La Junta de Andalucía defiende la instalación de plantas fotovoltaicas en fincas olivareras.

Instalación de una planta fotovoltaica. Foto: Pixabay.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido la instalación de plantas fotovoltaicas en fincas olivareras de Jaén como “un mal menor” y considera que puede ser «compatible» la producción oleícola con la “necesaria” transición energética.

“Las instalaciones fotovoltaicas son necesarias para esa transición energética que necesitamos hacer y que también es importante para luchar contra el cambio climático”, ha manifestado la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio.

Catalina García ha apostado por “compaginar” la riqueza que genera el olivar (solo en Jaén hay 67 millones de árboles) con las placas fotovoltaicas que se están instalando en muchas zonas de las Campiñas de Jaén y Córdoba.

“Siempre he defendido la riqueza del olivar como principal recurso de la provincia”, ha indicado García, que también ha defendido los efectos para la salud del aceite de oliva virgen extra “como protector cardiovascular y contra el envejecimiento celular”. Además, la consejera valora la contribución del bosque del olivar andaluz como “un importante bosque a proteger por ser un sumidero de CO2”.

No obstante, Catalina García ha indicado que las instalaciones que están proyectadas hasta ahora suponen el 0,3% del total de la superficie de Andalucía, y el 0,6% de la cultivable. “Y en muchos lugares será compatible que el olivar permanezca junto a las placas”, ha añadido.

Por tanto, para la consejera estas plantas fotovoltaicas suponen “un mal menor” al tiempo que ha defendido la posibilidad de compaginar tanto la producción del olivar como la transición energética.

La plataforma Campiña Norte de Jaén contra las megaplantas solares denunció en días pasados que ya se han talado más de 4.000 olivos, por la vía de la expropiación forzosa, para la instalación de este tipo de plantas fotovoltaicas, aunque temen que la cifra total de árboles arrancados ascienda a más de 100.000.

Los afectados entienden que la tala de estos olivos se ha iniciado sin contar con los permisos pertinentes de los respectivos ayuntamientos. “Nos parece una temeridad por parte de la empresa ya que el trámite del permiso de obras que debe conceder el Ayuntamiento de dicho término al ser el máximo soberano de su territorio”, dijo el portavoz de la plataforma, Rafael Alcalá.