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| Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Foto: Junta de Andalucía. |
El Consejo de Gobierno ha acordado un primer paquete de medidas urgentes
que movilizará unos 1.000 millones de euros para hacer frente a la
alerta sanitaria provocada por el COVID-19 en Andalucía. El decreto-ley
aprobado incluye, por una parte, actuaciones de apoyo financiero a los
autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que supondrán la
movilización de 900 millones de euros para respaldar su actividad y
recoge, además, una dotación de 100 millones para crear un Fondo de
contingencia sanitaria.
Se trata de una aportación inicial de 100 millones que se destinará a
la sustitución de sanitarios afectados por el contagio, al refuerzo de
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como a la compra del
material y equipamiento necesarios. Para atender las necesidades
urgentes que determine la Consejería de Salud y Familias, la Consejería
de Hacienda, Industria y Energía realizará una reestructuración del
presupuesto, ya que hasta la fecha el Gobierno central no ha enviado
recursos adicionales ni la comunidad autónoma ha recibido respuesta
sobre su propuesta de flexibilizar el objetivo de déficit y la regla de
gasto.
Entre las medidas de apoyo a las empresas que recoge el decreto-ley,
se establece que la Junta de Andalucía no suspenderá los pagos a las
empresas contratadas por la Administración a pesar de que éstas no
puedan desarrollar sus actividades con motivo del cierre parcial de
dependencias administrativas o entes instrumentales de la Administración
autonómica, siempre que la empresa acredite la permanencia de la
plantilla en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que
dure la suspensión.
Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales
problemas de acceso a liquidez, se concede una subvención de hasta 36
millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para
avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta
500 millones de euros.
El Gobierno andaluz articula, además, avales para dar respuesta a las
necesidades de las empresas, destinando 20 millones a la línea
Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la
Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Se estima que esta
medida tendrá un efecto multiplicador por cinco, de manera que
posibilitará la concesión de préstamos por parte de las entidades
colaboradoras por un volumen de hasta 100 millones de euros dirigidos a
las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Con estas dos medidas de apoyo financiero se podrán movilizar hasta
600 millones de euros en préstamos cubiertos por instrumentos de
garantía, lo que permitirá actuar de forma decidida frente a los
problemas derivados de la crisis sanitaria actual.
El decreto-ley recoge asimismo actuaciones con el fin de favorecer la
liquidez de las familias, pymes y autónomos en el ámbito de las
competencias tributarias autonómicas. Así, plantea una ampliación del
plazo de presentación y pago de tres meses adicionales en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. El impacto de esta medida asciende a unos
270 millones, que se inyectan en la economía andaluza por el retraso en
el cobro de impuestos, lo que supone un préstamo a corto plazo y sin
intereses a los sectores productivos.
Y se incrementa en 9 millones de euros, hasta alcanzar los 22
millones, la línea de ayudas gestionada por la Agencia IDEA destinadas a
proyectos de Transformación Digital de las pymes con el objetivo de
facilitar que las pequeñas y medianas empresas se doten de los medios
técnicos necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo.
Entre otras medidas, el decreto-ley contempla anticipar la
implantación de medidas de impulso a la gestión tributaria no presencial
que estaban previstas para este año con objeto de reducir los trámites
de manera presencial y evitar la asistencia de los contribuyentes a las
oficinas, así como medidas para garantizar la inmediata contratación de
cuantas actuaciones sean necesarias para hacer frente a la actual
situación.
El Gobierno andaluz trata con la aprobación de este paquete de
medidas de dar respuesta, en el ámbito de sus competencias, a los
planteamientos expresados desde las organizaciones empresariales y de
autónomos, que han centrado sus inquietudes en la necesidad de adoptar
medidas para evitar la quiebra y mantener el empleo y que van orientadas
a garantizar el acceso a la liquidez a través de avales públicos, el
aplazamiento del pago de impuestos y la facilidad de teletrabajo.
Situaciones de emergencia social.
El decreto-ley también contempla medidas de actuación coordinadas
para la atención de situaciones de emergencia social. En este sentido,
se crea en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación la Comisión para la coordinación de las actuaciones de
emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas
por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de
los servicios sociales.
Se consideran situaciones de emergencia social derivadas de la
adopción de las medidas preventivas, por parte de la Administración de
la Junta de Andalucía frente al COVID-19, las siguientes: la suspensión
del recurso de atención a la dependencia, por parte de la Consejería
competente en materia de Servicios Sociales, que le provoque a la
persona beneficiaria caer en una situación de desamparo. Igualmente, las
modificaciones constatables del entorno en el que viva la persona
beneficiaria de prestación por dependencia, por causas directamente
provocadas en Andalucía por la epidemia del COVID-19, siempre que tales
modificaciones del entorno provoquen una situación de desamparo en los
términos del apartado anterior.
Los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas
declaradas en situación de emergencia social y, por tanto, objeto de
especial protección serán: Centros Residenciales públicos y privados
para personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva
autorización administrativa de funcionamiento, Centros de Servicios
Sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía y entidades de
voluntariado.