«Este Gobierno viene trabajando y va a seguir haciéndolo, con compromiso social y territorial, para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y para el regadío de nuestro campo; con determinación y sin escudarse en excusas competenciales», ha asegurado Pedro Sánchez, que ha situado las políticas de agua como «máxima prioridad» del Ejecutivo para combatir la sequía.
Solidaridad, planificación y ciencia.
El jefe del Ejecutivo ha destacado el firme compromiso del Gobierno para hacer frente a la sequía y asegurar el abastecimiento de agua en torno a tres principios de acción fundamentales: «Solidaridad, planificación y ciencia frente al negacionismo para hacer frente a uno de los mayores retos que tenemos como país, que es la sequía y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático».
El jefe del Ejecutivo ha incidido en la sequía como un problema común y global, que exige la solidaridad entre regiones. «Colaboraremos con todos aquellos territorios y administraciones que lo pidan, para garantizar el agua allá donde sea necesario», ha remarcado Pedro Sánchez.
Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno ha destacado la planificación como un factor determinante para la puesta en marcha de los planes hidrológicos, con el fin de duplicar la capacidad de desalación y reutilización de agua en España.
La ciencia es otro de los principios claves en los que se apoya la
acción del Gobierno frente a la sequía. España se sitúa a la cabeza de
Europa en producción de agua desalada y es el cuatro país del mundo en
capacidad instalada, con una producción diaria de cerca de 5 millones de
metros cúbicos. «Los datos muestran que apostamos por la innovación y
la eficiencia para administrar con inteligencia un recurso escaso y
valioso como el agua», ha afirmado el jefe del Ejecutivo.
Esfuerzo inversor del Gobierno en materia de agua.
La planificación hidrológica de tercer ciclo prevé una inversión de 23.000 millones de euros hasta 2027 para hacer frente a escenarios de sequía, a través de 6.600 actuaciones que contemplan una movilización de 5.000 millones para modernizar hasta 700.000 hectáreas de cultivo y beneficiar así a cerca de 20.000 agricultores.
En concreto, las infraestructuras de desalación de Alicante, Murcia y Almería contemplan inversiones por valor de 813 millones de euros dentro de esos planes hidrológicos de tercer ciclo.
Este esfuerzo inversor, sumado a los 2.200 millones invertidos desde
2018, evidencia la lucha del Gobierno contra la emergencia climática.
«Los discursos negacionistas niegan irresponsablemente las consecuencias
del cambio climático, contrarios a la ciencia y al interés de la
población en general y de los agricultores y ganaderos en particular»,
ha subrayado el jefe del Ejecutivo.