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La consejera de Cultura contempla el terno blanco de la Virgen de los Reyes, pieza restaurada por el IAPH, en una imagen de archivo. Foto: Junta de Andalucía. |
Las nuevas bases reguladoras contemplan una serie de novedades con el objetivo de agilizar el procedimiento y reducir las cargas administrativas, y para que la restauración y conservación de los bienes muebles del patrimonio cultural la lleve a cabo personal técnico cualificado, generando empleo en el sector y contribuyendo a que el trabajo realizado sea de calidad.
Las entidades solicitantes, además, deberán presentar, junto a la solicitud de subvención, un proyecto de conservación, independientemente del tipo de protección del bien a restaurar. Asimismo, se actualizarán los perfiles de dirección técnica de los trabajos del proyecto, de acuerdo con las nuevas titulaciones. Además, se abre la posibilidad de incluir, como parte del equipo técnico, a personas inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía, dando respuesta así a una de las demandas del sector.
Para acometer las actuaciones de restauración-conservación, se mantiene el plazo máximo de doce meses, aunque para aquellas cuyo coste supere los 40.000 euros, el plazo máximo será de dieciocho meses, para evitar que tenga que solicitarse una ampliación del plazo de ejecución.
En las bases reguladoras se establece un plazo de seis meses para adoptar y publicar la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, ya que se prevé que el número de solicitudes sea elevado y la documentación objeto de evaluación, compleja. A efecto de estas ayudas, se consideran bienes subvencionables los elementos del patrimonio mueble, como pinturas, esculturas, dibujos, grabados, retablística, orfebrería, joyería y otros objetos de metal, así como documentos y libros correspondientes al patrimonio documental y bibliográfico.
La aprobación de las bases reguladoras se plantea como paso previo a una próxima convocatoria de subvenciones con cargo a los créditos de 2025, unas ayudas que se suman a las ya concedidas por la Junta de Andalucía para la conservación, protección e inventario del patrimonio de carácter religioso andaluz, a través de las que se han movilizado más de seis millones de euros.