Desde el día en el que Sánchez convocó elecciones, el PP no ha hecho otra cosa que ir trasladando propuestas a los ciudadanos. Ya saben los jiennenses, por ejemplo, que si Feijóo es presidente de España rebajará el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros; que se auditarán las cuentas públicas; que habrá un gobierno más austero; que superaremos los 22 millones de cotizantes; que la sanidad será una prioridad o que se aprobarán medidas para la conciliación familiar.
No pueden los socialistas enorgullecerse de nada cuando el precio de la cesta de la compra es desorbitado y muchos pensionistas no llegan a fin de mes, cuando defienden que “los abuelos no quieren las pensiones para ellos si no que las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz o que la pensión es ayuda para ir al supermercado, para ir a comprarle las cinco cosas que no puede”. El PSOE es el “mayor enemigo de las pensiones, y por eso en 2011 las congelaron con el voto a favor de Pedro Sánchez. También los socialistas retrasaron la edad de jubilación a los 67 años. La política de Sánchez en pensiones es la de “más para menos y tendremos que trabajar más tiempo para cobrar, previsiblemente, pensiones más bajas”, ha lamentado Del Moral.
El Pacto de Toledo es el gran pacto social de nuestra democracia y el PP votó a favor de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 así como a la recomendación 2ª que señala que “la revalorización se hará en base al IPC real como garantía para conservar el poder adquisitivo de las pensiones. Sin embargo, la reforma de 2023 de Pedro Sánchez aumenta el tiempo que tendremos que cotizar para poder cobrar la pensión, empeora la sostenibilidad del sistema y penaliza el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad, e hipoteca a las generaciones futuras.
“Y no lo decimos solo nosotros, lo dice el Banco de España o el Instituto de Estudios Económicos” según los cuales, los cambios normativos en pensiones desde 2021 exigirán adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera, podría tener un impacto negativo en el empleo, en los salarios y en la competitividad de las empresas debido a la subida de cotizaciones; o que la reforma podría llegar a destruir entre 100.000 – 190.000 puestos de trabajo.