano. Foto: UPA Andalucía.

El sector olivarero ha cambiado la tendencia y la constante apuesta por la calidad ha consolidado un cambio generalizado en Andalucía. El adelanto de la campaña de recolección a los meses de octubre y noviembre ha venido para quedarse a tenor de los magníficos resultados corroborados por la AICA, lo que nos lleva a cerrar el mejor mes de noviembre en cuanto a producción de aceite de oliva se refiere desde 2015, con 276.181 toneladas. En cuanto a la comercialización, se obtiene una cifra de ventas buena con 132.000 toneladas en noviembre para unas ventas totales de 254.400 toneladas desde el comienzo de la campaña.
 
Para el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, nos encontramos ante una nueva mentalidad en el sector productor, que apuesta claramente por la calidad y por el adelanto de la cosecha al momento óptimo de las aceitunas. 
 
"Está claro, y las cifras del mes de noviembre lo confirman, que los olivareros nos hemos dado cuenta de que los aceites tempranos, especialmente los que proceden del olivar tradicional, son de una alta calidad y, por lo tanto, pueden obtener un valor añadido en la comercialización. Y ese adelanto de cosecha se ha consolidado en Andalucía y, sobre todo, en la provincia de Jaén, lo que nos lleva a mirar con optimismo el futuro más inmediato de cara a la continuidad de los precios en origen por encima de los costes de producción en el olivar tradicional", concreta Cristóbal Cano.

En lo que llevamos de recolección tenemos una producción acumulada de 327.406 toneladas de aceite, un 15,8% más que el pasado año, con unas existencias totales de 529.200 toneladas si sumamos el enlace de campaña. "Es muy relevante comprobar que, un año más, la producción y la comercialización gozan de muy buena salud en este comienzo de campaña. Los productores sabemos que el consumidor está valorando cada vez más el aceite de oliva como la mejor grasa vegetal que existe en el mundo y eso hace que se apueste por generar una mayor rentabilidad adelantando la recolección y produciendo aceites virgen extra de la máxima calidad. Estos datos reflejan la mayor confianza que tenemos en el sector olivarero y nos hace tomar conciencia de que podemos ser capaces de marcar el futuro inmediato de los precios en origen, que no pueden tener otra tendencia que el alza", concreta Cristóbal Cano.

"Se vuelve a demostrar que el sector olivarero español será determinante en la producción y en la comercialización mundial. Además, reforzamos la apuesta por un aceite de oliva virgen extra de calidad, diferenciado y con valor. Y si a esto añadimos la definitiva eliminación de los aranceles impuestos por Estados Unidos; así como la aprobación de la Ley de la Cadena y del decreto de Calidad, creo que nos encontramos en el mejor camino posible para que los precios en origen se estabilicen en torno a los 3 euros como están ahora mismo", concluye el responsable de la Sectorial de Aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía.




5.011 parados menos en la provincia de Jaén por el inicio de la campaña de la aceituna.

Baja el desempleo por el inicio de la campaña de la aceituna. Foto: Josefa Gil.

El paro bajó en Andalucía en 9.162 personas (-1,13%) durante el pasado mes de noviembre, un descenso atípico puesto que el desempleo sólo ha disminuido en cinco ocasiones en los últimos veinte años en el mes de noviembre. Sin embargo, este año se ha registrado un descenso que ha sido generalizado en todos los sectores de actividad y tramos de edad. 

El desempleo bajó en la provincia de Jaén en 5.011 personas. Con este registro, el mejor en un mes de noviembre en los últimos cinco años, la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad autónoma en 800.248 personas. En España, el paro bajó en 74.381 personas (-2,28%).

En los últimos 12 meses, el desempleo descendió fuertemente en Andalucía en 166.256 personas (-17,20%), el mayor descenso del paro interanual de toda la serie estadística, tanto en términos absolutos como relativos. Por su parte, el descenso español fue de 668.625 personas (-17,36%). Andalucía fue la comunidad, en el cómputo interanual, en la que más bajó el paro en términos absolutos, aportando uno de cada cuatro parados menos a nivel nacional. 

El descenso mensual del paro andaluz se registró en todos los sectores, encabezados por los servicios (-3.787 parados, -0,70%), y seguido de la agricultura (-3.342 personas, -4,98%), la construcción (-980 parados, -1,34%), la industria (-676 personas, -1,47%) y el colectivo sin empleo anterior (-377 personas, -0,45%).

En relación al mismo mes del año anterior, el paro descendió un -24,58% en el colectivo sin empleo anterior, -17,64% en la agricultura, -16,54% en los servicios, -14,72% en la industria y -13,67% en la construcción.

Por sexos, el paro bajó el pasado mes de noviembre un -2,21% entre los hombres y un -0,40% entre las mujeres. Respecto a noviembre de 2020, bajó un -19,98% en el colectivo masculino y un -15,25% en el femenino.

Por edades, el paro descendió un -2,73% entre los menores de 25 años, -1,78% en el grupo de entre 25 y 44 años y -0,33% en los mayores de 45 años. En términos interanuales, bajó un -32,35% en los menores de 25 años, -23,31% en el colectivo de entre 25 y 44 años y -7,83% en los mayores de 45 años.

Datos provincializados.

El paro descendió el pasado mes en las provincias de Jaén (-9,55%), Córdoba (-3,99%), Almería (-2,43%), Sevilla (-1,85%) y Granada (-1,50%). Por el contrario, subió en Huelva (4,06%), Cádiz (1,02%) y Málaga (0,83%).

Con respecto a noviembre del año anterior, el paro bajó en todas las provincias: Málaga (-21,36%), Granada (-18,80%), Córdoba (-17,51%), Huelva (-16,40%), Sevilla (-16,36%), Almería (-15,94%), Cádiz (-15,21%) y Jaén (-11,33%).

Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 495.878 contratos, lo que representa un incremento del 16,77% con respecto al mes anterior y del 23,85% con respecto a noviembre de 2020.

Seguridad Social.

Con respecto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, noviembre se cerró con un incremento de 17.877 cotizantes en Andalucía, casi el 30% de los nuevos afiliados en el conjunto del país, hasta situarse el número total en la comunidad en 3.213.177 personas (0,56% en comparación con el anterior mes).

En los últimos doce meses, la afiliación en Andalucía creció en 117.520 cotizantes, un incremento de un 3,80%. La comunidad es la tercera en la que más suben los afiliados en el conjunto del país, que registra un incremento de 730.356 cotizantes (3,84%).

Autónomos.

Andalucía registra en noviembre un nuevo récord en el número de autónomos, con 562.694 trabajadores por cuenta propia. En el último mes, la comunidad suma 538 trabajadores por cuenta propia (0,10%) mientras que en España el aumento es de 1.081 personas, con lo que prácticamente uno de cada dos nuevos trabajadores por cuenta propia los aporta la comunidad andaluza. En el último año, Andalucía aumenta su afiliación al RETA en 15.635 personas.