En esta línea, Maíllo ha denunciado el incumplimiento sistemático de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, preguntándose “si va a seguir siendo la norma que el gobierno se salte las leyes orgánicas”. Según el Estatuto, las inversiones del estado en Andalucía deben calcularse de acuerdo el número de habitantes, por lo que alcanzaría el 17,8% del total de las inversiones del estado, de modo que recibiría 90 millones más de los 1.697,74 asignados, lo que representa una disminución de medio punto. Tras años de incumplimiento por parte de los gobiernos de PSOE y PP la deuda con Andalucía supera los 1.500 millones de euros.
Para Maíllo, estos son presupuestos sin empleo, sin consumo sin acceso al crédito y con bajada salarial que van a perjudicar a pensionistas, a trabajadores públicos y privados, señalando como “pura ficción” la previsión de aumentar los ingresos tributarios en un 1,1%. El coordinador andaluz señala a “la losa del artículo 135 de la CE” como un elemento central del presupuesto, que obliga a destinar 36 mil millones al pago de la deuda, más dinero que el destinado a los ministerios y 1,2 veces el presupuesto de la Junta.
Por su parte, el portavoz de La Izquierda Plural, José Luis Centella ha ofrecido una valoración de los primeros datos “que se han ido conociendo por la prensa, no por el gobierno”, calificando a los PGE como “los de la banca”, acusando al Gobierno de centrarse en el pago de la deuda pública y no en la creación de empleo. Para Centella “sólo se genera empleo con inversión pública e I+D+i enfocados a la construcción de un nuevo modelo productivo. Por último el portavoz de La Izquierda Plural, exigió una auditoría de la deuda “para levantar esa losa y comprobar que no es pagable”.