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| Personas mayores de Lopera asisten a una charla informativa. |
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
ha abonado más de 152 millones de euros para la financiación de
servicios y prestaciones en materia de dependencia, de los que 87
millones corresponden a corporaciones locales que gestionan el servicio
de ayuda a domicilio, 25 a prestaciones económicas y más de 37 millones a
atención residencial y unidades de día, principalmente del tercer
sector.
Tras el abono de estas cantidades, la Junta de Andalucía ha
liquidado todo lo correspondiente al primer semestre de 2016. Además, se
realizará un nuevo pago también de más de 150 millones de euros en
octubre, con lo que se estarán prácticamente al día en todos los pagos
relativos a la atención de la dependencia.
Además de estos importes, y en lo que va de año 2016, el
departamento dirigido por María José Sánchez Rubio ha destinado más de
839 millones de euros a personas usuarias, entidades del tercer sector y
corporaciones locales. La consejera ha subrayado que con la liquidación
de estas facturas se han beneficiado más de 179.000 personas y más de
1.000 entidades sociales.
Sánchez Rubio ha destacado que la Junta de Andalucía está
realizando estas liquidaciones de facturas a pesar de los recortes
llevados a cabo por la Administración central, "que han supuesto que
Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012".
El propio Observatorio Estatal de la Dependencia ha
denunciado que el Gobierno central sólo aporta el 18% de la financiación
del Sistema de Atención de la Dependencia -frente al 50% que fija la
ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82% del
gasto público certificado en el último año. Según la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este
observatorio, esta conclusión se extrae de los certificados de gasto en
Autonomía Personal y Dependencia del ejercicio 2015 remitidos por las
comunidades autónomas.
El Observatorio también denuncia que si la Administración
General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación
de la dependencia que llevó a cabo en el año 2012, Andalucía recibiría
unos 110 millones de euros mas cada año, y si el Gobierno de España
aportase la misma cuantía que la Junta de Andalucía en la financiación
de la Dependencia -650 millones de euros más-, se podrían atender a
105.000 dependientes más, con lo cual no existiría "Limbo de la
Dependencia en Andalucía" -ha señalado- ya que todas las personas con el
derecho reconocido estarían recibiendo las atenciones correspondientes.
Al mismo tiempo, se crearían 25.000 nuevos empleos directos, estables y
no deslocalizables, 35 empleos por cada millón de euros invertidos, y
se producirían unos retornos económicos a las arcas del Estado de 250
millones de euros en virtud de los impuestos y cotizaciones (38,5%).
Por todo ello, Sánchez Rubio ha reclamado por carta a la
nueva ministra en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Fátima Báñez, una reunión urgente del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al
objeto de tratar, como único punto del orden del día, "el debate y la
toma de decisiones sobre el actual sistema de financiación a las
comunidades autónomas del Sistema de Atención a la Dependencia".
Para la consejera, la Junta de Andalucía tiene un "firme
compromiso" con el sistema de Dependencia, como lo demuestra que la
comunidad andaluza cuenta con 232.000 prestaciones concedidas para
178.200 personas, el 23,3% de las personas beneficiarias en el conjunto
de España. Asimismo, 50.800 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a
Domicilio, lo que representa el 31% del total nacional, mientras que
otras 67.300 son usuarias del Servicio de Teleasistencia (el 44% del
conjunto de España).
En los presupuestos andaluces de 2016 se consignan 1.160
millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia en esta
comunidad, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para
toda España (1.262 millones). Esta inversión, en un 53,8%, se destina a
financiar a ayuntamientos y diputaciones.