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| Francisco Jesús Sevilla ocupa su asiento en el pleno junto a otros concejales de IU. Foto: Antonio Marín. |
En su denuncia, el concejal alerta de una implantación masiva y descontrolada de estos proyectos, que está arrasando olivos centenarios y amenazando el modelo económico tradicional de la comarca, sin la participación de los vecinos ni de los ayuntamientos. Además, señala que las empresas están dividiendo artificialmente los proyectos para esquivar controles estatales y que los métodos de negociación con los agricultores han sido, en muchos casos, coercitivos y abusivos.
En su respuesta, el Defensor del Pueblo Andaluz confirma la existencia de un grave problema de descontrol normativo, reconociendo que la legislación actual, como la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) de la Junta de Andalucía, ha eliminado trabas administrativas y ha dejado a los ayuntamientos sin capacidad de decisión.
Además, advierte sobre la falta de una planificación territorial adecuada, señalando que hubiera sido necesario un mapa de zonificación para determinar dónde se pueden instalar estas infraestructuras sin dañar la economía y el medio ambiente de los municipios afectados.
Sin embargo, pese a reconocer la problemática, el Defensor del Pueblo afirma que su margen de actuación es limitado y que los afectados deben acudir a otras instancias:
– Sobre la fragmentación fraudulenta de proyectos señala: Existe jurisprudencia que ha llevado a revisar licencias. Se recomienda denunciar formalmente ante la Administración o la Oficina Antifraude de Andalucía.
– Sobre las presiones a agricultores el Defensor señala: Es un asunto que debería ser investigado por la Fiscalía, ya que el Defensor del Pueblo no tiene competencias para ello.
– Sobre el impacto económico real de estos proyectos: La institución No dispone de medios para analizar si los megaproyectos realmente benefician a la economía y al empleo local o si, por el contrario, generan más perjuicios que ventajas.
– Sobre la falta de participación ciudadana: El defensor del pueblo comparte la preocupación y defiende que ayuntamientos y vecinos deberían tener voz en la planificación de estas infraestructuras, pero reconoce que la normativa actual prioriza la rapidez sobre el control y la transparencia.
Francisco Jesús Sevilla (IU): “No vamos a quedarnos de brazos cruzados”.
El concejal de IU ha valorado la respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz como una confirmación más de la problemática que generan estas megaplantas y que no hacen más que ahondar en el problema de la despoblación de Jaén así como dar la razón como ya hizo en otras ocasiones de la necesidad de una planificación y mapa de zonificación para estas instalaciones y hacer real y efectiva su ayuda contra el cambio climático y a favor de energías verdes.
“Nos están vendiendo la transición energética como un beneficio para todos, pero en realidad está sirviendo para que fondos de inversión y grandes empresas hagan negocio a costa de nuestro patrimonio y nuestra forma de vida. No podemos permitir que sigan destrozando nuestro olivar sin control, sin transparencia y sin contar con los vecinos”, afirma Sevilla.
Desde Lopera, IU exige y trabajará por una investigación a fondo sobre la posible fragmentación fraudulenta de proyectos y la apertura de un debate público sobre la regulación de estas instalaciones, garantizando que las decisiones no se tomen a espaldas de los ciudadanos.