La detección de contenido malicioso o los intentos de suplantación de identidad son los incidentes más comunes. Foto: Junta de Andalucía. |
Así, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), dependiente del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), gestionó en 2023 una media de 650 incidentes al mes, el 73% de los cuales tuvieron un nivel de peligrosidad media o alta. Sólo el 1% de los incidentes, aproximadamente siete al mes, entrañaron un riesgo muy alto y requirieron un tratamiento excepcionalmente rápido y ágil. Además, cursó 29 avisos y alertas sobre campañas activas y amenazas inminentes, difundió 800.000 indicadores de riesgo y llevó a cabo 64 análisis de vulnerabilidades.
Los incidentes de contenido dañino fueron, en su mayor parte, intentos de distribución o detección de malware (software malicioso) en la red o en equipos finales, mientras que la práctica totalidad de los incidentes de fraude consistieron en la distribución de correos de phishing (suplantación de identidad) y un elevado porcentaje de los incidentes de intrusión consistieron en cuentas de usuario comprometidas.
La ciberseguridad se ha convertido en un reto global que traspasa fronteras y que afecta por igual a la ciudadanía, administraciones públicas y empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Ante esta situación, el Gobierno andaluz aprobó, el 18 de octubre de 2022, la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, alineada con los marcos de referencia nacional y europeo. La Estrategia contiene los retos, objetivos y líneas de actuación en materia de ciberseguridad para los años 2022–2025, involucrando a la Administración Pública de Andalucía, la ciudadanía, el sector privado y las entidades más representativas del sector.
La ciberseguridad se erige como un pilar estratégico que persigue proteger a la sociedad andaluza en su conjunto ante el cibercrimen y que, además, pretende aprovechar el alto potencial de crecimiento del sector de la ciberseguridad en Andalucía, de modo que contribuya tanto a la creación de riqueza y empleo en la comunidad autónoma como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas establecidas en la Agenda 2030.