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| La Junta quiere recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis. Foto: Junta de Andalucía. |
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, que prevé
beneficiar a más de 54.000 personas y contará con un presupuesto
inicial de 308,87 millones de euros para los años 2018 y 2019.
La nueva estrategia se desarrollará en catorce convocatorias e incluirá, entre otras medidas, actuaciones
integrales para la inserción laboral, incentivos a la contratación,
planes de empleo, prácticas profesionales y distintas iniciativas en
materia de seguridad y salud y de conciliación familiar, con especial
atención a la industria. En relación con este sector, sus objetivos serán los mismos que los de la vigente Estrategia Industrial de Andalucía 2020: recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis y alcanzar los 533.000 trabajadores; reducir en un 10% la tasa de temporalidad, y disminuir en un 30% los accidentes graves y mortales.
La medidas previstas se estructuran en seis capítulos:
desarrollo local; fomento del empleo; mejora de la empleabilidad;
innovación en el empleo; seguridad y salud laboral, y conciliación
familiar.
El bloque de desarrollo local es el de mayor envergadura, con un presupuesto de 182 millones de euros y la previsión de beneficiar a más de 30.000 desempleados.
Incluye la reedición de las iniciativas de cooperación social y
comunitaria actualmente en vigor, desarrolladas por los ayuntamientos y
destinadas a la contratación de jóvenes desempleados menores de 30
años, mayores de 30 y, como novedad, parados mayores de 45.
Dentro de este capítulo, también se desarrollarán acciones
de orientación y tutorización de los beneficiarios; iniciativas de
diagnóstico y prospección para determinar oportunidades de negocio en
los municipios, con incentivos para ayuntamientos, diputaciones,
mancomunidades y otras entidades; una línea de ayudas a autónomos,
sociedades y entidades sin ánimo de lucro para planes de empresas y
estudios de viabilidad de proyectos de desarrollo local, preferentemente
centrados en el sector industrial, y otra de incentivos a las
contrataciones de trabajadores por más de un año para poner en marcha
estos proyectos.
Asimismo, el programa incentivará la contratación de
trabajadores durante un mínimo de nueve meses para la realización de
proyectos de I+D+i promovidos por empresas, autónomos, entidades sin
ánimo de lucro y universidades. En este caso, los beneficiarios deberán
estar en posesión de un título de formación profesional de grado
superior o universitario de grado, máster o doctorado o equivalente.
En el capítulo de fomento del empleo, que prevé beneficiar a 8.800 desempleados con un presupuesto de 71,75 millones de euros,
se establecen incentivos a la contratación para a favorecer la creación
de puestos de trabajos estables y la transformación de contratos
indefinidos en temporales, con el requisito, en ambos casos, de una
duración mínima ininterrumpida de doce meses. Respecto al marco actual
de ayudas, se incluyen como novedad aquellos contratos indefinidos con
jornada laboral parcial en los que se decida ampliar su duración a
jornada completa.
De igual modo, se incentivará la adquisición de competencias
profesionales a través de la contratación de desempleados por entidades
sin ánimo de lucro para proyectos de interés general y social,
principalmente en sectores como la dependencia, el medio ambiente, las
nuevas tecnologías o el voluntariado.
El tercer bloque, dotado con 40,5 millones de euros, se centra en la mejora de la empleabilidad
e incluye proyectos integrales de inserción que desarrollarán entidades
sin ánimo de lucro, universidades y asociaciones del sector industrial,
con una previsión de más de 13.600 personas beneficiarias.
Dirigidos a parados de larga duración mayores de 45 años,
mujeres y personas con discapacidad, este capítulo combinará acciones de
orientación laboral y asesoramiento, formación e intermediación
laboral, entre otras. Además, recogerá una oferta de prácticas de entre
tres y nueve meses para jóvenes desempleados, con una beca equivalente
al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (537 euros
mensuales), y otras de ámbito europeo con ayudas que cubrirán gastos de
preparación lingüística y cultural, desplazamiento, alojamiento y
manutención.
Los dos siguientes capítulos se dedican a la innovación del empleo (7,5 millones de euros) y a la seguridad y salud laboral (4 millones).
El primero de ellos, centrado en la prospección y conocimiento de la
oferta y la demanda del mercado laboral industrial, pondrá en marcha
experiencias novedosas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores
y promoverá la investigación y celebración de eventos especializados
sobre la materia. El segundo incluye acciones de información, asistencia
técnica y formación, así como de lucha contra la accidentalidad
laboral.
Finalmente, el sexto bloque de medidas se dirige a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, con un presupuesto de 2,5 millones de euros.
Dentro de este capítulo se recogen incentivos a la contratación para la
sustitución de trabajadores por bajas maternidad, paternidad, adopción o
guarda los fines de semana, así como ayudas para contratos en régimen
de interinidad para sustituciones de los acogidos a periodos de
excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas
dependientes.