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| La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: Ministerio de Hacienda. |
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley
que permite prolongar el plazo de presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos. La norma establece que
estos colectivos no tendrán que presentar estos pagos tributarios en abril,
como es habitual, sino que extiende el plazo un mes hasta el 20 de mayo para
mitigar el impacto económico provocado por la crisis del COVID-19.
En concreto,
el decreto recoge que los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000
euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de
impuestos correspondientes al mes de abril. Es decir, podrán aplazar la
presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del
Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF. En el caso de declaraciones
domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de
mayo.
Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se
realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas
antes del 15 de este mes. De esta forma el Gobierno muestra su compromiso con
pymes y autónomos, que conforman el grueso del tejido productivo de España. De
hecho, la medida aprobada hoy beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que
representan el 95% de empresas y autónomos que deben presentar su declaración
tributaria en abril. En la práctica, esta moratoria supone una liquidez de
3.558 millones para pymes y autónomos.
Además, esta medida pretende dar un
mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información
necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento
de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria. Esta decisión se
enmarca en la estrategia del Ministerio de Hacienda para combatir los efectos
del COVID-19 en la actividad de autónomos y pymes.
De hecho, el Gobierno ya
aprobó la posibilidad de que ambos colectivos pudieran aplazar el pago de
impuestos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con tres meses
sin intereses. Esta medida, con un impacto máximo de 14.000 millones, podría
beneficiar al 99,8% de los autónomos y al 94% de las pymes, que son quienes se
encuentran por debajo de ese nivel de facturación.