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| La Junta facilita la entrada en el mercado laboral de colectivos en riesgo de exclusión. Foto: Junta de Andalucía. | 
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
 destina más de 69 millones de euros a favorecer la integración laboral 
de personas en riesgo de exclusión, que están beneficiando a más de 
31.000 desempleados. El objetivo "primordial" de la Junta de Andalucía, 
según el consejero Javier Carnero, es
 facilitar la entrada en el mercado laboral de estos colectivos a través
 de programas como las ayudas a las empresas de inserción, a los centros
 especiales de empleo o mediante el programa de acciones experimentales.
 
En cuanto a las empresas de inserción, el consejero 
ha detallado la última convocatoria a la que se han acogido 12 de las 35
 entidades que están registradas bajo esta figura empresarial, que han 
recibido 1,9 millones de euros en distintos incentivos. Las 
empresas de inserción son aquellas entidades, sociedades mercantiles o 
cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de 
servicios con el fin primordial de integrar y formar sociolaboralmente a
 personas en situación de exclusión social, un sector que da empleo a 
unas 500 personas.
Entre los colectivos que se consideran personas en riesgo de
 exclusión se encuentran los perceptores de rentas mínimas de inserción y
 los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas; 
jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de 
instituciones de protección de Menores; personas con problemas de 
drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en 
proceso de rehabilitación o reinserción social; internos de centros 
penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen
 abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con 
empresarios, así como liberados condicionales y exreclusos.
Tal como ha recordado Javier Carnero, el programa de
 ayudas recoge desde incentivos destinados a financiar la inversión en 
inmovilizado para la creación de puestos de trabajo para personas en 
situación de exclusión social, con un tope del 75% del coste total de la
 inversión (en instalaciones, maquinaria, mobiliario o nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones) y un límite máximo 
de 8.000 euros en el caso de que la inversión en inmovilizado permita la
 realización de un contrato a tiempo completo, y de 4.000 euros para 
contratos a media jornada.
También se incluye un incentivo al mantenimiento de los 
contratos de las personas en situación de exclusión social que 
desarrollen un itinerario personalizado que las capacite para su 
inserción en la empresa ordinaria, con un 50% de los costes salariales 
de la contratación durante un período de 12 meses, y un límite de 5.000 
euros por persona contratada a jornada completa y 2.500 en el caso de 
media jornada.
Por último, se establece una ayuda para la contratación o 
mantenimiento de personal técnico encargado de tutorizar estos 
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral de las personas en 
situación de exclusión contratadas por las empresas de inserción. Se 
subvencionará el 100% de los costes salariales derivado de la 
contratación de estos técnicos, con una cuantía máxima de 32.135 euros 
por año, jornada completa y tutor.
El consejero ha anunciado asimismo que en este mes de febrero está previsto que se publique en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva convocatoria de ayudas para los centros especiales de empleo, que superará un gasto público de 50 millones de euros y dará continuidad a los incentivos desarrollados en los dos últimos años.
Los centros especiales de empleo son empresas que cuentan 
con una plantilla compuesta como mínimo por un 70% de trabajadores con 
discapacidad en un grado igual o superior al 33%, y que pueden acceder a
 siete líneas de incentivos económicos distintos, entre los que están 
desde ayudas a la creación de empleo indefinido de personas con 
discapacidad (12.021 euros), hasta subvenciones al mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad (50% del 
Salario Mínimo Interprofesional) o inversiones en adaptación de puestos 
de trabajo y a la eliminación de barreras arquitectónicas.
Javier Carnero ha explicado que la convocatoria de ayudas de
 2017 ha contado con un presupuesto de 55,47 millones de euros, y que 
desde 2016 el programa de incentivos ha permitido crear y mantener 
24.540 empleos del colectivo.
Por último, el consejero se ha referido al programa de Acciones Experimentales de Empleo, cuyo
 objetivo en favorecer la inserción de desempleados con especiales 
dificultades de acceso al mercado laboral a través de planes integrales 
que incluyen orientación laboral, formación, asesoramiento y prácticas. En
 concreto, este programa ha contado con un presupuesto de 12 millones de
 euros y ha beneficiado a unos 6.432 parados, de los que el 40% (2.600) 
han encontrado un empleo.