La Ley de Memoria Democrática para Andalucía ha superado el debate de totalidad en el Parlamento autonómico. La consejera de Cultura,
Rosa Aguilar, ha presentado ante la Cámara una norma fruto del consenso
y del diálogo y que tiene por vocación reconocer y reparar a las
víctimas y ha destacado que el texto es "resultado del diálogo", ya que
desde el principio contó con la participación de las familias de las
víctimas y de los colectivos memorialistas, a quienes la consejera ha
reconocido su trabajo "constante, callado e imprescindible".
"Es un proyecto que nace de la participación, que estamos
seguros de que se va a ensanchar y ampliar mucho más con las
aportaciones de los familiares y de los colectivos memorialistas en el
trámite parlamentario", ha insistido la consejera, quien ha añadido que
"buscamos el mayor apoyo posible porque ésta es una ley necesaria e
imprescindible, porque tiene que ver con las víctimas y con la
reparación que se les debe", ha dicho la consejera, quien considera que
"hoy se dan las condiciones que nos permiten como sociedad responder a
la deuda que tenemos con las víctimas y sus familias".
Aguilar ha reconocido el papel desempeñado por los
ayuntamientos y las diputaciones provinciales, "instituciones activas y
comprometidas que actúan en muchas ocasiones como promotores de los
trabajos, desarrollados con su colaboración en espacios de los que a
menudo son titulares". La consejera de Cultura también ha destacado la
labor de las universidades públicas andaluzas, "que lideran la
investigación y el estudio, tan necesarios en materia de Memoria".
"Determinantes han sido sus trabajos en el Mapa de Fosas, y lo siguen
siendo en proyectos como el Catálogo/Inventario de Simbología Franquista
y el Banco de ADN para víctimas y restos humanos localizados en fosas
comunes", ha añadido Rosa Aguilar.
Además, ha recordado que todos, familias, colectivos,
administraciones y universidades, "hemos llegado juntos hasta aquí y
necesitamos un marco jurídico que aporte las debidas garantías jurídicas
y las herramientas necesarias para continuar".
El texto incorpora las recomendaciones del Consejo
Consultivo de Andalucía y amplía la consideración de víctima, incluyendo
a los colectivos que padecieron persecución o violencia, a las familias
de las víctimas directas y los niños o niñas robados. También amplía el
plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la II República (14
de abril de 1931) hasta el 11 de enero de 1982, para incluir a los que
lucharon en Andalucía por la autonomía plena. La norma refuerza el
régimen de protección legal de espacios, enclaves, bienes muebles y
documentales vinculados a la recuperación de la Memoria Democrática y
establece la incorporación de la Memoria como elemento de convivencia y
construcción de futuro en los currículos educativos. Por último, prohíbe
la exhibición de simbología fascista y franquista y apuesta por su
eliminación por parte de las instituciones.
La consejera ha afirmado que ésta es "una ley de y para una
democracia consolidada" y que constituye "una buena ocasión para la
convivencia, para garantizar el derecho ciudadano a la verdad, cerrando
heridas y reparando daños, construyendo así juntos desde el presente un
futuro de convivencia asegurada".