SOS Rural y E&L llevan a los tribunales a la Junta y al Ayuntamiento de Lopera por el macroproyecto fotovoltaico que supone la tala de olivos.

Olivar de Lopera. Foto: Antonio Marín.

La alianza formada por SOS Rural y por la Asociación Ecología y Libertad (E&L), junto a la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, ha interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos, uno contra la Junta de Andalucía y otro contra el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), tras las últimas decisiones adoptadas por ambas administraciones —regional y local— referentes a los proyectos fotovoltaicos que afectan al municipio loperano y que suponen la tala de miles de olivos.

De este modo, la alianza ha presentado un recurso contencioso-administrativo —con fecha de 16 de enero— contra la Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se acordaba inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio formulada por la alianza frente a las resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Públicos y de Industria, Energía y Minas en Jaén respecto de las PSFV Marmolejo Solar I, Marmolejo Solar II, “Infraestructuras Comunes de Evacuación S.E.T. Promotores Guadame/S.E.T. Guadalquivir Medio”, Zumajo I, Zumajo II, Guadame II, Guadame III y Guadame IV.

“Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho, ya que existe una fragmentación artificial de los proyectos para eludir la competencia estatal, evitando que el Ministerio para la Transición Ecológica los supervise por ser inferiores a 50 MW y para impedir una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera”, explica Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

Según la alianza, este fraccionamiento artificioso ha permitido tramitar como expedientes independientes lo que, en realidad, constituye un único macroproyecto energético, eludiendo controles ambientales esenciales y privando a la ciudadanía de un análisis integral de los impactos acumulados.

Recurso contra el Ayuntamiento de Lopera.

Asimismo, la alianza ha interpuesto otro recurso contencioso-administrativo —con fecha 28 de enero— contra el Decreto número 2025-572, suscrito por Carmen Torres, alcaldesa del Ayuntamiento de Lopera, por el que se acuerda levantar y dejar sin efecto la medida provisional de suspensión para resolver los expedientes de licencia de obras que había sido acordada mediante Decreto de esta Alcaldía.

Mediante dicho decreto, el Consistorio loperano decidió levantar la suspensión que pesaba sobre las licencias de obra vinculadas a los proyectos fotovoltaicos, permitiendo así la tramitación inmediata de esas licencias. “Este levantamiento es prematuro, arriesgado y jurídicamente insostenible, porque se produce sin que se hayan resuelto las serias dudas sobre la legalidad de los proyectos y mientras existen procedimientos judiciales en curso, lo que supone abrir la puerta a daños irreparables para el territorio”, advierte Fernández.

“Ya existen sentencias judiciales previas favorables a nuestros argumentos en casos muy similares y somos muy optimistas respecto a la paralización del proyecto. La Campiña Norte de Jaén no es un solar industrial, es tierra fértil de alto valor productivo, garantía de nuestra soberanía alimentaria y sustento de miles de familias, y no vamos a permitir que se sacrifique en beneficio de intereses especulativos privados”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Además, las organizaciones alertan de las posibles consecuencias para el propio Consistorio si permite la ejecución de obras sustentadas en autorizaciones que podrían ser anuladas por los tribunales. “Levantar la suspensión de licencias cuando existen recursos pendientes y serias sospechas de ilegalidad es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias muy graves para el Ayuntamiento. Vamos a dar la batalla política, jurídica y social hasta el final. Y no vamos a aceptar chantajes ni presiones.”, señala Corbalán.

La alianza ha alertado además de que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Lopera carece de secretario-interventor en activo, tras haberse dado de baja el titular del puesto.

Más allá de Lopera.

Con la presentación de estos recursos contencioso-administrativos, SOS Rural y E&L profundizan en su ofensiva judicial, enmarcada en la macrocausa legal impulsada en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo. Para SOS Rural, estas acciones judiciales tienen un alcance que trasciende el municipio jienense. “Lo que está en juego no es solo Lopera. Está en juego el derecho de todos nuestros pueblos a decidir su futuro, el respeto al paisaje, a la agricultura y a la forma de vida rural”, asevera Corbalán.

La organización recuerda que en numerosos municipios de España se repite el mismo patrón de implantación de megaproyectos energéticos sobre territorios agrícolas productivos, como ya está ocurriendo en comarcas de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón o Castilla y León, donde miles de hectáreas de regadío, viñedo, cereal o cultivos tradicionales se ven amenazadas por instalaciones solares mal planificadas y sin una evaluación adecuada de sus impactos acumulados.

“La transición energética es necesaria, pero no puede hacerse contra el mundo rural ni a costa de destruir los suelos que nos alimentan. Renovables sí, pero con ley, con planificación y con respeto a las personas y al territorio”, concluye la portavoz nacional de SOS Rural.