Por otra parte, la asociación aplaude la iniciativa del Gobierno francés de hacer públicos, de manera trimestral, los márgenes de beneficio de los agricultores, los productores y los distribuidores, con el fin de garantizar un proceso trasparente en la aplicación de precios.
Planas aseguró en enero que sería su cartera la que se encargaría de hacer un control y seguimiento de la evolución de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA, tal y como se recoge en el artículo 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 28 de diciembre: “La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios”.
El mencionado real decreto-ley indica que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”.
A fecha de hoy no solo no han trascendido datos sobre sus conclusiones, sino que además se desconoce sobre cuántos establecimientos, cuántos precios y en qué fechas se vienen realizando estos análisis. De hecho, Agricultura ni siquiera ha confirmado si efectivamente los está llevando a cabo.
FACUA insiste en la fijación de precios.
Además de la petición de hacer públicos los márgenes de beneficio de los agricultores, los productores y los distribuidores, FACUA incide en la necesidad de que el Gobierno fije precios máximos en alimentos básicos, algo para lo que está facultado según establece el artículo 13 de la ley de comercio de 1996.
Resulta evidente, advierte la asociación, que la bajada del IVA en algunos productos ha tenido un efecto extraordinariamente leve en la cesta de la compra dado el brutal encarecimiento que se ha producido en el último año e incluso, en muchos casos, en lo que va de 2023.
FACUA recuerda que los productos afectados por la rebaja de IVA no pueden aumentar los márgenes de beneficio empresarial durante al menos cuatro meses, plazo que se ampliará hasta seis si la inflación subyacente de marzo no está por debajo del 5,5%.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) sigue sin dar respuesta a las denuncias que FACUA viene interponiendo desde enero por las subidas de precios detectadas en numerosos productos.