La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, señala que “este tipo de actitudes son intolerables y carecen de cualquier justificación, por lo que no deben tener cabida en nuestra sociedad y mucho menos en un centro sanitario”. Igualmente, ha subrayado “el apoyo unánime y la solidaridad del conjunto de profesionales a la trabajadora agredida”.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad.
Desde el momento en que se produjo la agresión el centro ha puesto a disposición de la profesional afectada todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.
Plan de Prevención frente a las Agresiones.
La Consejería de Salud y Consumo condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.
El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario
público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar
contra los ataques, como un protocolo de actuación una vez que se
produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas
se encuentran la instalación de sistemas de seguridad, como formación
para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de
tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan
contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.