En esta partida económica se incluyen partidas destinadas para la contratación de personas en situación de desempleo y riesgo de exclusión social. A este programa se adhirió la totalidad de los ayuntamientos de la provincia.
Según informa la Junta, a la hora de la adjudicación de los contratos de empleo se dará prioridad a las "unidades familiares con todos sus miembros en paro, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo", entre otras.
Asimismo, el decreto andaluz recoge medidas para evitar posibles situaciones de exclusión social y "un deterioro en la calidad del servicio", según recoge la información facilidad por la Junta de Andalucía.