La Mesa Social del Agua remite un escrito a la Junta ante la crítica situación del agua en Andalucía.

Efectos de la sequía. Foto: Pixabay.

La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte FACUA Andalucía, ha remitido un escrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con motivo del cierre del año hidrológico para mostrar su preocupación ante la deriva que está experimentando el debate sobre la política del agua en la comunidad, y para presentar una serie de medidas urgentes para paliar la actual crisis del agua.

El escrito alerta de que en Andalucía, el problema de fondo es la escasez de aguas y no sólo la falta de lluvias. Una escasez que está provocada por un desequilibrio entre la cada vez mayor demanda de agua y los recursos disponibles y que se debe a la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Esta situación se ve agravada, además, por las extraordinarias olas de calor y la reducción de precipitaciones, detrás de las cuales asoman ya las consecuencias del cambio climático.

En su misiva, la Mesa advierte que la Proposición No de Ley (PNL) debatida en el parlamento andaluz, en la que se exige al Gobierno central una serie de actuaciones e infraestructuras declaradas de interés general para abordar la sequía, ignora y, por tanto, no aborda, la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta a un incremento de la demanda de agua y además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo.

El escrito está firmado, además de por FACUA Andalucía, por organizaciones como CCOO Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA.

La MSA reclama un plan de choque para evitar cortes de agua.

La mayoría de los municipios que han sufrido y sufren en la actualidad cortes de agua tienen ya convenios firmados que no se han ejecutado para integrarse en sistemas supramunicipales. En este contexto, la MSA considera irresponsable la supresión del canon autonómico de mejora, cuando este tributo se amplió precisamente para sufragar este tipo de obras. Por todo ello, la MSA reclama al Gobierno andaluz un plan de choque para evitar cortes de agua a través del impulso de la gestión pública y, cuando sea necesario, sistemas supramunicipales eficaces y transparentes.

Entre las medidas de urgencia a corto plazo, la MSA considera imprescindible dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre. Para ello, se debe suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación. En referencia a la agricultura de regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Igualmente, la MSA considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una.

Como medidas a medio y largo plazo, la MSA exhorta a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura y que contemplan, entre otros, la definición de objetivos medioambientales prioritarios en materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo la limitación de la superficie de regadío), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de adaptación al cambio climático.

Esta relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en la actualidad. Por todo ello, la MSA ha vuelto a remitir el decálogo de medidas que ya presentó en la anterior legislatura y que podría servir de hoja de ruta para una transición hídrica justa para Andalucía.