En Andalucía, gracias a la extensión de la receta electrónica, los pensionistas no tienen que solicitar dicho reintegro, ya que el sistema de Receta XXI permite cobrar sólo hasta los umbrales máximos establecidos por el Ministerio, evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos. La estrategia digital Diraya, sobre la que se desarrolla la receta electrónica, permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral ofrecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Así, un total de 321.000 personas al mes benefician de este procedimiento, con lo que han evitado tener que adelantar dinero en el momento de la retirada de sus medicamentos. Con este procedimiento, se ha evitado también la tramitación de 11,2 millones de expedientes administrativos estos tres años.
Los usuarios del sistema sanitario público de Andalucía disponen de un formulario para resolver su reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en relación a su cobertura sanitaria pública o su situación de aportación en la prestación farmacéutica (copago) que pueden descargar en las páginas web de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud. Este cauce fue habilitado por el INSS a petición de la Consejería de Salud.
Con el fin de resolver las discrepancias surgen entre los datos que figuran en determinadas tarjetas sanitarias y la situación real, el Instituto Nacional de la Seguridad Social creó un instrumento de reclamación y subsanación de posibles errores o desactualizaciones.
En Andalucía, la Junta habilitó sus canales propios para facilitar el acceso de los usuarios a esta vía de subsanación. Para ello, todos los centros de salud andaluces así como las páginas web de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud ofrecen a los usuarios un formulario para aclarar su situación de aseguramiento y copago.
Una vez completado, este documento debe presentarse en cualquier registro oficial (ayuntamiento, diputación, cualquier registro de la Junta de Andalucía o de la universidad) desde donde lo enviarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que sea este organismo el que tramite las modificaciones pertinentes, ya que este procedimiento es competencia exclusiva del Gobierno central.