“El Gobierno socialista ha aumentado un 138% las familias beneficiarias de este Bono en la provincia de Jaén, un incremento espectacular que demuestra el compromiso de Pedro Sánchez con las colectivos más vulnerables y su apuesta por las políticas sociales en momentos de especial dificultad. Una vez más, comprobamos el fuerte sello social de este Gobierno”, resume Micaela Navarro.
La senadora socialista recuerda que el Bono Social fue reforzado por el Gobierno de España durante el Estado de Alarma, ya que se amplió esta medida a los trabajadores y a los autónomos afectados por la crisis. Además, se acordó la prórroga automática de los bonos que tenían que renovar su solicitud durante aquel periodo. “Todo ello ha confluido en un aumento de la protección y la cobertura que ofrece este Bono en la provincia de Jaén, con muchas más familias beneficiarias que cuando gobernaba el PP, que nunca ha creído en las políticas sociales”, señala.
El Bono Social Eléctrico permite a casi 32.000 familias de la provincia de Jaén tener un descuento en la factura eléctrica que oscila entre el 25% y el 40% del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. “Esta iniciativa viene a garantizar que ningún quede sin suministro eléctrico en un momento tan difícil como el que están atravesando muchas familias como consecuencia de la crisis de pandemia”, apunta Navarro, quien recuerda que el Gobierno de España se marcó como prioridad que “nadie quedara atrás” tras el estallido de la crisis.
Por este motivo, no sólo se reforzó y amplió la cobertura del Bono Social, sino que se prohibió expresamente el corte de luz, agua y gas cuando se declaró el Estado de Alarma y se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital para asistir a las familias que se encuentran sin ingresos. “Es un Gobierno volcado en ayudar a la ciudadanía, a los trabajadores, a los desempleados, a las familias, a las personas mayores, a los autónomos y a los empresarios”, indica Navarro, quien recalca que “no todos los Gobiernos hacen lo mismo”.
Recuerda en este sentido que en la crisis de 2012, el
Gobierno del PP optó por abaratar el despido, recortar salarios, eliminar
ayudas al alquiler de vivienda, reducir becas y rebajar el poder adquisitivo de
los pensionistas. Añade que la Junta de Andalucía “sigue esa senda antisocial”
y que una prueba de ello es que “ha necesitado casi 2 años para empezar a pagar
las ayudas al alquiler de la vivienda para familias vulnerables, unas ayudas
que se convocaron en 2018 y que no ha tenido capacidad o interés de resolver
hasta ahora”.