“Estamos aquí porque los datos son contundentes y alarmantes: hay un desfase injustificado de más de 2 euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva ( 3,50 €/Kg) y el valor que debería tener ( 5,55€/kg) según el análisis riguroso de las universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA”, ha afirmado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
De confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, estaríamos ante una infracción grave de la legislación vigente. En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo expresamente los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados.
De mantenerse esta distorsión en los precios, los olivareros podrían dejar de percibir hasta 2.800 millones de euros en esta campaña. “No hablamos de percepciones ni de sensaciones: hablamos de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores”, ha reiterado Padilla.
En relación a ello, el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luís Ávila, ha indicado que el mercado no puede ser un espacio de abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros”, ha remarcado.