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| Hospital Comarcal de Andújar. |
La Consejería de Salud
cuenta con un protocolo específico destinado a la atención a las
personas en riesgo social para, de forma planificada y multidisciplinar,
ofrecerles las mayores garantías asistenciales. Este protocolo, que se
puso en marcha en marzo de 2014 y que en su primer año atendió a 2.000
personas, fue actualizado el pasado mes de agosto tras una primera
evaluación de resultados. Así lo ha puesto de manifiesto en el
Parlamento el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino
Alonso, que ha incidido en la necesidad de "una planificación adecuada
para dar respuesta a esta cuestión, así como de una permanente revisión
de los procedimientos para ajustarlos a las nuevas necesidades y
demandas".
En este sentido, el titular de Salud ha explicado que en en
marzo de 2014 se remitió a todos los centros hospitalarios del sistema
sanitario público de Andalucía un conjunto de instrucciones para
homogeneizar la actuación a las personas en situación de riesgo social
en las Unidades de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias.
"En marzo de este año 2015 hemos realizado la primera
evaluación de implantación de este procedimiento con una muestra amplia,
en concreto en 42 centros hospitalarios", ha comentado Aquilino Alonso,
quien ha detallado alguno de los resultados obtenidos, como que el 95%
de los centros hospitalarios y de urgencias dispone de una guía
actualizada de recursos sociales comunitarios o que el 93% de los
centros cuenta con un procedimiento propio de atención a personas en
situación de riesgo social.
Con estas instrucciones se establecen, ha explicado Alonso,
"unos criterios mínimos y se garantiza la atención integral y adecuada
para estos pacientes en situación de vulnerabilidad sociosanitaria",
donde las Unidades de Trabajo Social realizan un seguimiento al paciente
durante su permanencia en la sala de observación hasta su alta en
urgencias, y a la vez coordinan con los servicios de Atención Primaria
las actuaciones necesarias.
Entre otras cuestiones, el protocolo contempla un registro
para la evaluación del procedimiento que permite mantener en constante
actualización las acciones que se realizan con estas personas.