Fernández afirma que el anteproyecto presentado por el Consejo de Ministros “es otro hito social más” que viene a sumarse al catálogo de derechos que está ampliando el Gobierno de Pedro Sánchez en estos últimos 3 años y medio.
El senador socialista explica que esta ley nace con la intención de “aumentar el parque de vivienda pública, combatir las subidas desproporcionadas de los precios e incentivar la movilización de vivienda vacía”. En este punto, detalla que el Gobierno quiere introducir el concepto de vivienda asequible incentivada con el objetivo de que inmuebles privados sean destinados al alquiler a un precio reducido a cambio de beneficios fiscales.
Además, la ley quiere impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, estableciendo una reserva del 30% en suelo urbanizado. Asimismo, con esta normativa se va a impedir la venta el parque público de vivienda social a fondos de inversión, de manera que este tipo de inmuebles queden siempre protegidos frente a los fondos buitre.
A esto hay que sumar que se va a aumentar la protección de los inquilinos en los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, ya que “se agilizará la comunicación entre la justicia y los servicios sociales para que se dé una respuesta inmediata a las familias y éstas puedan contar con un alojamiento alternativo y no queden desamparadas”. Igualmente, los lanzamientos hipotecarios se ampliarán en 1 mes respecto a los plazos actuales (pasa de 1 a 2 meses cuando el propietario sea una persona física y de 3 a 4 meses cuando sea una persona jurídica).