jueves, 22 de enero de 2015

El Plan de Ayuda a la Contratación de la Junta permitirá a los ayuntamientos emplear a 25.000 personas.

Ayudas para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social.
Ya se han transferido a los 765 consistorios andaluces participantes los 40 millones de euros con los que cuenta el programa. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha visitado el Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) para conocer de primera mano la puesta en marcha del Plan de Ayuda a la Contratación que contempla el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía y que en este municipio ha empleado a 51 personas. Además, gracias a los otros programas puestos en marcha por la Junta -como el  Emple@30+-, se han hecho un total de 132 contratos. Gracias al decreto de inclusión, Olivares también ha recibido 13.000 euros para ayudas a las familias en el pago de los suministros mínimos vitales.
Un total de 765 ayuntamientos de Andalucía, el 99,2% de los 771, se han repartido los 40 millones de euros de presupuesto con los que cuenta el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, que ya han sido abonados a los consistorios. Con este plan de empleo extraordinario se pretende realizar alrededor de 25.000 contratos, que serán gestionados por los consistorios. María José Sánchez Rubio ha afirmado que "el Gobierno de la Junta de Andalucía mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias".
En Sevilla, suman 105 ayuntamientos participantes, con casi nueve millones de asignación, que ya están abonados al 100%. Este programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad.
Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros y "que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces", ha dicho la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se da prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado junio el Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que beneficiará a más de 160.000 personas. El decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos de cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social.
La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.