Latorre indica que allí donde gobierna el PP “sólo busca defender los intereses de la educación privada” y que por eso “no les gusta la Ley de Educación que ha presentado el Gobierno de España, porque es una ley que protege a la educación pública, que introduce criterios garantistas y transparentes en la elección de centro y que acaba con los privilegios otorgados por las derechas a algunas élites”, explica.
En este sentido, apunta que las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro, primando en el proceso de admisión factores como la proximidad del centro al domicilio o lugar de trabajo de las padres, la existencia de hermanos o la renta per cápita familiar, sin que ningún criterio suponga más del 30% de los puntos, salvo el de proximidad.
Latorre recalca el “absoluto respeto” del Gobierno a la enseñanza concertada y subraya que de hecho la ley “no altera el modelo de concierto creado en 1985 y que sin lugar a dudas ha dado estabilidad al sistema en estos 35 años”. “El PP miente cuando sostiene que se está atacando a la concertada”, insiste al respecto.
Eso sí, es una ley que va a vigilar que ningún centro sostenido con fondos públicos discrimine a alumnos por sus condiciones socioeconómicas, al tiempo que prohíbe que puedan segregar por sexo a los estudiantes. También desaparece la “barra libre” creada por el ministro del PP Wert para ceder suelo público para nuevos centros privados creados por empresas sin ninguna trayectoria educativa y a las que se concedía de antemano el concierto.
Por supuesto, la ley refuerza la educación especial, planteando el aumento de los recursos de los centros ordinarios “para que todas las familias tengan el derecho a tener a su hijo en un centro con plenas garantías de calidad en la atención educación, con medios y personal adecuados”. “De hecho, con esta ley vamos a cumplir lo fijado por la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, convención que España había vulnerado en varias ocasiones y que había motivado los reproches de la ONU”, apunta.
Asimismo, ve lógico que la asignatura de Religión siga ofertándose “sin que sea una obligación para quienes no opten por esta formación, tal y como imponía la ley del PP”. De este modo, la nota de Religión “no contará para becas o el expediente”.
Por el contrario, Latorre recuerda que la Junta de Andalucía lleva un año y medio “de demolición progresiva de la educación pública” y advierte que todas las decisiones que están tomando PP y Ciudadanos en esta materia “van dirigidas a dinamitar nuestro modelo de una enseñanza pública, inclusiva y en igualdad de oportunidades”.
Latorre señala que “la única operación de desmantelamiento de la educación pública que se conoce a día de hoy es la que tiene puesta en marcha la Junta de derechas en Andalucía y en la provincia de Jaén”, con un recorte progresivo de unidades educativas públicas, un deterioro imparable de los servicios escolares, una merma brutal en las ayudas a las familias y “un boicot evidente a los colegios públicos con su decreto de escolarización”.
“Las derechas han suprimido casi 70 unidades educativas públicas en la provincia de Jaén, se han cargado el comedor escolar en 40 colegios, no han contratado a los docentes necesarios para reducir la ratio en las aulas en tiempos de pandemia, están abocando a los institutos a una huelga de limpieza, están maltratando a los docentes, favoreciendo la Formación Profesional privada en detrimento de la pública y recortando 135 millones de euros a las universidades andaluzas. El PP no está para dar lecciones sobre educación pública”, sentencia.