“La responsabilidad es del presidente de la Junta de Andalucía. El delegado y el consejero de Educación ya nos han demostrado su incompetencia, porque se han escondido y han mirado para otro lado”, ha apuntado Jacinto Viedma.
“Volvemos a trasladar nuestro apoyo a tantas personas afectadas en nuestra tierra ante la incompetencia demostrada por la Junta de Andalucía en el cierre de los 40 comedores escolares, que afecta a 27 municipios de la provincia”. En este sentido, recuerda que hay municipios especialmente afectados, como Linares, Bailén y Martos que tienen cuatro comedores cerrados o como Mancha Real y La Carolina que cuentan con dos comedores cerrados.
Viedma ha anunciado que desde el Grupo Parlamentario “exigiremos a Moreno Bonilla que tome cartas en el asunto, tanto en la Comisión de Educación como en el Parlamento”. “Vamos a exigirlo al igual que lo están haciendo hoy aquí los alcaldes y los portavoces de los municipios afectados”.
Viedma cuestiona “cuánto tiempo necesita PP y Ciudadanos para actuar” y recuerda que el PSOE ya le ha dado dos vías al Gobierno andaluz para lograr la reapertura de los comedores: “al consejero ya le dimos aportaciones de lo que puede hacer, que pasa por subir el precio de la plaza y luchar por los comedores in situ”. “Pero la responsabilidad es del que gobierna no del partido que está en la oposición”.
Víctor Torres, alcalde de Martos, una de las localidades más afectadas por este cierre de los comedores escolares, ha puesto de manifiesto el problema en el ámbito de lo social que están sufriendo las familias. “El servicio de comedor escolar, además de ser una herramienta para la conciliación de la vida familiar, en estos tiempos de recolección de aceituna supone también un elemento de ayuda a los temporeros para dar cobertura a sus niños y niñas durante este periodo”.
La situación delicada por la que pasa Martos exige de “soluciones eficaces”, ya que “llevamos dos cursos educativos con el servicio inexistente de los comedores escolares, en los que se está contribuyendo a mermar la calidad de los servicios públicos y a tener un problema laboral con los 120 trabajadores afectados”.
Con todo, lamenta que esta situación esté envuelta en la
política de la Junta de Andalucía, “que no quiere ningún contacto con agentes
sociales y no quiere dar ninguna explicación para encontrar una solución que
redunde en el beneficio de nuestras familias”.