El presidente del Gobierno comparece ante los medios de comunicación, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. | Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo. |
El primer Plan de Respuesta -ha añadido- ha amortiguado los efectos de esa crisis internacional, pero la inflación sigue frenando la recuperación y se mantiene la incertidumbre en todo el mundo, por lo que son necesarias medidas adicionales. El Gobierno estima que el conjunto de actuaciones permitirá contener en 3,5 puntos la subida de los precios.
Un primer conjunto de iniciativas busca proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de la subida de los precios de la energía. El IVA sobre la electricidad pasa del 10% al 5% desde el 1 de julio hasta final de año y se mantiene el resto de medidas en vigor, como la ampliación de los descuentos del bono social o la reducción de otros impuestos vinculados a la electricidad.
El nuevo decreto también prorroga la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles hasta el 31 de diciembre. Además, con el objetivo de fomentar el transporte público, se aprueba una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales; la reducción será del 30% para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%. Sánchez ha señalado que la reducción se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.
Además, la norma recoge medidas específicas para las personas más vulnerables. Se mantienen el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, y el tope del 2% para la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual. También se amplía la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Y el aumento de los costes energéticos seguirá sin poder constituir causa objetiva de despido en las empresas que reciban ayudas previstas en el Decreto-ley.