viernes, 18 de mayo de 2012

Izquierda Unida de Jaén considera mejorable el Plan Económico Financiero de la Junta de Andalucía y pide su rectificación.

El coordinador provincial de IULV-CA, Luís Segura, ha manifestado que es necesario hacer un esfuerzo para que, durante la tramitación del Plan Económico-Financiero como proyecto de ley en el Parlamento, se aminore el recorte de salarios a los empleados públicos todo lo que sea posible y, sobre todo que el carácter reversible de las medidas de ajuste tengan un horizonte temporal lo más cercano posible.
Luís Segura ha dado instrucciones al parlamentario andaluz por Jaén, Juan Serrano para que traslade al grupo parlamentario de IULV-CA la inquietud de miles de empleados públicos de Jaén ante los recortes anunciados y para que proponga la rectificación del Plan y, sea llevado a la Mesa General de la Función Pública de Andalucía.
El coordinador provincial de IULV-CA recuerda que los recortes vienen impuestos por el gobierno de Rajoy y  Javier Arenas mediante la Ley de Estabilidad, votada solo por el PP por lo que considera demagógica la actitud de los dirigentes derechistas.
El gobierno andaluz con las medidas anunciadas quiere en primer lugar defender el máximo nivel del empleo público evitando el despido de 30.000 trabajadores públicos, unos tres mil en la provincia de Jaén, en segundo lugar quiere preservar el sistema educativo y sanitario de Andalucía y la calidad de los servicios, no acepta la privatización de los servicios públicos y va a recurrir al Tribunal Constitucional todas las medidas que afecten al Estatuto de Autonomía – inversiones, salud, educación, dependencia, etc.-
De otra parte, Luís Segura ha resaltado el compromiso de mantener la financiación de los ayuntamientos andaluces, la reducción de un 50% de los altos cargos en la administración periférica, reducción de un 50% de la flota de coches oficiales, reducción de los gastos de protocolo y dietas, reducción del 50% en los gastos de publicidad, aumento de la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros, aumento de la tarifa del Impuesto de Patrimonio y la tasa fiscal de las máquinas tragaperras, entre otras medidas.