martes, 16 de junio de 2020

La subdelegada anuncia que el INSS trabaja para reconocer de oficio el Ingreso Mínimo Vital a casi 17.000 jiennenses.

Portal web de la Seguridad Social.
La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha anunciado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está trabajando para reconocer de oficio el Ingreso Mínimo Vital a casi 17.000 jiennenses. Se trata de aquellas personas que son beneficiarias de la prestación de protección familiar y que, en principio, cumplen todos los requisitos para poder acceder a la nueva ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Son familias sin rentas que ya reciben una ayuda por tener hijos menores a su cargo y que verán cómo esa prestación se transforma en el IMV, cuya cuantía es notablemente más alta. “Estos jiennenses no tendrán que presentar solicitud alguna, ya que la propia Seguridad Social les convertirá de oficio en beneficiarios del IMV”, ha asegurado Catalina Madueño, tras mantener una reunión con el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Pedro Pablo García Merino.
Al respecto, ha indicado que estas familias recibirán en los próximos días una comunicación en sus domicilios en la que se les informa de esta adaptación, “que será mucho más ventajosa para ellos, porque verá incrementado notablemente su nivel de rentas”. En la provincia, se encuentran en la actualidad en esta situación 16.845 personas, que reciben en total unos 12 millones de euros al año. A finales de junio, estos beneficiarios ya cobrarán la nómina correspondiente a este mes del Ingreso Mínimo Vital. “Partimos de la base de que casi 17.000 jiennenses se van a poder beneficiar de esta medida histórica del Gobierno”, ha aclarado la subdelegada.
Catalina Madueño ha recordado que los ciudadanos podrán solicitar desde el día 15 de junio el Ingreso Mínimo Vital (IMV). “A partir de mañana lunes, las demás personas que cumplan los requisitos del IMV podrán cumplimentar las solicitudes de forma telemática a través de los distintos canales virtuales de la Seguridad Social”, ha insistido Catalina Madueño. En principio, y debido a la situación originada por la crisis sanitaria del coronavirus, las peticiones solo se podrán presentar de forma telemática por la persona interesada, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. El solicitante encontrará en esa herramienta un asistente virtual y un simulador, así como un número gratuito 900 para resolver todas sus dudas. “En principio, no está prevista la atención presencial al público en las oficinas de la Instituto Nacional de Seguridad Social de la provincia, para reducir al máximo las aglomeraciones de gente y, de este modo, prevenir el riesgo de contagio” ha explicado la subdelegada.
La subdelegada ha calificado esta medida como “un gran paso para la protección social y para el reforzamiento del Estado del Bienestar”. Al mismo tiempo, ha recordado que la medida, impulsada por el Gobierno central, refuerza notablemente el sistema de protección de nuestro país, pues permitirá garantizar una renta mínima de 461 euros en todos los hogares, que puede llegar hasta un máximo de 1.015 euros, en función de las circunstancias y de la tipología de cada familia. “Es una forma de hacer política ambiciosa, que conlleva más justicia social y que, desde luego, combate situaciones de pobreza y desigualdad que no se pueden consentir bajo ningún concepto. Creo que esta medida, que tiene carácter permanente, ayudará a los más débiles, al tiempo que nos hace un país un poco mejor”, ha señalado la subdelegada. Y ha añadido: “El Gobierno cumple con su compromiso de no dejar a nadie atrás, marcándose como objetivo la erradicación de la pobrezaextrema”.
Desde la fecha de presentación, la Administración tiene un plazo de tres meses para resolver la solicitud. En caso de ser aceptada, el beneficiario cobraría la prestación con carácter retroactivo y desde el 1 de junio de 2020.
La subdelegada también ha recordado que la normativa que regula el Ingreso Mínimo Vital prevé que el INSS podrá firmar convenios con las comunidades autónomas y con las entidades locales (la Diputación Provincial y los respectivos ayuntamientos) para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.