Viedma denunció el abandono de las políticas de memoria democrática por parte de la Junta de Andalucía en los últimos 4 años, donde se ha producido “una drástica reducción de las actuaciones” en esta materia. En esta última legislatura, hubo “recortes presupuestarios, no se ejecutaron las partidas, hubo dilación de plazas e incumplimientos de la ley”, según denunciaron los propios colectivos. En 2019 “no se llegó ni al 50% de ejecución presupuestaria, en 2020 ni al 17%, en 2021 ni al 41% y en 2022 sí se ha llegado al 99,5%, pero claro, es que sólo habían presupuestado 18.000 euros”, reprochó.
Viedma lamentó que la Junta “tiene la competencias difuminadas en una Viceconsejería” de la que también dependen turismo, cultura y deporte, y criticó que “no han creado una estructura administrativa” para este área, en la línea de lo que hicieron hace unos años, cuando sustituyeron la Dirección General de Memoria Democrática.
Así las cosas, exigió al nuevo consejero “que cumpla con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y con la ley que se aprobó ayer en el Senado, por cierto, con los votos en contra del PP”. “Entiendo que no les guste, pero aunque no les guste, cumplan, porque son leyes que sólo quieren reparar el daño a quienes sufrieron violencia y represión”, reclamó. En este sentido, recordó que la ley andaluza es “una ley de vanguardia, un referente legislativo que se aprobó siguiendo las recomendaciones de la ONU, que amplió la consideración de víctimas a familiares y niños robados y que prohibió la exhibición de símbolos franquistas y fascistas”.