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| Natalia Corbalán y Margarita Fernández explican esta macrocausa judicial. Foto: SOS Rural. |
De este modo, ambas plataformas pretenden poner freno legalmente al despliegue “desordenado y especulativo” de estas instalaciones fotovoltaicas en el suelo agrícola de toda España que, bajo el pretexto de la transición energética, destruyen el campo, erosionan el paisaje y comprometen nuestra soberanía alimentaria, la biodiversidad y la salud pública. “Esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas que son esenciales para el futuro común”, explica Corbalán.
En este contexto, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad actuarán judicialmente, en primer lugar, contra los cuatro proyectos fotovoltaicos que afectan al municipio jienense de Lopera que, junto a los más de 20 proyectos previstos en toda la provincia de Jaén, supondrán la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios. “Las primeras acciones judiciales, basadas en el estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos que afectan al término municipal de Lopera, nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios en aquel territorio”, resalta Fernández.
Zonificación vinculante.
En Andalucía, el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares están sobre suelos agrícolas clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva. Esta conversión afecta directamente a la soberanía alimentaria, al destruir tierras fértiles que tardan siglos en formarse y altera de forma irreversible ecosistemas agrícolas únicos. “Proteger el suelo es proteger la salud, el empleo y la identidad de nuestros pueblos, ya que el futuro no se improvisa, se defiende, se planifica y se siembra”, reflexiona la portavoz nacional de SOS Rural. Formar un solo centímetro de tierra de buena calidad puede tardar entre 100 y 1.000 años, dependiendo del clima y del tipo de suelo —según la Fundación Descubre, dependiente de la Junta de Andalucía—.
“El auge de las energías renovables, especialmente de la solar fotovoltaica en España, es una oportunidad estratégica para avanzar en la descarbonización y favorecer la soberanía energética del país siempre que no se base en el desarrollo masivo y desordenado, que genera impactos territoriales, económicos, agrícolas, paisajísticos y sociales que no pueden ser ignorados”, reflexiona Corbalán.
Así, ambas plataformas reclaman el establecimiento de una zonificación vinculante que prohíba la instalación de parques solares convencionales en esos suelos agrícolas de alta productividad y que se prioricen los suelos degradados como alternativa sostenible para estas infraestructuras. “Necesitamos ya una ley, como la que ya tienen países como Italia o Francia, que regule de forma clara y eficaz el uso de los terrenos con altísimo poder productivo para la instalación de plantas fotovoltaicas, que garantice la protección del suelo agrícola, la biodiversidad, el paisaje, la actividad económica agraria y que evite decisiones especulativas con graves consecuencias para el medio rural”, resalta la portavoz de SOS Rural.
En 2024, los parques fotovoltaicos ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil (SAU), según el informe oficial Extensión de los parques fotovoltaicos en España 2024, publicado por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), lo que equivale a más de 70.000 campos de fútbol. La previsión indica que, para 2030, la superficie ocupada por parques fotovoltaicos alcanzará las 94.596 hectáreas —equivalente a más de 130.000 campos de fútbol—, lo que representa un incremento del 166% desde 2016 —según el MAPA—.
Alianza natural y necesaria.
“La alianza entre SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad nace de la certeza compartida de que los mejores ecologistas son los agricultores y los ganaderos, de que el campo es el mejor aliado de la ecología y de que la verdadera sostenibilidad no se impone desde un despacho, sino que se cultiva desde la tierra”, plantea Fernández.
En este sentido, Corbalán expone que, frente a discursos desconectados de la realidad rural, SOS Rural y Ecología y Libertad presentan una visión basada en el conocimiento profundo del suelo, del agua y de los ciclos naturales. “El mundo rural no necesita que lo salven, necesita que lo escuchen, y esta alianza representa una voz fuerte y legitimada”, resalta la portavoz nacional de SOS Rural.
De este modo, ambas instituciones impulsan una estrategia jurídica “estructurada y pionera” en defensa del medio rural frente al avance de estos proyectos especulativos, que amenazan suelos fértiles, ecosistemas y modos de vida. “Esta alianza es un paso más con respecto a la respuesta tradicional del mundo rural, basada en la movilización social”, destaca Fernández.
“El sector agroalimentario español, ejemplo a nivel mundial en sus dimensiones ambiental, económica y social, es, sin duda, parte de la solución y no del problema”, sentencia Corbalán.