La Guardia Civil investiga a tres personas por una presunta trama de estafas en la compraventa de gatos por internet.

Vehículo de la Guardia Civil. Foto: Guardia Civil.

La Guardia Civil, concretamente agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Jaén, en el marco de la operación Catchip 1, investigan a tres personas, de 46, 48 y 53 años, residentes en las provincias de Tarragona, Barcelona y Toledo, respectivamente, por su presunta implicación en una trama relacionada con estafas en la compraventa de gatos por internet, falsedad documental, usurpación de estado civil e intrusismo profesional.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por una vecina de La Guardia de Jaén, quien manifestó haber adquirido un gato a través de un portal de anuncios en internet por el que abonó 1.000 euros. Sin embargo, al recibir el animal, comprobó que carecía del pasaporte obligatorio para animales de compañía. Además, aunque tenía implantado un microchip, este no figuraba dado de alta en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) ni en otra base de datos oficial de identificación animal.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron descubrir una operativa en la que se utilizaban datos personales, domicilios y referencias comerciales de distintas provincias españolas, lo que dificultaba el rastreo de las transacciones y la identificación de los posibles responsables.

El dinero abonado por la denunciante fue ingresado en una cuenta bancaria cuyo titular figuraba domiciliado en Rada de Berà (Tarragona), mientras que las negociaciones se realizaron a través de WhatsApp con un intermediario que afirmaba residir en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Asimismo, el contrato de compraventa facilitado a la denunciante identificaba a una supuesta vendedora domiciliada en Alicante y vinculaba la operación con un núcleo zoológico de la provincia de Ciudad Real.

Las comprobaciones efectuadas por los investigadores permitieron determinar que la persona cuyos datos figuraban en el contrato, vecina de Alicante, habría sido víctima de una suplantación de identidad. También se constató que el núcleo zoológico mencionado llevaba varios años inactivo. Estos indicios apuntan al uso de identidades ajenas y documentación fraudulenta para dar apariencia de legalidad a las operaciones de compraventa.

Durante las pesquisas, los agentes investigaron también a una persona residente en la provincia de Toledo, vinculada a la compraventa de animales, como presunta autora de un delito de intrusismo profesional por la implantación de microchips de identificación animal sin la habilitación necesaria, una actuación reservada a veterinarios autorizados. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.