Con estas medidas, Andalucía se convierte así en el primer territorio de España que facilita a los productores el acceso a las subvenciones europeas aplicando al máximo las posibilidades establecidas en la normativa nacional para suavizar las obligaciones que conllevan las nuevas herramientas ambientales. Esta medida, que cuenta con el consenso del sector agrario, busca respaldar a los agricultores y ganaderos ante la compleja situación socioeconómica actual marcada, entre otras cuestiones, por el conflicto armado en Ucrania y la sequía.
Por otro lado, la Junta ha duplicado la superficie que se permite mantener en barbecho, que pasa del 20% al 40%, y ha reducido el porcentaje de rotación necesaria en los cultivos anuales. De esta forma, los agricultores tendrán la obligación de cambiar únicamente el 25% cuando concluya la campaña, en lugar de tener que sustituir el 50% de los cultivos.
Ante el impacto que está suponiendo la sequía en el campo andaluz, se ha establecido una disminución de las cubiertas vegetales vivas que se exigen en los cultivos leñosos. Mientras que el eco-régimen contempla un plazo de cuatro meses al año, los agricultores de Andalucía podrán percibir las subvenciones manteniendo esta medida únicamente entre el 15 de enero y el 14 de marzo de 2023. Este período supone, además, retrasar al máximo posible la aplicación de esta exigencia ambiental para, de esta forma, dar mayor margen a la formación de la cubierta vegetal.
Estas medidas tienen actualmente carácter provisional, ya que deberán ratificarse en marzo de 2023 conforme a los plazos y requisitos que se establezcan en el Real Decreto que regule los eco-regímenes de la nueva PAC a nivel nacional.
Con esta simplificación de las exigencias, el Gobierno andaluz persigue evitar que la aplicación de la nueva Política Agraria Común suponga un coste más para los productores del campo, que ya deben hacer frente a importantes desafíos derivados de la escasez de recursos hídricos, el alza de costes de producción y la subida de la energía.