“Es una inversión récord, nunca antes conocida en nuestro país, destinada a que todas las personas tengan las mismas oportunidades para afrontar su preparación educativa, sin que las dificultades económicas que puedan tener sea un obstáculo para ello”, ha señalado la representante del Ejecutivo en la provincia.
Catalina Madueño ha puesto en valor que este Gobierno ha incrementado de forma sucesiva el presupuesto para becas, con un aumento acumulado de más del 70 por ciento respecto al último presupuesto del anterior Ejecutivo. “Es decir, más de mil millones más”, ha subrayado la subdelegada. “Con la medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, el presupuesto se incrementa en un 18 por ciento con respecto al año pasado; pero, además, es un 70 por ciento superior a la última recogida en los presupuestos de 2017, lo que demuestra que este Gobierno piensa y gobierna para las mayorías sociales a través de medidas justas como es una educación para todos”, ha añadido.
Madueño ha recordado que 16.937 estudiantes de la provincia de Jaén recibieron una beca en el curso 2017/2018, cuando el Ministerio destinó a esta partida unos 32 millones de euros. “En el curso 2021/2022, han sido 17.416 alumnos jiennenses los que han recibido becas, por valor de 41,62 millones. Los números son elocuentes y van a seguir aumentando con el incremento de presupuesto aprobado en el Consejo de Ministros y avanzando en la mejora del bienestar de la mayoría social, una mejora sostenida en los principios de igualdad, de sostenibilidad y de cohesión social que marcan una agenda que tiene a las personas en el centro de su atención”, ha concluido la subdelegada.
Entre las novedades de esta convocatoria está el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a unos 125.000 alumnos y alumnas. Esta medida tendrá especial incidencia en familias de entornos rurales cuyos hijos e hijas deben desplazarse a otras localidades para poder estudiar.
Además, el próximo curso habrá una ayuda complementaria de 400 euros para los estudiantes de niveles educativos no universitarios que acrediten una discapacidad de, al menos, un 33%, trastorno grave de conducta, de la comunicación/lenguaje o del espectro autista (TEA) para sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar. Se estima que llegará a unos 240.000 alumnos y alumnas.