Sumar subraya que, aunque el desarrollo de las energías renovables es una prioridad en la lucha contra el cambio climático, esta transición no puede realizarse a costa del medio ambiente, las tierras fértiles ni del futuro de las comunidades rurales. En este sentido, advierten del riesgo de que las instalaciones industriales, como los parques fotovoltaicos y eólicos, acaben invadiendo espacios de alto valor natural y suelos agrícolas productivos, generando un impacto irreversible en la biodiversidad y en la economía local.
En líneas generales, ha pedido prohibir la instalación de parques renovables en suelos de alto valor natural para el cultivo o vías pecuarias, tampoco en caladeros y zonas pesqueras productivas, ofreciendo como referencia, el protocolo desarrolaldo por el gobierno de Navarra y el Manifiesto de Burela.
El texto, registrado por el diputado Eloi Badía y la portavoz adjunta Aina Vidal, recoge la petición del grupo parlamentario de sumar a favor de realizar una planificación territorial de los parques renovables con unos mínimos y unos mmáximos de potencia instalada y aumentar la distancia de estos parques a los núcleos de población.
En relación al rigor del procedimiento de estos parques, sumar ha insistido en evitar la práctica de la fragmentación de proyectos para esquivar los requisitos legales. Así defienden que los proyectos que se encuentren a una distancia inferior a 3kms y presenten algún tipo de relación empresarial se tramitarán como unitarios, debiéndose evaluar los impactos de forma sinérgica. También el grupo parlamentario considera necesario eliminar el silencio positivo y no permitir la tramitación express.
Sumar pide también que se informe debidamente a los municipios afectados en pro de la transparencia, información y participación de la ciudadanía en todas las fases de vida de una instalación: proyecto y diseño, construcción, vida útil y desmantelamiento con un protocolo de participación obligatorio y vinculante con la ciudadanía.
Demandan también la eliminación de la declaración de bien de interés general y se limite la expropiación forzosa para terrenos altamente degradados. Finalmente solicitan también que los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias puedan introducir mejoras en el diseño del proyecto (ubicación, alcance..) y que reconozca el derecho al autoconsumo para todos los usuarios del municipio y municipios limítrofes, con un radio de 20kms mediante consumo compartido.