La consejera urge al Gobierno a reunir de nuevo a la Mesa Nacional de la Sequía para abordar la situación.

La falta de lluvia está afectando a las fincas agrícolas. Foto: Junta de Andalucía.

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, aprovechó la Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada esta semana en Madrid, para plantear directamente al ministro de Agricultura, Luis Planas, la necesidad de «convocar de forma urgente la Mesa Nacional de la Sequía» al objeto de «abordar la situación actual de grave déficit hídrico que sufren las cuencas», así como para «fijar medidas de emergencia para el sector agrícola y ganadero».

Crespo ha calificado de «vital para Andalucía» este asunto y ha advertido de que «la situación es muy preocupante» para los agricultores y ganaderos, los cuales ya se veían afectados en primavera por la falta de lluvias. De hecho, los datos técnicos de la propia Consejería de Agricultura reflejan la existencia de una reducción del 47% de la pluviometría con respecto al año anterior.

Es por ello que la consejera andaluza ha insistido en que «urge ya reunir este órgano decisorio», en el que participan todas las comunidades autónomas, para que «el Estado ponga en marcha todos los recursos necesarios que tiene en su mano para hacer frente a esta severa sequía que sufrimos». Para Carmen Crespo, estas medidas deben estar centradas, por un lado, en «establecer una bonificación del agua desalada de al menos 0,30 céntimos y activar la doble tarifa eléctrica para el riego»; y por otro lado, en «generar nuevos recursos hídricos mediante la combinación de distintas políticas como los trasvases, la desalación y un mayor uso de aguas regeneradas».

Y es que, como bien ha explicado Crespo ante sus homólogos regionales en la Conferencia Sectorial, «no es el momento de desdeñar ninguna posibilidad, infraestructura o recurso hídrico adicional que podamos poner en marcha». De ahí que la consejera haya vuelto a plantear «la necesidad de sumar de forma inmediata más fondos Next Generation al impulso de infraestructuras del agua dirigidas al aprovechamiento del agua por parte del sector agrario». «Son cruciales para aliviar la grave situación que vivimos en las zonas productoras de Andalucía y España».

En este sentido, la consejera ha vuelto a insistir en que «es el momento de que todas las administraciones estén a la altura de las circunstancias» y ha solicitado al Gobierno una mayor proactividad para «apoyar a unos agricultores y ganaderos que ya tienen bastante con la subida elevada de los costes de producción y los efectos que ya está causando la guerra de Ucrania».

Por último, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha vuelto a reclamar la ejecución inmediata y urgente de las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que aún están pendientes de poner en marcha en la comunidad andaluza.

Actuaciones de la Junta.

En cuanto a las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, Carmen Crespo ha recordado que la Junta aprobó en 2021 un decreto de sequía que, sumado a la ampliación de 2022, supone movilizar 143 millones de euros para obras hidráulicas de las cuencas de competencia autonómica (Cuencas Mediterráneas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras), que reúnen el 33% del territorio andaluz. Esta cantidad que destina la Junta a mejorar la capacidad de Andalucía para hacer frente a la escasez de agua contrasta con el montante que el Gobierno de España compromete a este mismo objetivo. El Estado, responsable de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, dedica únicamente 9,6 millones para una cuenca que supone el 67% de la comunidad autónoma andaluza.

Por otro lado, la consejera ha destacado la puesta a disposición de los regantes andaluces de una línea de ayudas dirigidas a facilitar el aprovechamiento de las aguas regeneradas por parte de los agricultores, dotada con 25 millones de euros. Este montante contempla 10 millones a respaldar las infraestructuras de conexión con las estaciones depuradoras de aguas regeneradas (EDAR) o desaladoras que permitan utilizar estas aguas en las explotaciones agrícolas; así como 15 millones para la puesta en marcha de nuevos regadíos abastecidos con estos recursos hídricos adicionales.