La Junta anima a los ayuntamientos de la provincia a sumarse al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda.

Jesús Estrella y Miguel Contreras explican estas medidas en materia de vivienda. Foto: Junta de Andalucía.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, junto al delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha dado a conocer el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado 24 de febrero por el Consejo de Gobierno y que, como ha señalado Estrella, “establece una serie de medidas en un tema, como la vivienda, prioritario para la Junta, un tema importante para los andaluces que preocupa y ocupa al Gobierno andaluz, hasta el punto de que lo concebimos como una prioridad”.

En una convocatoria ante los medios de comunicación, el delegado del Gobierno ha recordado que estas medidas urgentes tienen como fin la construcción de 20.000 viviendas en Andalucía en un plazo de 5 años. “Tutelamos así el derecho a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes, al tiempo que fortalecemos un sector económico productivo importante, que es el de la construcción, que representa en Andalucía el 17% del PIB y que, en la provincia de Jaén, supone 1.700 empresas y 15.000 empleos”, ha detallado Jesús Estrella.

Además de recordar el incremento en el número de viviendas protegidas en suelo andaluz, pasando de 3.200 en el período de 2014 a 2018 a 10.200 en el marco 2019-2024, el delegado del Gobierno ha subrayado la apuesta de la Junta por la vivienda con la “creación de un modelo propio que facilita suelo, incrementa la oferta de vivienda, facilita el acceso a la misma y, todo ello, con una destacada simplificación de procedimientos para que todo lo anterior sea posible”. “Pero somos conscientes de que queda mucho por hacer, por lo que hemos creado un ecosistema favorable a la construcción de vivienda que pivota sobre 4 ejes fundamentales: la ley LISTA, que agiliza el desarrollo urbanístico; el Plan Ecovivienda, que sólo en la provincia de Jaén ha supuesto más de 30 millones de euros en materia de rehabilitación de edificios, eficiencia energética y fomento de la vivienda”, ha especificado.

El delegado del Gobierno ha aludido al “marco fiscal atractivo para las políticas de vivienda” como tercer eje de ese ecosistema, en el que se incluyen deducciones del IRPF y bonificaciones en impuestos como el de Transmisiones o el de Actos Jurídicos Documentados, además del Impuesto de Sucesiones. También las medidas específicas enmarcadas en el Presupuesto 2025 de la Junta de Andalucía, como deducciones del IRPF de hasta un 15% en el caso de los alquileres.

“El cuarto eje fundamental implementado por el Gobierno andaluz es la Ley de Vivienda de Andalucía, que se encuentra en fase de tramitación y que busca acabar con la dispersión normativa, que se convertirá en un instrumento al servicio de la emancipación de los jóvenes, además de propiciar más y mejores espacios verdes”, ha detallado Jesús Estrella, quien ha enmarcado el decreto ley de medidas urgentes precisamente en esta Ley de Vivienda.

Uso de suelo.

Un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que Jesús Estrella ha indicado que “refuerza la alianza con los ayuntamientos, a quienes hacemos un llamamiento en la provincia para que se incorporen a este decreto ley con el que les facilitamos instrumentos para que sean punta de lanza para desarrollar y construir viviendas protegidas en sus municipios”. Este paquete de medidas urgentes facilita la modificación normativa del ordenamiento urbanístico con el objetivo de propiciar la construcción de vivienda.

En este sentido, el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha recordado que “deben ser los ayuntamientos los que asuman implementar estas medidas con las que establecemos un marco normativo y unos instrumentos jurídicos que permiten agilizar que haya más suelo disponible, más ayudas disponibles para que puedan construirse viviendas en nuestros municipios”.

Un punto en el que Contreras ha expuesto las medidas de cambio de uso o de mejora de densidad y edificabilidad a las que pueden acogerse los ayuntamientos de la provincia de Jaén y de Andalucía, para lo que cuentan con el plazo de 1 año: “las administraciones locales deben establecer un acuerdo plenario para sumarse a estas medidas que permitirán el cambio de uso de suelo”. Acogiéndose a este decreto ley, el suelo terciario destinado a uso hotelero o a oficina podrá ver modificado su uso para construcción de vivienda protegida, así como el suelo público destinado a equipamiento de uso general, que podrá destinarse a vivienda en alquiler. “Facilitamos a los ayuntamientos, que, sin ningún cambio en su planeamiento urbanístico, puedan destinar estos suelos a la construcción de viviendas protegidas”, ha explicado.

Densidad y edificabilidad.

Otra de las medidas incluidas en el decreto ley es el aumento de la densidad y de la edificabilidad, de tal modo que, en aquellas parcelas en las que está permitida la construcción de vivienda libre, en el caso de que se destinen a vivienda protegida, se va a permitir que se incremente un 20% el número de viviendas previstas y que se aumente proporcionalmente la edificabilidad de esas viviendas. Contreras también ha detallado que, en el caso de las viviendas que ya estaban reservadas para vivienda protegida, se va a posibilitar que se aumente un 20% el número de viviendas previstas y un 10% la edificabilidad. “Con esta medida, pretendemos conseguir un mayor uso del suelo que se traduzca en un abaratamiento de los costes de acceso a la vivienda”, ha explicado. Para acogerse a esta medida, los ayuntamientos y promotores privados tienen un plazo de 2 años para solicitar la correspondiente licencia de obras; una vez concedida, tendrán 3 años para su ejecución.

Agilización.

El delegado de Fomento ha expuesto el “impulso a la agilización y simplificación de los trámites necesarios para la construcción de viviendas protegidas”. Así, el decreto ley de medidas urgentes contempla la posibilidad de que aquellas promociones que prevean la construcción de más de 250 viviendas protegidas, así como aquellas de más de 500 viviendas libres, puedan ser incorporadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía con el objetivo de agilizar su construcción.

Bolsa de suelo.

Uno de los objetivos de este paquete de medidas urgentes es el conocimiento del suelo disponible en Andalucía. Para ello, se va a poner en marcha una bolsa de suelo para la cual los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes tendrán un plazo de 3 meses para comunicar a la Junta de Andalucía el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida. Miguel Contreras ha destacado que, a través de esta iniciativa, “se facilita que los promotores puedan conocer de forma clara y transparente qué parcelas y qué suelo tiene cada ciudad que pueda destinarse a vivienda protegida”.

Igualmente, se va a trabajar en la modificación del registro de demandantes con el objetivo de poder realizar una preselección de demandantes de vivienda, y se amplían los requisitos para acceder a una vivienda protegida, ampliando los límites de renta anteriormente establecidos.

Por otro lado, el decreto ley incluye la puesta en marcha del procedimiento necesario para que promotores privados y públicos puedan acogerse a la financiación del ICO, con un aval de financiación del 50% de la JA, así como una nueva convocatoria del Programa de Fomento de Vivienda de Alquiler que, como ha explicado Contreras, proporcionará ayudas a los promotores de hasta 30.000 euros por vivienda construida. Por último, el paquete de medidas urgentes reduce también los coeficientes territoriales existente en los que se establece el precio máximo para la venta de vivienda protegida, pasando de 4 a 2.

El decreto ley ha sido consensuado con empresarios y sindicatos del sector, quienes aplauden la puesta en marcha de estas medidas que tienen el objetivo de paliar el déficit de vivienda que existe en los municipios andaluces.