La asociación considera que se trata de una medida necesaria para proteger a los niños de los discursos de odio ultra, la pederastia, la pornografía, el fomento de la anorexia y la bulimia, la manipulación comercial y el bullying.
El presidente del Gobierno también ha anunciado su intención de
atribuir la responsabilidad legal de las infracciones a los directivos
de las redes si no se retira el contenido que atente contra la legalidad
o sea considerado de odio, además de tipificar como delito la
manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea ya exige a las
grandes plataformas responsabilidades por los contenidos que difunden y
su aplicación ya ha dado lugar a las primeras multas, como los 120
millones de euros impuestos a Twitter/X por incumplir sus obligaciones
de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios.
FACUA espera que el Gobierno habilite canales de participación e
interlocución para que las asociaciones de consumidores y otros agentes
sociales implicados en la protección de los usuarios frente puedan
trasladar al organismo competente los casos de incumplimientos que
detecten en el paquete de medidas que se pretenden aprobar.
