Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Rocío Blanco ha explicado que el referido Plan, contemplado en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía en el que participan los agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma, contempla una dotación de 110 millones de euros para el año 2024.
Rocío Blanco ha precisado que actualmente se están tramitando las bases reguladoras y se están recibiendo los informes preceptivos para publicar la orden y el plan de empleo.
En la misma línea, la titular andaluza de Empleo ha indicado que la Consejería está trabajando en un ambicioso programa de incentivos, financiados con el FSE+, para la contratación indefinida de jóvenes y colectivos vulnerables, por un importe de 145,3 millones de euros y que se publicará en verano, aunque la convocatoria tendrá efecto retroactivo para las contrataciones realizadas desde el 1 de marzo.
Blanco ha asegurado que, para el Ejecutivo andaluz, «paliar los efectos de la sequía es un asunto prioritario», de ahí que el Gobierno de Juanma Moreno ya haya invertido más de 500 millones de euros para garantizar el abastecimiento de agua a todos los andaluces, y que esté incentivando la empleabilidad de los puestos de trabajo asociados a la garantía del recurso, principalmente en las zonas rurales, donde se desarrolla la agroindustria.
Demandas al Gobierno de España.
La consejera de Empleo ha hecho hincapié en que es fundamental que la falta de agua sea un asunto de Estado por parte del Gobierno de España y en las instituciones europeas, «porque es un problema que afecta a ambos territorios, igual que a muchas regiones de Europa, y que afecta a la capacidad de desarrollo y de progreso». Asimismo, ha abogado por hacer «un esfuerzo coordinado enfocado a subsanar ese déficit hídrico que tenemos en toda Andalucía».
Asimismo, Rocío Blanco ha enumerado tres propuestas concretas dirigidas al Gobierno de España, como son la reducción de jornadas reales a 10 en el sistema especial agrario como consecuencia de la incidencia de la sequía; regular de modo específico un procedimiento de ERTE derivado de fuerza mayor como consecuencia de la sequía extrema para los sectores agrario y agroalimentario, y ayudas a empresas y trabajadores del sector agrícola afectados por la situación de sequía para compensar la merma de producción y jornada real, respectivamente.