El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, anunció ayer la elaboración de un decreto-ley por el cual quienes perciban el salario social tendrán garantizado el suministro de luz y agua.
Valderas avanzó que la medida, en la que lleva trabajando desde septiembre, se presentará al Consejo de Gobierno antes de fin de año aunque no aventuró la fecha en que entrará en vigor.
Se garantizará un mínimo vital por ley, consistente en el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día, lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes, y de 1.400 kilovatios al año, con lo que cubrirán parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 kilovatios anuales, fijadas por la ONU.
Esta medida es similar a la propuesta por el Partido Popular de Lopera en un pleno municipal que exigía la exención en el pago del recibo del agua a familias de Lopera sin recursos.
El salario social es el último recurso disponible para las personas que han agotado todas las demás prestaciones y subsidios. Se concede durante seis meses y oscila entre 392,5 y 633,3 euros al mes dependiendo de los miembros de la unidad familiar.
El Salario Social es una prestación económica mensual dirigida a las unidades familiares más desfavorecidas y que consiste en equivalente al 62% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, incrementada en un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto a la persona solicitante, hasta un máximo equivalente al 100% del SMI. El Decreto 2/1999, de 12 de enero, es el que regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía.
El salario social se solicita en el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento y en ningún caso los ingresos de la unidad familiar podrán superar el importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente.